El titular de la Fiscalía Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Carlos Gonella, solicitó se le aplique la pena mínima a tres personas acusadas de tráfico y comercialización de estupefacientes al mediar problemáticas de adicción. De acuerdo a la acusación fiscal, los imputados importaban pastillas desde distintos países de Europa que abonaban a través de bitcoins, para luego comercializarlas en eventos y fiestas de música electrónica. 

Matías Halac Martínez; su pareja, Paola Casalis; y la hermana de esta última, Gisela, llegaron a juicio por cinco hechos. En el primero de ellos, en un período de tiempo no determinado de 2017, importaron periódicamente estupefacientes sintéticos de diseño provenientes de Europa por vía correo postal internacional. Adquirían las sustancias a personas no autorizadas, a quienes les solicitaban que la mercadería fuera enviada tanto al domicilio que Halac Martínez compartía con Paola Casalis, como también en el que Gisela convivía con su pareja de aquel entonces.  

En ese contexto, Halac y Paola Casalis adquirieron 51 pastillas de éxtasis para comercializar a un proveedor en Holanda, con quien acordaron que enviase el material al domicilio particular de Gisela Casalis. La maniobra fue frustrada por el personal de la División Narcotráfico Central N° 4 de la Central de la DGA de Córdoba que, al practicar un control no intrusivo sobre la encomienda, advirtió la posible presencia de material estupefaciente, que fue luego cotejada mediante su apertura en el Juzgado Federal N° 3. 

En otros tres hechos, Halac Martínez y Casalis intentaron comprar drogas de diseño a proveedores en Europa para que los enviasen a su domicilio particular, que se vieron truncadas cuando el personal de la Dirección General de Aduanas interceptó cada paquete al considerarlo sospechoso. Finalmente, el domicilio de la pareja fue allanado el 8 diciembre de 2017. Allí se incautaron más de 270 pastillas de distinto tipo junto con dinero en efectivo tanto en pesos como en dólares y una balanza digital de precisión. 

Gonella destacó que al momento de prestar declaración las tres personas acusadas reconocieron problemas de adicción desde muy temprana edad, que habían realizado diversos tratamientos para mitigar su dependencia y que reconocieron las problemáticas que trae acarreadas su consumo.

En el requerimiento de elevación a juicio firmado por el fiscal Carlos Casas Noblega, Halac y Paola Casalis fueron señalados por el primer hecho como coautores del delito de comercio de estupefacientes y contrabando calificado en grado de tentativa, mientras que Gisela Casalis fue acusada como partícipe necesaria. La pareja fue también imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización tras el allanamiento, y comercio de estupefacientes y contrabando calificado en grado de tentativa por los tres envíos frustrados. 

En su alegato, el fiscal Carlos Gonella destacó que al momento de prestar declaración las tres personas acusadas reconocieron problemas de adicción desde muy temprana edad, que habían realizado diversos tratamientos para mitigar su dependencia con las diversas sustancias mencionadas, y que todos ellos reconocieron las problemáticas que trae acarreadas su consumo. También contempló el testimonio del psiquiatra del principal imputado, que explicó que Halac Martinez padece trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo. 

Gonella mantuvo la acusación, pero modificó la participación de Gisela y Paola Casalis al considerarlas cómplices secundarias. El fiscal consideró no sólo el testimonio de arrepentimiento de ambas, contextualizado en una historia de consumo problemático. También consideró las diferencias entre sus realidades socioeconómicas, de clase media trabajadora, con las de Halac Martínez, con un notable mayor poder adquisitivo. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que, en este esquema, el principal acusado podría haberse valido de otras personas del mismo entorno dispuestas a cumplir el rol que ejecutaron ambas imputadas en la causa.  

Por ese motivo, solicitó para Halac Martínez una pena de cuatro años y seis meses de prisión, el mínimo imponible para los delitos que se le señalan, tras considerar como atenuantes su historial de consumo abusivo y problemático, la toma de conciencia por su propia voluntad tras experimentar el encierro y las perspectivas favorables de su evolución futura. Para Paola Casalis el pedido de pena fue de tres años de prisión en forma condicional, y de dos años de prisión en suspenso para su hermana Gisela. Gonella solicitó además que a ambas se les imponga la obligación de participar en actividades colectivas en alguna institución pública para concientizar a jóvenes sobre la problemática del consumo.

Finalizado el alegato, la defensa de Halac Martínez coincidió con el planteo del MPF, pero solicitó se declarase la inconstitucionalidad de la imposición del mínimo de la pena al considerar que una condena de prisión efectiva resultaría perjudicial. Al respecto, detalló que el acusado padece una dependencia a sustancias sumamente nocivas (ketamina y éxtasis) y que lleva tres años de tratamiento profundo, algo que su propio psiquiatra consideró al tildar de contraproducente para su resocialización una condena de este tipo. Por este motivo, solicitó una pena de tres años de ejecución condicional, un pedido para el que el representante del Ministerio Público Fiscal prestó conformidad.