03 de febrero de 2023
03 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Reunión de la Mesa de Diálogo Social e Institucional
Un centenar de referentes reclamaron medidas concretas para agilizar los juicios
Abogados y representantes de organismos de DDHH solicitaron que funcionarios de la Procuración y de otras agencias estatales lleven sus propuestas y reclamos a la reunión de la Comisión Interpoderes que se desarrollará el lunes en la sede del la Corte Suprema.

El rechazo a cualquier tipo de proclama de reconciliación y la profundización del proceso de verdad y justicia, promoviendo, entre otras iniciativas, el dictado de nuevas reglas por parte de la Cámara Federal de Casación para agilizar los juicios estuvieron en la agenda que debatieron ayer en la Procuración General unos 100 representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados, querellantes, fiscales y organizaciones del Estado que intervienen en los procesos por crímenes de lesa humanidad en todo el país.

El debate tuvo como horizonte la planificación de las propuestas de trabajo y reclamos que parte de esos actores -los abogados no serán recibidos- llevarán el próximo lunes 24 en la demorada reunión de la "debilitada" Comisión Interpoderes, en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al mismo tiempo, se hizo un llamado a apoyar la carpa que organizaciones de derechos humanos montarán esta tarde frente a los tribunales de Talcahuano para reclamar contra la impunidad de los civiles y empresarios en las causas por crímenes de lesa humanidad.

La reunión de ayer fue un nuevo capítulo de la Mesa de Discusión Social e Institucional. El encuentro transcurrió durante casi cuatro horas, con la intervención de 25 oradores, en el Salón Nelly Ortiz de la Procuración General, convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. "El Poder Judicial no logra comprender la dimensión de lo que este proceso significa", abrió el fiscal general Jorge Auat, anfitrión y titular de la Procuraduría especializada, y no obstante remarcó que frente a los diferentes obstáculos el proceso de verdad y justicia "no es coyuntural y continuará venga quien venga" en el próximo gobierno.

Auat inició de esa forma un debate que estuvo signado una vez más por el rechazo a los fallos adversos que se dictaron este año para desprocesar a civiles -se hizo hincapié en la resolución de la Sala IV de Casación que le dictó la falta de mérito al presidente del Ingenio Ledesma, de Jujuy, Pedro Blaquier- y por la denuncia del ritmo cansino que le vienen imprimiendo cada vez más tribunales del país a las audiencias orales y públicas. El fiscal general y representantes de varias jurisdicciones denunciaron que, frente a procesos largos y complejos como estos, hay jueces que llaman a audiencia una vez por semana y, en algunos casos, hasta una vez por mes. Eso los torna extensos, provoca dificultades para la asistencia de público y conspira contra el juzgamiento de los añosos procesados, se diagnosticó.

En efecto, el abogado Pablo Llonto señaló que la red de abogados y abogadas que intervienen en estas causas ya le expuso por escrito a la Corte el pedido para que, en el marco de la Comisión Interpoderes, se aborde la necesidad de que la Cámara de Casación dicte una nueva acordada en la que se disponga que en este tipo de procesos se deben realizar audiencias al menos tres veces por semana. La acordada propuesta vendría a complementar la vigentes Reglas de Casación (acordada N°1/12), que establecieron diferentes pautas procesales que facilitaron la agilización de los procesos.

Llonto puso en pocas palabras el sentimiento expresado por todos los sectores: "Se terminó el tiempo y se terminó la paciencia". Además, lamentó que los abogados no serán recibidos en el marco de la Comisión Interpoderes y solicitó a las agencias del Estado, entre ellas la Procuración General, que lleve estos reclamos. Graciela Rosemblum, por su parte, evaluó: "Estamos contentos con todo lo que se ha hecho, pero también tenemos la experiencia de diez años y conocemos las falencias de este proceso".

A propósito de la carpa que se instalará frente a los tribunales, también se debatió sobre la necesidad de fortalecer el reclamo en las calles. El abogado mendocino Pablo Salinas diagnosticó que "los tiempos que vienen van a ser duros y de resistencia. Los abogados de los represores nos lo dicen: están esperando el fin del gobierno para venir por los juicios".

Llonto replicó en ese sentido la necesidad de comenzar a organizar "la próxima marcha del 24 de marzo, que tiene que ser la más grande justo cuando se cumplan 40 años del golpe de Estado". El jujeño Oscar Alfaro, sobreviviente de La Noche del Apagón, acotó: "La calle tiene que servirnos para retroalimentarnos".

El director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas, recordó además que el año próximo se celebrará el Bicentenario de la Independencia, y que será una buena oportunidad para recordar que todos los partidos políticos con representantes en el Congreso Nacional ratificaron los juicios como una política de Estado cuando se cumplió el Bicentenario de la Revolución de Mayo, en 2010.

En este contexto, el fiscal Auat recordó que el diario La Nación publicó el domingo pasado un editorial en el que reclama "reconciliación" de "los contendientes en la violencia de los años '70" y "pacificación" como contrapartida al juicio a los acusados por los crímenes del terrorismo de Estado. El discurso de esa nota fue rechazado por los integrantes de la Mesa. "No puede haber perdón sin que el que pida el perdón no se arrepienta. En los juicios nadie lo hizo", recordó Auat.

Hugo Kofman, de Santa Fe, señaló que tampoco cabe la posibilidad de pensar un canje de "verdad" por "justicia", como se hizo en Sudáfrica. "Aquí los acusados tuvieron 16 años de impunidad [el tiempo de vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida] para hablar y no lo hicieron. Tuvieron los juicios por la verdad, donde declaraban y se iban, y no dieron datos", dijo.

Entre otros aspectos, durante la reunión se manifestaron diversas preocupaciones relacionadas con el trabajo diario en los juicios y en las causas en trámite. Así, se denunció la falta de partidas presupuestarias para garantizar la tarea de los peritos que buscan restos de desaparecidos en las fosas comunes de Tucumán situadas en Arsenales y el Pozo de Vargas; se narraron diferentes estrategias desplegadas por los defensores para apartar jueces y demorar la integración de los tribunales; se reclamó mayor dotación de personal para algunas investigaciones; se vieron con preocupación el despunte de nuevos criterios para el otorgamiento de excarcelaciones a imputados; y se abordaron nuevas iniciativas, como la narrada por Claudia Bellingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria (Buenos Aires), quien explicó la querella que presentó el organismo para impulsar el juzgamiento de funcionarios de inteligencia de la Policía bonaerense por su contribución a los crímenes.

Otra de las preocupaciones tuvo que ver con la escasa asistencia a algunos juicios, por distintos factores: la realización a cuentagotas de las audiencias y el impedimento que algunos tribunales ponen al ingreso de adolescentes de 16 años a la sala de audiencias, lo que provoca que grupos escolares no puedan acceder con los docentes y se los prive de vivenciar este proceso histórico.

Un debate con múltiples voces

En la reunión estuvieron presentes los fiscales Dante Vega (Mendoza); Sergio Mola (Lomas de Zamora y La Plata); Pablo Parenti, Paloma Ochoa, Nuria Piñol Sala, Mercedes Soiza Reilly y Viviana Sánchez (Capital Federal), y Diego Vigay (Resistencia). Además, participaron secretarios de la Unidad de DDHH de San Martin y de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la Capital Federal.

Entre los querellantes y organismos de derechos humanos, hubo representantes de las siguientes organizaciones: Abuelas de Plaza de Mayo; Familiares de desaparecidos y detenidos por razones Políticas –Lita Boittano y Julio Morresi-; H.I.J.O.S. Escobar-Zárate-Campana; H.I.J.O.S. Santa Fe; H.I.J.O.S. La Plata; H.I.J.O.S. CABA; H.I.J.O.S. (Rosario); Centro de Estudios Legales y Sociales; Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH); Asamblea Pemanente por los Derechos Humanos; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza; Asociación de Ex Presos Políticos de Mendoza; Familiares de Detenidos desaparecidos, víctimas y sobrevivientes del Cordón industrial San Lorenzo; Asociación por la Memoria y los DDHH (Pergamino); Frente por la Memoria colectiva (Junín); Movimiento Junín de DDHH; Secretaria de DDHH CTA Junín; Com. Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Foro DDHH Santa Fe; Asociación Memoria Verdad y justicia de Santiago del Estero; Madres y Familiares de desaparecidos de Jujuy; y Familiares de Jujuy.

También, estuvieron presentes abogados y querellantes que intervienen en los procesos de la Capital Federal, San Martín, La Plata, Junín, Bahía Blanca, Mar del Plata, Mendoza, Salta, Santa Fe, Tucumán y Jujuy.

Asimismo, participaron representantes del Consejo de la Magistratura; del Ministerio de Seguridad de la Nación; de la Dirección de DDHH de la Cancillería; del Programa nacional de Protección de Testigos; de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense; del Centro Ulloa; de la Comisión Provincial por la Memoria; del Programa Verdad y Justicia, y del diputado Remo Carlotto.