El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Moreira, condenó ayer al exjefe de Operaciones de Frontera de la delegación local de la Prefectura Naval, Raúl Gastón Fontana, a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el doble de tiempo de la condena, accesorias legales y costas, tras considerarlo autor de los delitos de confabulación -en el veredicto no se aclara cuál fue la conducta para la cual el condenado se confabuló- e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el debate intervino el fiscal general Carlos Schaefer, quien había solicitado una pena de 12 años de prisión tras acusarlo como autor del delito de organizador en el transporte de estupefacientes, agravado por la condición de funcionario público.

En línea con el pedido de la fiscalía y la defensa, el tribunal dispuso la absolución del civil Aníbal Vicente Torres y la extracción de testimonios, a instancias del pedido del Ministerio Público Fiscal, para que se investigue si Fontana, junto a otras personas, lo coaccionaron. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 10 de abril, a las 18.00.

El caso

La investigación que llegó a debate -en la que intervino la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini- comenzó el 2 de septiembre de 2020, a raíz de una presentación efectuada por la Sección Investigaciones Antidrogas Ituzaingó de la Gendarmería Nacional, que dio cuenta de actividades relacionadas al narcotráfico en la localidad correntina de Paraje Yahapé.

El Juzgado Federal de Corrientes dispuso una serie de medidas de investigación e intervenciones de comunicaciones telefónicas que permitieron establecer la relación entre los imputados y “la coordinación para la entrega de estupefacientes a los terceros para que luego personal de Prefectura Naval Argentina realice la incautación de la droga y la detención del comprador”.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, Torres -como conocedor de la zona- se ocupaba de la logística para ingresar la droga desde la República del Paraguay a través del Río Paraná y “obtenía información sobre los futuros cruces de embarcaciones; haciendo la puesta de la mercadería en suelo argentino, entregando la misma a los compradores, para luego entrar en función Fontana realizando los procedimientos”. Además del transporte de la droga, Torres también se ocupaba de acopiarla y entregarla a potenciales compradores argentinos, e informaba a Fontana sobre los movimientos para que la Prefectura efectuara procedimientos, detuviera a los implicados e incautara los cargamentos.

Asimismo, Fontana “planificaba, coordinaba y ejecutaba las acciones para el ingreso del estupefaciente, brindando como parte de la logística los medios para efectivizar el traslado de la droga”. Según la pieza acusatoria, en su calidad de funcionario público se valió de “los medios para liberar la zona por donde Torres se movería con las embarcaciones e incluso, coordinaba con Torres - en los casos que sobraba parte del cargamento- para que se comercialice posteriormente”.

En tal sentido, durante la investigación se constató la participación de los implicados en procedimientos efectuados por la Prefectura Naval. En el primero de ellos, desarrollado a principios de enero de 2021, se incautaron 72,620 kilogramos de cannabis sativa y un vehículo Chevrolet Zafira, y se detuvo a un hombre. Asimismo, el 19 de enero de ese año, en el marco de otro procedimiento, personal de la Delegación Ita Ibaté de la Prefectura apresó a tres personas y secuestró 2.067 kilogramos de marihuana, una camioneta Ford F-100 y un automóvil Chevrolet Vectra.

Finalmente, el 10 de mayo de 2021 personal del Departamento de Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia de Chaco incautó una embarcación con 91,665 kilogramos de marihuana. Los dueños de la lancha se comunicaron con Fontana y le cuestionaron lo ocurrido, ante lo cual el imputado les aseguró que la embarcación sería reemplazada en el Depósito Judicial de Prefectura por otra similar y la lancha secuestrada les sería pintada y devuelta.

La acusación

El debate comenzó el 7 de marzo pasado. En su alegato, Schaefer había señalado que Fontana era “quien controlaba la puerta de ingreso [de marihuana] al país a través de los ríos. Y se valió de ello para traficar droga por medio de Torres, y así defraudar a toda la sociedad en su conjunto”. También destacó que el imputado actuó “lamentablemente dilapidando recursos públicos al usar su cargo de jefe para cometer delitos”.

En virtud de ello, el fiscal solicitó que Fontana fuera condenado a la pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial de diez años prevista en el artículo 20 bis del Código Penal, como autor del delito de organizador en el transporte de estupefacientes, agravado por la condición de funcionario público (previsto y reprimido en los artículos 7 y 11, inciso d, de la Ley 23.737). También había pedido la absolución de Torres -a quien se le imputaba haber actuado como partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes- y la extracción de testimonios para que se investigue si el exoficial y otras personas lo coaccionaron.