En el 2015, se dictaron 19 sentencias que abordaron la responsabilidad por primera vez de 114 acusados, de los cuales resultaron 106 condenados y 8 absueltos. De esta forma, desde los primeros juicios orales realizados en 2006 tras la reapertura de las causas, suman 660 condenados y 60 absueltos por crímenes del terrorismo de Estado en todo el país, indicó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en un estudio que presenta los logros y los principales desafíos del proceso de verdad y justicia. El informe completo, que puede descargarse al pie de esta nota, reúne los datos remitidos por los fiscales federales que intervienen en estos procesos en las diferentes jurisdicciones.

La Procuraduría, que está a cargo del fiscal general Jorge Auat y es coordinada por Carolina Varsky, señaló que la cantidad de personas que recibieron sentencia durante 2015 "muestra una reactivación en relación con el año 2014, en el que sólo fueron sentenciados 65 nuevos imputados". No obstante, advirtió que ese año se inició una tendencia a la desaceleración continuada en 2015, "que cierra con el mismo total de sentencias que en 2010 [19], cuando los juicios comenzaban a reactivarse" (Ver infografías).

En tanto, en todo el país hay 15 juicios en curso, con 294 imputados que son juzgados, de los cuales 183 enfrentan su primer juicio y el resto recibió sentencia en otras causas.

Nueve años de sentencias sostenidas

El informe da cuenta que en la actualidad hay 521 causas activas "en las que son o fueron investigados 2220 imputados". Los 720 sentenciados constituyen el 33 por ciento de los imputados en el marco de 153 sentencias dictadas en todo el país desde 2006.

Entretanto, 851 imputados se encuentran procesados, a 121 se les dictó falta de mérito, 13 fueron sobreseídos y 41 fueron recientemente indagados y aguardan que se decida su situación procesal. Otros 173 fueron imputados por su presunta participación en los crímenes. También se contabilizan 243 fallecidos o declarados incapaces sin que hubieran sido sentenciados y 59 prófugos.

La Procuraduría remarca que entre los logros del proceso de verdad y justicia "resaltan en primer lugar el alto número de sentencias dictadas en forma sostenida durante nueve años y el número importante de imputados en ellas sentenciados". En efecto, descata "el incremento progresivo no sólo en la cantidad de juicios celebrados por año, sino también en la cantidad de imputados cuya responsabilidad es dirimida en el marco de cada juicio".

Tal como lo muestra la infografía referida al progreso de las sentencias, en 2006 y 2007 hubo dos pronunciamientos en cada año y luego ese número fue aumentando hasta llegar a un pico de 25 en 2012 y 2013. Lo mismo ocurrió con las personas juzgadas: 2006 culminó con dos y actualmente, como se indicó, suman 720.

Los delitos sexuales y la nueva jurisprudencia

La Procuraduría pone de relieve que durante 2015 "hubo importantes avances en materia de judicialización de los crímenes de violencia sexual entendidos como delitos de lesa humanidad", pues se obtuvieron cinco sentencias condenatorias por las que se declararon responsables a 18 acusados por los delitos de violación y abuso sexual perpetrados contra 28 víctimas". Ese logro se da en un contexto en el que "hay numerosas investigaciones en curso por crímenes perpetrados contra más de 500 víctimas, entre los que se incluyen abortos forzados además de violaciones y abusos sexuales agravados".

En la actualidad, existen un total de 15 sentencias en las que se dictaron condenas por crímenes de violencia sexual en todo el país, dos de las cuales han sido confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal. En total, 64 hombres y 1 mujer recibieron condenas por delitos de abuso o violación sexual por los casos que tuvieron como víctimas a 52 mujeres y 5 hombres.

Juicios complejos, menos audiencias

El informe señala que "es relevante lo que aún queda por juzgar", pues 353 causas "aún no han tenido sentencia ni están en juicio, de las cuales el 67 por ciento está en instrucción (237 causas)". La Procuraduría indica que "la tendencia a la acumulación de causas", una política promovida para la realización de juicios significativos y acelerar los procesos, "podría en el futuro reducir esa cifra", aunque advirtió que "hoy existen 116 causas elevadas a juicio cuyo inicio aún no está previsto".

En esa línea, los 851 imputados que están procesados, de los cuales sólo el 22 por ciento está actualmente transitando el juicio oral, es el universo "más extenso". Casi la mitad se encuentra aún en etapa de instrucción.

El informe cruza estos datos con la tendencia confirmada en 2015 en una baja en la cantidad de sentencias y concluye que "la combinación entre juicios grandes y complejos que demandan más tiempo y recursos junto con menos cantidad de audiencias semanales o audiencias más cortas parecen evidenciar una especie de 'agotamiento' en el ritmo de los juicios que no contribuye a reactivar el proceso".

En ese sentido, recuerda el diagnóstico de los organismos de derechos humanos, las víctimas y los fiscales durante las reuniones de la Mesa de Discusión Social e Institucional: "los actores del proceso detectan que en general durante el 2015 los tribunales tuvieron una postura más laxa respecto a la cantidad de audiencias por semana y a su duración".

En este contexto, se indica en el informe, "continúa siendo muy lenta la confirmación de las condenas y absoluciones dictadas hasta el momento", dado que sólo el 24 por ciento de las condenas y el 15 por ciento de las absoluciones se encuentran firmes tras la revisión por parte de la Corte Suprema o por no haber sido recurridas.

Otro punto de vista del proceso lo proporciona la situación de los imputados. La Procuraduría contabiliza que el 13 por ciento de ellos ha fallecido, de los cuales sólo 60 llegaron a ser sentenciados. Los detenidos suman 1071: el 56 por ciento está en cárceles, el 41 transita los procesos en prisión domiciliaria y el resto permanece en dependencias de fuerzas de seguridad o en centros de salud. Hay 791 imputados que se encuentran en libertad. Y 59 prófugos (uno de ellos, Jorge Olivera, se profugó tras ser condenado a prisión perpetua) .

Los civiles

"Uno de los desafíos que persisten en la etapa actual del proceso lo constituye la posibilidad de imputar penalmente a civiles que fueron responsables de delitos de lesa humanidad", señala el informe, que indica que el universo está integrado por funcionarios judiciales y empresarios.

"La baja cantidad de imputados sumada a las resoluciones que cuestionan la responsabilidad en casos donde existen grandes cúmulos de prueba son elementos que dificultan el avance del juzgamiento de estos imputados, lo cual implica que se diseñen nuevas estrategias para ello", sostiene.

Los funcionarios judiciales imputados son 54, de los cuales sólo dos de ellos han sido condenados (el entonces secretario Victor Brusa y el ex juez Manlio Martínez). De todos ellos, 25 fueron jueces; 10, fiscales; otros diez, secretarios; 3 defensores oficiales; 2 asesores de menores; 2 asesores de incapaces; 1 auxiliar principal; y 1 psicóloga inspectora. Más de la mitad, el 54 por ciento, está procesado.

Los empresarios imputados, en tanto, son 17. Sólo dos fueron condenados: los hermanos Emilio y Julio Méndez, propietarios de la quinta donde se mantuvo secuestrado, se torturó y luego fue asesinado el abogado de los trabajadores de Loma Negra, Carlos Moreno.

Un empresario, Marcos Jacobo Levín, dueño de la transportista La Veloz del Norte, transita un juicio oral y público. Del resto, hay nueve procesados y otros cinco con falta de mérito o sobreseimiento.

2015, año aniversario

La Procuraduría inicia su informe señalando que en 2015 se cumplieron diez años de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 30 años de la sentencia del denominado "juicio a las juntas". Aquél histórico proceso judicial, indica, "colocó a la Argentina en un lugar de importancia en materia de juzgamiento de estos crímenes", porque "se trata del único juicio de esta naturaleza de la región, y uno de los pocos en el mundo".

"Junto con la celebración de estos hitos históricos, las instituciones del Estado a cargo del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad reafirmaron su compromiso con esta labor, confirmando que los juicios son política de Estado que trasciende a un partido político o gobierno", asevera el informe.

En ese sentido, indica que durante 2015 la Procuraduría "sofisticó sus herramientas para el monitoreo de las causas, a partir de la creación de un equipo de Producción de Datos que elaboró una base de datos junto con informáticos del Área de Comunicación". Ello, explica, le permite posicionarse "en un mejor lugar para continuar aportando a la producción de información oficial periódica y confiable sobre el estado del proceso de justicia".

En el último año, destaca el informe, la Procuraduría asumió la coordinación del Sub Grupo de Trabajo sobre Delitos de Lesa Humanidad en el marco de la XVIII y XIX Reunión de Ministerios Públicos del Mercosur y Estados Asociados (REMPM). En ese rol, destaca, elaboró una Guía de actuación para los Ministerios Públicos en la investigación penal de casos de violencia sexual perpetrados en el marco de crímenes de lesa humanidad, que fue adoptada por los fiscales y procuradores generales del Mercosur, "lo cual significa un importante avance en la investigación de estos delitos".

Además, pone de relieve la organización en noviembre, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería, del Coloquio Regional sobre los 40 años del inicio de la Operación Cóndor. En ese contexto, la Procuraduría coordinó un taller de trabajo en el que participaron fiscales de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela con competencia en materia de investigación penal de crímenes contra la humanidad