El titular del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, procesó sin prisión preventiva a tres personas por considerarlas coautoras del delito de organización y financiamiento del tráfico y contrabando de sustancias estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas, y dispuso su embargo en un millón de pesos para cada una. La decisión fue dictada el 13 de noviembre pasado eqen línea con la imputación formulada por la titular de la Fiscalía Federal de aquella ciudad, Josefina Minatta, y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias.

Las tres personas procesadas están acusadas de integrar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, especialmente por vía aérea, desde la República del Perú, con escalas en el Estado Plurinacional de Bolivia y en la República del Paraguay, hasta la República Oriental del Uruguay.

De acuerdo con la pesquisa, los organizadores y financistas operaban desde la República Argentina, desde donde planificaban y financiaban el transporte de estupefacientes a través de vuelos sobre territorio nacional y de los países limítrofes.

El caso

La investigación se inició por un pedido de colaboración por parte de las autoridades de la República Oriental del Uruguay a la PROCUNAR, a raíz de la detección, a través de radares, de avionetas que no estaban autorizadas para volar sobre el espacio aéreo uruguayo y que descargaban cocaína y pasta base.

Como consecuencia, la procuraduría especializada dispuso que la Gendarmería realizara trabajos de campo mediante los cuales se logró individualizar una avioneta, que se encontraba en un campo ubicado en la provincia de Entre Ríos, y se logró también la individualización de las personas ahora procesadas. Con esa información, judicializó la investigación preliminar y así comenzó la intervención de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay. Posteriormente se constituyó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre la fiscalía especializada en narcotráfico de la República Oriental del Uruguay, a cargo de Monica Ferraro, la PROCUNAR y a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay.

Según la investigación, el grupo criminal concretó su actividad ilícita a través del transporte de 409,250 kilogramos de cocaína base -acondicionados en 11 bolsos con 400 ladrillos- a bordo de la aeronave marca Pipper Beech Aircraft, modelo B 58 “Baron” (matrícula CX-BRI), el 26 de septiembre de 2021.

La operación se había iniciado cuatro días antes, el 22 de septiembre, cuando la aeronave partió desde la ciudad entrerriana de Concordia y, previo a llegar a Perú -donde se cargaron las sustancias ilícitas-, realizó escalas en Paraguay y Bolivia. El 26 de septiembre comenzó el retorno desde Perú y, alrededor de las 16.30, descargó la droga en un predio rural situado en el departamento de Artigas, en Uruguay. Luego de la descarga, la aeronave regresó a la Argentina.

Este hecho fue corroborado por las autoridades uruguayas y, según señaló el juez Seró, “no debe ser analizado de manera aislada”, dado que consideró que fue llevado a cabo en el “contexto de una estructura ilícita organizada y estable que los imputados diseñaron para llevar a cabo la logística del transporte de drogas entre distintos países y que operó desde una base principal en la República Argentina”.

Para dar curso a estas las actividades, los imputados también habrían utilizado la avioneta LV-IVM, la cual fue detectada en territorio uruguayo el 20 de abril 2021, en una pista clandestina ubicada en un campo de la localidad de Perseverano. La aeronave habría sido adquirida en octubre de 2020 por uno de los imputados, que también era el titular de la que lleva la matrícula CX-BRI.

Según la imputación, cada uno de los procesados ocupó un rol específico dentro de este grupo criminal. Dos de ellos actuaron como organizadores y financistas, ya que ambos habrían dado órdenes que se ejecutaron a través de terceras personas. También determinaron la ruta y la oportunidad en la que se realizó la maniobra y contrataron y entrenaron a la persona que piloteó la aeronave que transportó la droga. A su vez, controlaron el progreso de la entrega de los estupefacientes en el lugar pautado. Finalmente, financiaron la maniobra mediante el aporte del capital y los recursos necesarios para concretarla, junto con el tercer imputado.

De esta manera, el grupo criminal se aseguró la logística para ejecutar el transporte internacional: una pista para el despegue y aterrizaje, aeronaves preparadas, repuestos para mantener las avionetas en funcionamiento, un piloto entrenado, elementos de comunicación y de navegación, un punto para la entrega de la droga en Uruguay y un equipo de “rescate” de la droga en ese país.