Una investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de Franco Picardi, logró desarticular una estructura narcocriminal dedicada al aprovisionamiento, acopio, estiramiento y comercio mayorista de clorhidrato de cocaína que operaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
En una serie de 19 allanamientos realizados el sábado pasado, se detuvo a siete personas –en su mayoría de nacionalidad peruana– y se secuestraron 70 de cocaína, más de seis de marihuana, dinero, celulares, documentación, anotaciones, elementos de fraccionamiento y precursores químicos. Además, en el barrio Rodrigo Bueno, en Puerto Madero, se desmanteló una “cocina” donde se procesaba la droga para venderla rebajada en mayor cantidad.
Los procedimientos fueron realizados por la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal (PFA), por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini, y con la intervención de la Secretaría N°24, a cargo de María del Pilar Caballero, tras un pedido del fiscal Picardi.
El representante del MPF también solicitó la captura internacional del presunto líder de la organización, un ciudadano peruano que, de acuerdo a la investigación, se encontraba en la cúspide de la estructura delictiva y coordinaba a los otros miembros.
En la investigación, la fiscalía contó con la colaboración de distintas áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) intervino desde el inicio del legajo y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación canalizó requerimientos con autoridades peruanas.
A su vez, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) logró realizar la extracción forense de los teléfonos secuestrados a la primera detenida, una medida que resultó clave para ampliar la pesquisa y reconstruir el funcionamiento de la organización.
El caso
La investigación tuvo origen el 24 de mayo de 2024, cuando personal de la Policía de la Ciudad detuvo a una mujer en la calle José Bonifacio al 1200, en el barrio porteño de Caballito. En aquella oportunidad, los efectivos vieron que la sospechosa introducía un objeto rectangular en una mochila y, al interceptarla y requisar el bolso, se hallaron dos "ladrillos" de cocaína con un peso de 2,135 kilogramos, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, y dos teléfonos celulares.
De acuerdo con el sumario policial que dio origen a las actuaciones, al verse sorprendida por la fuerza de seguridad, la mujer dejó caer la mochila y manifestó de forma voluntaria y espontánea ante los policías: “La mercadería no es mía, es de (…), tengo las llaves del edificio de Lavalleja 650”.
Si bien la implicada se negó a declarar formalmente en su posterior indagatoria, el secuestro y la posterior apertura forense de sus dispositivos móviles reveló que la droga incautada no correspondía a un hecho aislado, sino que formaba parte de una cadena de tráfico operada por una organización delictiva de gran escala.
Los investigadores detectaron conversaciones, contactos y movimientos vinculados al acopio, traslado y venta de cocaína. Los mensajes también permitieron identificar inmuebles utilizados como “oficinas”, término con el que los integrantes de la banda aludían a los lugares destinados al almacenamiento, acondicionamiento y distribución de la droga.
La investigación
El fiscal Picardi encomendó tareas investigativas a la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la PFA, que realizó un amplio espectro de medidas de inteligencia criminal que incluyeron seguimientos discretos, vigilancias fijas y móviles, análisis socioambientales y entrecruzamientos de datos en redes sociales para individualizar a los integrantes de la organización y establecer el rol que cumplía cada uno dentro de la estructura criminal.
A lo largo de la pesquisa se interceptaron y monitorearon alrededor de 70 líneas telefónicas mediante intervenciones judiciales simultáneas. La recolección de indicios se complementó con la utilización de la técnica especial de investigación del “informante” que, entre otros datos, señaló que uno de los implicados comercializaba droga junto con familiares y personas vinculadas al ambiente de la música tropical y los locales bailables.
El análisis de las comunicaciones permitió reconstruir la dinámica interna de la organización y corroborar que operaba, al menos, desde marzo de 2024, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en localidades del conurbano bonaerense, entre ellas Gerli, Quilmes, Moreno y Francisco Álvarez.
Las “oficinas” y la cocaína rebajada
La pesquisa también permitió detectar la utilización de inmuebles alquilados específicamente para funcionar como centros de almacenamiento, procesamiento y distribución de la droga, a los que sus integrantes denominaban “la oficina”.
Cinco ladrillos de cocaína secándose bajo una estufa de cuarzo en una de las "oficinas" allanadas a la banda en el barrio Rodrigo Bueno de Puerto Madero. Foto: Fiscalía Federal N°5
Al referirse a esos sitios, Picardi explicó en su dictamen que los imputados “contaban con un lugar en el que acopiaban el material estupefaciente que vendían, y en donde también lo acondicionaban y rebajaban para obtener una mayor cantidad de sustancias de menor calidad”.
El fiscal federal también describió que la banda utilizaba distintos colores para identificar los panes de cocaína y que varias conversaciones hacían referencia al secado, rebaja y acondicionamiento de la sustancia.
La estructura de la organización
De acuerdo con el dictamen, el presunto líder de la banda ocupaba un rol central dentro de la organización y, mediante comunicaciones telefónicas y aplicaciones de mensajería, desde el exterior “impartía directivas, fijaba precios, asignaba entregas, organizaba compras de droga, decidía movimientos de dinero y coordinaba a los restantes integrantes de la organización”.
Por debajo, dos mujeres —hermana y madre de la primera detenida— ejecutaban las órdenes impartidas por el líder y desempeñaban roles operativos centrales en la gestión del negocio ilícito al encargarse de coordinar entregas, supervisar los lugares de acopio y administrar el movimiento de dinero.
Según la fiscalía, la organización contaba con distintos eslabones especializados. Algunos miembros cumplían funciones logísticas y de traslado de la droga; otros se encargaban de las maniobras de estiramiento, prensado y empaquetamiento de la cocaína en las “oficinas”, mientras que otros miembros actuaban como nexos para el alquiler de inmuebles o la recepción y transferencia de ganancias.
También se detectó la participación de personas encargadas de proveer cocaína, distribuirla en distintos puntos de venta y abastecer a compradores mayoristas.
En su dictamen, Picardi sostuvo además que “la organización criminal investigada cuenta con
conexiones directas de carácter internacional”. En ese sentido, remarcó que la estructura contaba con integrantes que operaban desde el exterior y que las características de la cocaína acondicionada “resultan compatibles con circuitos de abastecimiento que exceden el ámbito local y permiten inferir su vinculación con eslabones extranjeros dentro de la misma cadena de tráfico”.
Las escuchas: “Pescado” y “condimento”
El análisis de las intervenciones telefónicas expuso el modus operandi y la terminología codificada que la organización criminal empleaba como precaución en sus comunicaciones. Los implicados utilizaban de manera sistemática términos del lenguaje cotidiano para camuflar las transacciones de drogas, tales como “cajas”, “coso”, “remeras” o “pescado” al referirse a los panes de cocaína, mientras que para las sustancias de estiramiento empleaban los términos “condimento” o “agua”.
Entre las comunicaciones incorporadas al expediente aparecen conversaciones en las que los integrantes de la organización coordinaban entregas, cantidades y movimientos de dinero.
En uno de los registros destacados, el presunto líder de la organización le ordenó telefónicamente a una de las mujeres ahora detenidas: “Amiga buen día. Anda compra 20 cajas (…) en dos viajes en 10 en 10. Encalete 10 en el auto, que baje con esos 10, entre al lugar y compre 10... y después de eso se vaya de nuevo al domicilio de (…) en San Miguel para comprar otros 10”.
Uno de los panes de cocaína de la organización y una balanza secuestrada en los allanamientos. Foto: Fiscalía Federal N°5
En otra conversación, ese mismo imputado le advirtió a una colaboradora que no saliera del departamento utilizado para el acopio porque había presencia policial en la zona: “Los pedidos pueden esperar (...) si tú ves que no puedes salir no saques nada”.
Las escuchas también reflejaron las medidas de seguridad adoptadas por la organización. En una de las comunicaciones, uno de los imputados le indicó a otra integrante que se limpiara “la plantilla” de los zapatos para que “no deje huellas blancas” en el pasillo del edificio donde funcionaba el lugar de procesamiento.
Los mensajes permitieron además identificar distintos puntos de encuentro para entregas de droga, operaciones de compra y venta y referencias a cocaína de máxima pureza, mencionada entre los integrantes como “la original”.
El detalle de los allanamientos
A partir de las pruebas reunidas, Picardi solicitó los allanamientos y detenciones que se concretaron el sábado pasado. El operativo de la PFA se desplegó sobre 19 objetivos localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en los que se logró la detención de siete presuntos integrantes de la estructura criminal —cuatro mujeres y tres hombres—, todos mayores y de nacionalidad peruana.
En total, se secuestraron 70 kilos de cocaína, 6,382 kilos de marihuana (la mayoría en plantas), 600 dólares y 136.770 pesos, un automóvil, tres prensas hidráulicas para compactar ladrillos de cocaína, moldes metálicos, 23 logos para identificar panes de cocaína —entre ellos el del conocido sello del delfín— 13,330 kilogramos de sustancias de corte, balanzas, once teléfonos celulares, documentación y anotaciones vinculadas a la actividad ilícita.
El procedimiento principal se realizó en un domicilio de la calle Yma Sumac al 900 del barrio Rodrigo Bueno, en la zona porteña de Puerto Madero, donde los investigadores encontraron el centro de procesamiento de cocaína en pleno funcionamiento. Allí fueron hallados 55 panes de cocaína, una bolsa con aproximadamente seis kilos adicionales de la misma sustancia, cuatro kilos de sustancia de corte, y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento, la compactación y el secado de la droga.
En otro de los allanamientos, realizado en un departamento de la calle Malabia al 2100, en el barrio de Palermo, se secuestraron cinco ladrillos de cocaína de un kilo cada uno, más de 150 envoltorios con dosis fraccionadas, marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
También se realizaron procedimientos en las localidades bonaerense de Gerli, Quilmes, Moreno, Francisco Álvarez y en distintos barrios porteños, además de un restaurante de comida peruana ubicado sobre la avenida Córdoba al 3500.
Las siete personas imputadas quedaron detenidas a disposición del juez Ercolini y fueron indagadas entre el lunes y el martes, algunas de manera remota desde sus sitios de detención y otras en los tribunales federales de Retiro. Se aguarda que en los próximos días el magistrado resuelva sus situaciones procesales.