Luego de varias presentaciones conjuntas efectuadas por los fiscales Enrique Senestrari, Diego Iglesias y Marcelo Colombo, titulares de la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), respectivamente, el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, procesó con prisión preventiva a los presuntos integrantes de una organización narcocriminal que captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para trasladar sustancias estupefacientes desde la provincia de Salta hacía distintos puntos del país, principalmente Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El caso

La investigación se inició en enero de 2019 a raíz de la colaboración solicitada a la PROCUNAR por el titular de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Primer Turno de la Ciudad de Córdoba, Marcelo Sicardi, en el marco del “Convenio marco de cooperación institucional en materia de narcocriminalidad entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de Córdoba”, protocolizado mediante la resolución PGN N°109/2018.

A raíz de esa intervención se tomó conocimiento de la denuncia efectuada por un testigo de identidad reservada respecto de la existencia de una organización narcocriminal, integrada por personas que en su mayoría residían en la ciudad salteña de Tartagal, y quienes se dedicaban a obtener cocaína, presuntamente de Bolivia, para luego trasladarla hacía distintos puntos del país.

La investigación desarrollada por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional permitió conocer que para el transporte de la droga los acusados captaban a mujeres en situación de vulnerabilidad, quienes actuaban como “mulas”, trasladando el material prohibido bajo la supervisión de algunos de los integrantes de la banda.

Así, el 25 de septiembre del año pasado, en la ciudad de Buenos Aires, se aprehendió a una mujer relacionada a la banda cuando transportaba 2.470 gramos de cocaína, desde Tartagal.

Días después, en la terminal de ómnibus de Córdoba, se detuvo a otra mujer que tenía una mochila con 1.487 gramos de cocaína. Al ser interrogada, manifestó que bajo la promesa de recibir dinero para ayudar con una mudanza, había viajado desde Salta con uno de los integrantes de la banda y que, al llegar a Córdoba, el hombre la obligó a tomar el equipaje con la droga bajo la amenaza de perjudicar a su familia. Así, el hombre -que fue detenido poco después- pasó el control de rutina, mientras que ella fue descubierta y detenida en el momento por personal policial.

En virtud de ello, y luego de la realización de varios allanamientos en Tartagal y Córdoba, se logró la detención de los integrantes de la organización, respecto de quienes los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron sus procesamientos con prisión preventiva en orden a los delitos de asociación ilícita, tráfico de sustancias estupefacientes agravado y trata de personas, también agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por haber mediado amenazas y por haberse concretado la explotación.

Procesamientos y apelación

En su resolución del 22 de abril, el responsable del Juzgado Federal N°1 de Córdoba procesó con prisión preventiva a uno de los acusados como autor del delito de organización y financiamiento para el transporte, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, mientras que adoptó igual criterio como partícipes necesarios respecto de otros tres integrantes de la organización. Asimismo, dos de estos últimos imputados fueron procesados como autores de comercialización de estupefacientes en grado de tentativa, al tiempo que se les dictó la falta de mérito a cuatro de ellos en orden al delito de trata de personas. También dispuso el sobreseimiento de la mujer que fue detenida en Córdoba con la cocaína.

La decisión fue recurrida por el MPF, al considerar que el magistrado no resolvió conforme lo oportunamente solicitado, ya que sostuvo que no existía una asociación ilícita y dictó la falta de mérito respecto del delito de trata de personas. Asimismo, no resolvió sobre las situaciones procesales de algunos de los integrantes de la organización.

En su presentación, los fiscales Senestrari, Iglesias y Colombo señalaron, entre otras cosas, que “si bien la organización criminal investigada se dedicaba principalmente al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en sus distintas etapas, lo cierto es que se encuentra probado a criterio de este Ministerio Público Fiscal que también realizaban otras conductas de orden delictivo para asegurar y facilitar ese accionar. Entre esas conductas se encuentra la captación de personas que luego eran utilizadas como mulas para el transporte de material estupefaciente”. En tal sentido destacaron que el grupo delictivo organizó, coordinó y financió dos envíos que fueron interceptados, y que "en uno de ellos captaron a una mujer para realizar el transporte de la droga”.

Asimismo, sostuvieron que “la investigación ha dejado en evidencia que la conformación y funcionamiento de la estructura criminal, previa a los actos de tráfico ilícito constatados, se hallaba dirigida a la concreción de varias maniobras delictuales y a la administración de sus beneficios”.

Trata de personas

Respecto al delito de trata, afirmaron que “el hecho de que la mula conozca el accionar que estaba desarrollando, tal como lo sostiene el Juez, no implica que no esté inmersa en una situación de trata, no conociendo por distintos motivos, el verdadero escenario en el que se involucra. Es posible también que la vulnerabilidad que atravesó le permitió conocer a medias su accionar, no pudiendo discernir que estaba siendo captada para luego ser explotada, circunstancia amparada por distintas convenciones y tratados. Además no podemos obviar las amenazas que sufrió por parte de los captores” y que “es importante no sólo desvincular del proceso a la víctima de trata, como ha sido en el presente caso, sino que también es importante avanzar respecto del accionar de los captores, más aún en un caso como el presente, en donde se cuenta con sobrada prueba que acredita tales extremos”.

En base a todo ello, los fiscales sostuvieron las imputaciones oportunamente formuladas por entender que los imputados deben ser procesados también como miembros de una asociación ilícita y como coautores de tráfico ilícito de estupefacientes -en la modalidad comercio- agravado por haber mediado intimidación, y de trata de personas agravada por haber aprovechado de la vulnerabilidad de la víctima, por haber mediado amenazas y por haberse concretado la explotación. También solicitaron la revisión de los embargos trabados por considerar que las sumas eran insuficientes.