Una mujer de 42 años fue condenada a cuatro años de prisión, que se ejecutará en detención domiciliaria, por comercializar cocaína en la ciudad de Azul. La sentencia se dictó en el marco de un acuerdo pleno homologado por el juez federal de Garantías Gabriel Di Giulio, quien también dispuso el pago de una multa de 45 unidades fijas —cuyo valor equivale actualmente a 5.400.000 pesos— y el decomiso del dinero y los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos.
Se trata de la primera condena por infracción a la Ley N°23.737 de un caso investigado e impulsado por la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, a cargo de la fiscal federal subrogante María José Buglione, desde la implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción, en abril de 2025.
El acuerdo fue homologado durante una audiencia celebrada el 13 de noviembre pasado, con la participación de la representante del Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública Oficial y la imputada. El convenio, suscripto en los términos del artículo 323 del Código Procesal Penal Federal, contó además con el dictamen favorable del fiscal revisor.
El caso
La mujer fue condenada por comercializar estupefacientes, en particular cocaína, en Azul, al menos desde noviembre de 2025 —cuando se inició la investigación— y hasta el 22 de abril de este año, fecha en que se realizó el allanamiento en su domicilio, con intervención de la Delegación Azul de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense. En el procedimiento se secuestraron 166,9 gramos de clorhidrato de cocaína.

Una balanza, celulares y elementos de fraccionamiento secuestrados a la imputada en el allanamiento. Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires
La fiscal encuadró la conducta en el artículo 5°, inciso c, de la ley 23.737, en las modalidades de comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, calificación luego homologada por el magistrado en el acuerdo.
Entre las pruebas reunidas, la representante del MPF detalló una docena de actos de comercialización identificados durante la investigación. También expuso los movimientos de dinero detectados a partir del levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero, así como el análisis de conversaciones vinculadas con la actividad de venta de drogas, obtenidas mediante la extracción de datos UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés) de los teléfonos celulares secuestrados.
Uno de los elementos probatorios destacados por la sede fiscal fue el análisis policial de movimientos de dinero registrados el 3 de diciembre de 2025, que permitió establecer coincidencias horarias con las personas observadas ese día durante las tareas investigativas.
Por otra parte, el peritaje sobre el material secuestrado durante el allanamiento confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. El análisis determinó que se trataba de 57,42 gramos, con la que se estimó que podían prepararse entre 571 y 1.145 dosis con efecto estupefaciente para una persona adulta.
El magistrado también convalidó el decomiso de los objetos utilizados para la comisión del delito, entre ellos más de 1,1 millón de pesos secuestrados, cuyo origen ilícito fue acreditado.
La decisión sobre la prisión domiciliaria
Buglione explicó que también se acordó que la condena se cumpliera bajo la modalidad de detención domiciliaria, a partir de la aplicación del principio de no trascendencia de la pena y de una perspectiva de género y humanitaria. La mujer tiene a su cargo, de manera casi exclusiva, a sus dos hijas, una de ellas menor de edad.
Al fundamentar la homologación del acuerdo pleno y la modalidad de cumplimiento de la pena establecida, el juez Di Giulio consideró atendibles las razones expuestas por las partes y señaló que la prisión domiciliaria resulta viable para penas de ejecución efectiva, de acuerdo con los criterios de la Cámara Federal de Casación Penal.
De todas formas, aclaró que la modalidad de cumplimiento de la pena quedará sujeta a la revisión y al control periódico y permanente del juez de ejecución.
Al fundamentar su decisión, también se refirió a la información aportada por las partes respecto de la situación de la niña involucrada y a la atención de su interés superior. “En este sistema procesal y en esta etapa, esa información acerca del interés es aportada por las partes. En esto la fiscalía ha sido precisa en detallar no sólo cuál es su centro de vida, sino cuál es la situación actual de la niña, y cuáles son las circunstancias que hacen a su desenvolvimiento vital. Por consiguiente, son factores que deben ser ponderados a la hora de interpretar la norma que regula la viabilidad de la prisión domiciliaria”, señaló.