El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, suscribió junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el ministro de la Gobierno de la Provincia de Córdoba, Juan Carlos Massei, y el fiscal general a cargo del Ministerio Público de la Provincia de Córdoba, Alejandro Oscar Moyano, un convenio marco de cooperación institucional en materia de narcocriminalidad. La firma del documento tuvo lugar el pasado 6 de noviembre y fue protocolizado mediante Resolución PGN N°109/2018.

De acuerdo al documento firmado, las partes asumen el compromiso de desarrollar en forma conjunta acciones tendientes a potenciar y perfeccionar la persecución penal en materia de narcocriminalidad, al tiempo que acordaron articular los medios institucionales para fortalecer la eficacia de las acciones al evitar duplicidades y/o interrupciones o distorsiones en las comunicaciones institucionales y operativas.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba se comprometieron al desarrollo e implementación de una “Unidad Conjunta de Análisis Criminal”, que contará con la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) -que encabeza el fiscal Diego Iglesias-. Los objetivos de dicha Unidad se focalizarán en un Plan de Persecución Penal Estratégica en la Provincia de Córdoba y un cuadro de medición de categorías e indicadores sobre el funcionamiento de los distintos mercados estructurados en torno al fenómeno de la narcocriminalidad, en coordinación con la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC) del MPFN, a cargo del fiscal Diego García Yomha.

Por otra parte, el convenio también establece el deber de confidencialidad de las partes –y funcionarios y empleados- respecto de la información criminal a la que tengan acceso, y el compromiso de elaborar guías o protocolos de procedimiento unificados de las tareas conjuntas que se realicen, a fin de garantizar la eficacia probatoria de las investigaciones judiciales.

Finalmente, el documento señala que el convenio entrará en vigencia a partir de su firma, y será válido por dos años y se renovará automáticamente por igual periodo, excepto que alguna de las parte decida rescindir el mismo de mutuo acuerdo, debiendo notificarlo a las restantes, con noventa días de antelación.