A pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza federal de Garantías de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, dispuso hoy la prisión preventiva por 180 días de los cinco hombres detenidos el fin de semana pasado en la Hidrovía del río Paraná, a la altura de la localidad bonaerense de San Nicolás, y en posteriores operativos en los que se secuestró casi media tonelada de cocaína.

La medida fue dictada en el marco de una audiencia de formalización de la investigación realizada esta tarde en la que el titular y la fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias y Patricia Cisnero, respectivamente, acusaron a los imputados de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y de haber intentado introducir un cargamento de cocaína en buques de gran porte que se dirigían hacia destinos internacionales.

La resolución alcanzó a S.D.S., D.A.L., A.G.S., J.E.A. y J.A.M., quienes fueron detenidos entre el 8 y el 9 de agosto pasado durante los procedimientos realizados por personal del Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina.

Los representantes del MPF imputaron a los cinco como coautores penalmente responsables de contrabando de exportación triplemente agravado por haber sido cometido en relación a estupefacientes, que por su cantidad estaban inequívocamente destinados a ser comercializados fuera del territorio nacional y por la intervención de tres o más personas; y tráfico de estupefacientes, en su modalidad de transporte y almacenamiento, agravado también por la intervención de tres o más personas.

La investigación original tramita bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, con intervención de la PROCUNAR, porque se inició en enero pasado a partir del hallazgo de un bolso estanco que contenía aproximadamente 35 kilos de cocaína, en la costa de la ciudad bonaerense de Monte Hermoso. Las tareas posteriores permitieron reconstruir parte de la logística desplegada por la organización y detectar una nueva maniobra que se encontraba en desarrollo en el río Paraná.

De la audiencia de formalización participaron los cinco imputados conectado por medios remotos desde sus lugares de detención. Foto: captura de Zoom / MPF

La investigación comenzó con un bolso hallado en Monte Hermoso

Al iniciar su exposición sobre el caso, la fiscal Cisnero recordó que el 2 de enero de 2026, un grupo de guardavidas que realizaba un entrenamiento en inmediaciones del Camping Americano, en la zona de la Reserva Natural Pehuén Co-Monte Hermoso, encontró un bolso en la orilla. En su interior había ladrillos de cocaína, que luego fueron sometidos a peritajes y arrojaron un peso aproximado de 35 kilos, con una pureza superior al 70 por ciento.

Las características del bolso, su impermeabilidad y el lugar donde fue encontrado llevaron a la fiscalía a considerar como hipótesis que la sustancia había sido trasladada por una embarcación menor para intentar introducirla clandestinamente en un buque de gran porte con destino internacional.

Cisnero explicó que la modalidad investigada es conocida como “rip-off” o “contaminación de carga” y consiste en “acercar una pequeña embarcación a un buque de mayor porte para infectarlo con la droga, con la probable colaboración de algún integrante de la tripulación”, mediante un sistema de izado. Para ello, los estupefacientes son acondicionados en bolsos estancos que permiten proteger la carga del contacto con el agua.

La fiscal coadyuvante Patricia Cisnero explicó en la audiencia la modalidad conocida como “rip-off” o contaminación de carga que consiste en aproximar una embarcación pequeña a un buque en navegación para trasladar la droga. Foto: captura de Zoom / MPF

A partir del hallazgo, las tareas investigativas permitieron determinar que los bolsos utilizados para transportar la cocaína tenían características coincidentes con un modelo comercializado por una empresa a través de Mercado Libre. En particular, se detectó que el 18 de marzo de 2025 el imputado S.D.S. había adquirido 25 bolsos estancos de 80 litros, operación que fue considerada de interés para la pesquisa.

También se identificaron adquisiciones de distintos elementos vinculados con actividades náuticas y de navegación, entre ellos dispositivos de comunicación y localización satelital, un motor eléctrico, una envasadora al vacío, un malacate, una balanza y elementos de seguridad naval, pese a que el sospechoso no tenía vínculos con la náutica.

El análisis de las comunicaciones telefónicas, los movimientos de los investigados y los registros de geolocalización permitió luego establecer vínculos entre S.D.S. los otros imputados y reconstruir distintos desplazamientos hacia localidades de la costa del río Paraná.

La investigación detectó una nueva maniobra en el río Paraná

Cisnero mencionó que, durante las últimas semanas, las tareas de inteligencia permitieron advertir movimientos compatibles con la preparación de una nueva operación de contaminación de un buque.

En particular, el seguimiento de los investigados y las escuchas permitieron establecer desplazamientos hacia Ramallo y la utilización de distintos vehículos, entre ellos una camioneta Ford Ranger y un auto Citroën C3.

El 7 de agosto, los investigadores observaron movimientos de los vehículos de los sospechosos entre Ramallo y distintos puntos de la costa del río Paraná. En una de las vigilancias se constató que tres hombres acoplaban un tráiler a la Ford Ranger, sobre el que se encontraba una embarcación semirrígida denominada “Gran Brack”.

El sitio del operativo, en el río Paraná a la altura de San Nicolás. Foto: Prefectura Naval

El análisis de las comunicaciones telefónicas y de los desplazamientos de los investigados llevó a la fiscalía a considerar inminente una nueva maniobra de contaminación de un buque de mayor porte que navegaba por el río Paraná.

Por ese motivo, el 8 de agosto se ordenó la interceptación y requisa de la embarcación, que fue localizada alrededor de las 22.30 en el kilómetro 351 del río Paraná, margen izquierda, en jurisdicción de la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos.

A bordo se encontraban J.E.A., D.A.L., A.G.S. y J.A.M.. También había siete bolsos estancos de similares características al encontrado en Monte Hermoso. Los recipientes contenían alrededor de 35 paquetes cada uno y los reactivos de campo dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total aproximado fue de 232 kilos.

Además de la droga, se secuestraron varios teléfonos celulares, uno satelital, dinero en efectivo y elementos que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, podían ser utilizados para el izado de los bolsos hacia una embarcación de mayor porte.

Otros 267 kilos en los posteriores allanamientos

A partir de la interceptación de la lancha, la jueza autorizó también cinco allanamientos realizados el 9 de agosto por personal de la Prefectura Naval Argentina.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en un domicilio de Ramallo, vinculado con J.E.A. Allí, en el garaje, se encontraron otros ocho bolsos estancos de 80 litros, de características coincidentes con los utilizados en la maniobra del río. Los bolsos también contenían ladrillos de cocaína con un peso total aproximado de 267 kilos.

La comparación del bolso secuestrado en Monte Hermoso con otros similares incautados ahora en Ramallo. Foto: captura de Zoom / MPF

De este modo, entre la droga transportada en la embarcación y la encontrada en el domicilio de Ramallo se secuestraron 499 kilos del estupefaciente, prácticamente media tonelada.

Los otros procedimientos se realizaron en una cabaña del complejo “Recreo de Cabañas Costa de Ramallo”, en un inmueble de la calle Buenos Aires de esa localidad, en el domicilio de D.A.L. en la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno, y en la vivienda de A.G.S., ubicada en Bernal Oeste, en el sur del conurbano.

En esos lugares se secuestraron más teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, documentación, anotaciones, dispositivos de almacenamiento, equipos de navegación y localización, un GPS, un visor nocturno, un motor eléctrico, cabos y otros elementos considerados de interés para la investigación.

La dimensión de la organización y el valor de la droga

“Nos encontramos frente a una verdadera organización narcocriminal, con una clara y persistente duración en el tiempo, con una logística importante, tanto de recursos materiales como económicos. Una organización que tiene presencia y territorialidad y capacidad de operación en distintas jurisdicciones de nuestro país”, sostuvo Iglesias durante la audiencia.

El fiscal destacó la dimensión económica de la maniobra y explicó que, por el volumen de cocaína secuestrado, el valor de la droga podía variar sustancialmente según el destino. Estimó que, en una zona portuaria de la provincia de Buenos Aires, la sustancia representaría no menos de 2,5 millones de dólares; si lograba salir del país y llegar a Europa, el valor ascendería a no menos de 16 millones de dólares, mientras que, según la hipótesis de la fiscalía, en otro continente más lejano podría alcanzar los 45 millones de dólares.

Los fundamentos de la prisión preventiva

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva por 180 días, el fiscal Iglesias sostuvo que la libertad de las cinco personas imputadas podía poner en riesgo el avance de la investigación. Sostuvo que la medida resultaba necesaria para evitar los riesgos procesales tanto de fuga como el entorpecimiento de la investigación y agregó que aún restaba producir medidas de prueba relevantes.

El representante del MPF también destacó la existencia de antecedentes penales respecto de dos imputados. En particular, señaló que D.A.L. había sido condenado a una pena única de 16 años de prisión por el Tribunal en lo Criminal N°1 de Junín y que, durante el cumplimiento de esa pena, había incumplido las obligaciones de las salidas transitorias y permanecido prófugo durante un año. Respecto de A.G.S., indicó que registra una condena a dos años y dos meses de prisión por tenencia ilegal de arma de guerra y que, de recaer una nueva condena en esta causa, podría ser declarado reincidente.

Uno de los panes de cocaína incautados, con una marca con los números "777" realizada en bajorrelieve. Foto: Prefectura Naval

Al resolver el pedido, la jueza Marrón hizo lugar a la medida de coerción. Al fundamentar su decisión, consideró que se trataba de una maniobra de “importante envergadura” y que la investigación, aunque había permitido reunir una cantidad significativa de evidencia, se encontraba todavía en una etapa incipiente. Señaló que permanecían pendientes pericias sobre los dispositivos electrónicos y otras medidas que podían permitir determinar con mayor precisión los roles de las personas imputadas y establecer si existían otros integrantes de la organización.

En relación con el riesgo de entorpecimiento, Marrón entendió que la libertad de las cinco personas podía interferir en la investigación y eventualmente permitir que se desbaratara la hipótesis que se encuentra bajo análisis, particularmente ante la posibilidad de que existieran otros bolsos, cargamentos u otras circunstancias todavía no esclarecidas.

Respecto del peligro de fuga, la magistrada coincidió con la fiscalía y valoró, además de los antecedentes penales de algunos de los imputados, la elevada pena en expectativa y las características de la maniobra. En particular, destacó que los hechos se habrían desarrollado en aguas y zonas próximas a límites internacionales, con utilización de vehículos y embarcaciones que permitirían abandonar el país con rapidez. También consideró la eventual existencia de otros integrantes de la organización que podrían facilitar una fuga y los importantes recursos económicos vinculados con el cargamento de cocaína secuestrado.

Con esos fundamentos, Marrón dispuso la prisión preventiva de D.A.L., A.G.S., J.E.A., J.A.M. y S.D.S. por 180 días corridos, hasta el 7 de febrero de 2027, en coincidencia con el plazo fijado para la investigación preparatoria. También autorizó una serie de peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados, ratificó los secuestros de los vehículos y embarcaciones y dispuso la inhibición general de bienes de las cinco personas imputadas.