Los fiscales federales de Tucumán Carlos Brito y Pablo Camuña solicitaron la detención y la citación a declaración indagatoria de 74 ex miembros del Ejército y de la Policía provincial por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 231 personas, que tienen como punto en común que "en todos los hechos se ha probado la participación de personal de alguna de las reparticiones del Departameno de Policía de la Povincia de Tucumán", consignaron en el requerimiento de instrucción.

Los crímenes tuvieron como epicentro los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la Jefatura policial y en las instalaciones del ex Ingenio Nueva Baviera (que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966), aunque también las pruebas recogidas dan cuenta de la intervención de la Brigada de Investigaciones, las sedes de las unidades regionales Capital y Oeste y comisarías de casi todo el territorio provincial. En rigor, Tucumán contaba entonces con 80 comisarías: al menos 32 de ellas fueron escenario de los delitos de lesa humanidad descriptos en este requerimiento.

Los imputados son 11 policías que actuaron en el centro clandestino Nueva Baviera, 10 que lo hicieron en comisarías y unidades regionales, 42 del Servicio de Informaciones Confidenciales (D2) y 11 miembros del Ejército. Se trata de autores mediatos, autores directos, partícipes necesarios, partícipes secundarios, según el caso. "Se les enrostra, ante todo, el haber tomado parte, a sabiendas, de una macro-organización delictiva montada sobre el aparato estatal para ejecutar un plan represivo con diferentes niveles de ilegalidad. Cada uno de ellos cumplió roles claramente asignados tanto en el esquema formal como en el clandestino de represión de opositores políticos, haciendo cumplir o cumpliendo órdenes ilegales desde sus posiciones en las distintas fuerzas armadas, de seguridad y policiales", indicaron Brito y Camuña.

Los fiscales presentan la nómina de otros 85 ex militares y policías que resultarían imputados si no hubieran fallecido: "La mención contribuye al proceso de reconstrucción histórica de la verdad".

Las imputaciones son por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, torturas agravadas por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, homicidio triplemente agravado por haberse realizado con alevosía, el concurso de dos o más personas y con la finalidad de conseguir impunidad, violación agravada por producir graves consecuencias a la salud de la víctima y ser realizada con el concurso de más de dos personas, abuso deshonesto, asociación ilícita, aborto, reducción a la servidumbre y extorsión.

La imputación del delito de aborto se da en un caso en el que un grupo de represores golpeó a una mujer embarazada de cinco meses en la cocina de su casa mientras secuestraban a su esposo. "A pesar de que su estado era notorio, y les pedía a los perpetradores que no la golpearan por su embarazo, estos igual la golpearon. Como consecuencia de esos golpes, perdió su embarazo", explicaron los fiscales.

La presentación, de 388 carillas, fue formulada el 6 de diciembre pasado ante el juez federal Daniel Bejas y, por el nivel de avance de la pesquisa, los fiscales la denominaron "Jefatura de Policía III". Es la consecuencia de la unificación de causas que tramitaban por separado y del estudio de una importante cantidad de documentación confidencial presentada al Poder Judicial por un testigo durante el juicio celebrado en 2009 en la causa "Jefatura de Policía".

La pesquisa que derivó en esta presentación también se orientó a identificar, localizar y hacer comparecer a aquellas personas que según la documentación habían sido liberadas de los centros clandestinos de detención de la Jefatura o Nueva Baviera, que figuraban con la palabra “Libertad” en listas de detenidos, pero que no obstante ello nunca habían sido citadas a prestar declaración testimonial ni habían efectuado denuncia. Así, se obtuvieron los testimonios de 57 víctimas de delitos de lesa humanidad que nunca habían declarado ante la justicia por esos hechos. En algunos casos en que la declaración no fue posible, tanto por fallecimiento o por imposibilidad de localización, se reunió prueba documental y testimonial sobre los hechos.

Los fiscales incluyeron un apartado en el que presentan la nómina de 10 militares y 75 policías (44 del D2 y otros 31 de comisarías y otras dependencias) que fallecieron y que "según los relatos de las víctimas y la documentación obrante en autos, deberían estar (al menos prima facie) imputadas en la presente causa". Sus nombres, señalaron en la presentación Brito y Camuña, se mencionan como parte del "derecho inalienable de las víctimas y sus familiares" y "de la sociedad toda a conocer la verdad". "La mención contribuye al proceso de reconstrucción histórica de la verdad", subrayaron.

Tucumán contaba entonces con 80 comisarías: al menos 32 de ellas fueron escenario de los delitos de lesa humanidad descriptos en este requerimiento.

Al servicio de la comunidad... informativa

En su presentación, los fiscales historizaron la inserción de la institución provincial en el programa de persecución política desplegado en la década del '60 y afianzado en los '70. Señalaron que, con el Operativo Independencia puesto en marcha en febrero de 1975 con el alegado propósito de combatir a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo, la Policía provincial aportó la totalidad de su personal, medios y edificios y que esa organización continuó hasta 1983.

No obstante, remarcaron que en la Policía tucumana existía un grupo de efectivos que venía actuando por los menos desde 1966 y hasta los primeros meses de 1973 en tareas relacionadas a la "lucha contra la subversión". Parte de ellos, según diversos elementos probatorios, integraron luego el "Comando Libertadores de América", una versión del grupo paramilitar Triple A que se desarrolló en el marco del III Cuerpo del Ejército.

Brito y Camuña pusieron de relieve que la Policía tucumana fue la primera del país que estuvo intervenida por militares en actividad desde 1974. Ello tuvo sus consecuencias en la formación de los policías y en la organización institucional y estuvo marcada por tres aspectos relevantes para la implementación del plan criminal: la conducción de la fuerza, la supervisión del área de inteligencia (D2) y la incorporación a la comunidad informativa.

Esta última fue la instancia de intercambio de información entre los órganos de espionaje de todas las fuerzas armadas y de seguridad. "En primer lugar, determinaba 'los blancos', es decir, las personas que debían ser secuestradas para ser objeto de interrogatorios. En segundo lugar, decidía sobre la disposición de las personas detenidas ilegalmente en los distintos centros clandestinos de detención de la provincia, que podía consistir en su permanencia 'bajo estudio' (es decir, seguir torturándolo para extraerle información), su traslado a otro CCD, su liberación, su legalización poniéndolas a disposición del PEN o su ejecución extrajudicial, ya sea en enfrentamientos fraguados o bien mediante el dispositivo clandestino de su asesinato y el ocultamiento de sus cadáveres, lo que en la jerga y en los documentos de inteligencia figura con la sigla 'DF': 'disposición final' o 'destino final'. Estas decisiones eran comunicadas por el representante de cada medio de inteligencia a la correspondiente unidad militar o policial, la que procedía a su ejecución", describieron Brito y Camuña.