Los fiscales federales de San Martín, Marcelo García Berro y Guillermo Silva, solicitaron que se condene a 25 años de prisión al ex jefe de la Zona IV de Defensa, Santiago Riveros, y a 14 años al ex comisario de Escobar, Juan Fernando Meneghini, y al ex jefe de la Prefectura Naval de Zárate, Servando Ortega.

El pedido fiscal fue realizado el miércoles pasado en el marco del alegato en el juicio donde se juzgan los crímenes de lesa humanidad en el ámbito del circuito represivo que operó en la zona de Zárate y Campana, en el norte del conurbano bonaerense. En el juicio se ventilan casos de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos contra 31 personas.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín, a cargo del desarrollo del debate, los fiscales también requirieron el cese de las prisiones domiciliarias y el traslado de los imputados a cárcel una común. También solicitaron que se remitan a un juzgado de instrucción las pruebas sobre los delitos de violencia sexual, para que sean investigados.

Durante el alegato, la fiscalía hizo hincapié en el carácter cívico-militar de la dictadura. Al comenzar su exposición, García Berro sostuvo que “el 24 de marzo de 1976 en la Argentina hubo un golpe de Estado encabezado material e intelectualmente por integrantes de las tres Fuerzas Armadas y muchos civiles que instauraron un gobierno de hecho, una dictadura que disolvió el Congreso, destituyó a las autoridades del Poder Ejecutivo y a varios magistrados del Poder Judicial”.

El representante del Ministerio Público Fiscal agregó que “la historia argentina del siglo XX registra varios golpes de Estado y gobiernos ‘cívico-militares’, pero este alcanzó un nivel de violencia social y características que justificaron su calificación de ‘terrorismo de Estado’, porque desde el gobierno, de hecho, se concibió y dirigió un plan sistemático de eliminación de opositores políticos y sociales”.

La fiscalía destacó que la mayoría de las víctimas eran militantes sociales, políticos y sindicales muy conocidos en la zona, como por ejemplo el intendente de Zárate, Francisco Bugatto, y su hijo. También subrayaron la actuación conjunta en los crímenes del Ejército, la Armada, la Prefectura Naval y las policías bonaerense y Federal.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, los testimonios brindados durante el debate demostraron la existencia de varios centros clandestinos que habían sido descriptos en la instrucción, pero cuya existencia aún no había sido acreditada judicialmente. Y destacaron la denuncia de delitos de violencia sexual sufridos tanto por mujeres como varones.

Dos días antes del comienzo del alegato de los fiscales, falleció uno de los imputados con mayor responsabilidad en la represión ilegal desatada en esa zona: el ex jefe de la Base Arsenales de Zárate, Sergio Buitrago, murió mientras cumplía arresto domiciliario.

El tribunal, integrado por Alfredo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Marcelo Díaz Cabral, continuará con el debate a partir del próximo 14 de agosto, cuando llegue el turno de los alegatos de la defensa.