En el marco del primer juicio oral y público desde la implementación del sistema acusatorio en Corrientes, el juez Eduardo Belforte, juez del Tribunal Oral Federal de la jurisdicción, condenó a cuatro años de prisión a una mujer por transportar más de 47 kilos de marihuana, que había enviado a través de un sistema de encomiendas, en enero de este año, desde la provincia de Misiones con destino a la ciudad de Córdoba.

De esta manera, en un caso que se resolvió a tan solo cuatro meses de haber iniciado, el magistrado federal consideró a la acusada coautora del delito de transporte de estupefacientes, según las previsiones del artículo 5, inciso “c”, de la Ley 23.737 y el artículo 45 del Código Penal. En la audiencia de debate, intervino la fiscal federal Tamara Ahimará Pourcel, a cargo en forma interina del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, y el auxiliar fiscal Gabriel Romero Olivello.

El caso

La investigación se inició el 29 de enero de este año, cuando, en la provincia de Corrientes, personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 47 "Ituzaingó" de Gendarmería Nacional, apostado en el puesto de control "INYM" (Instituto Nacional de la Yerba Mate) sobre la Ruta Nacional Nº12, revisó un vehículo de la empresa de encomiendas Correo Argentino, que iba desde la provincia de Misiones hasta la ciudad de Córdoba.

Durante el procedimiento, el perro detector de narcóticos reaccionó positivamente sobre ambos bultos, lo que motivó su apertura con autorización judicial. En su interior fueron hallados 56 paquetes rectangulares que contenían 47,502 kilogramos de cannabis sativa. A partir de allí, se implementó la técnica especial de investigación de entrega vigilada.

La investigación permitió establecer que las encomiendas habían sido despachadas desde la sucursal de Correo Argentino de Puerto Piray, Misiones, y tenían como destinataria a la condenada. Foto: Gendarmería Nacional

De esta manera, el 3 de febrero de 2026, la ahora condenada se presentó en la sucursal del Correo Argentino de la ciudad de Córdoba para retirar personalmente las encomiendas, acompañada por un hombre que quedó imputado. Una vez que tomó posesión de los paquetes, ambos fueron detenidos por personal de Gendarmería Nacional. Las actuaciones permitieron establecer que las encomiendas habían sido despachadas desde la sucursal de Correo Argentino de Puerto Piray, Misiones, y tenían como destinataria a la condenada.

Durante el debate, a través de actas del procedimiento, fotografías, videos y testimonios, la fiscalía demostró que la mujer era la única destinataria consignada en ambas encomiendas y que concurrió voluntariamente a retirarlas. El peritaje químico confirmó que la sustancia secuestrada correspondía a cannabis sativa y determinó que se podían producir 772.382 dosis umbrales, un dato que fue especialmente valorado por la fiscalía al destacar la gravedad del hecho y la magnitud del riesgo generado para la salud pública.

La postura de la fiscalía

En su alegato, los representantes del MPF consideraron que el delito se encontraba consumado desde el momento en que la droga inició su desplazamiento desde Misiones, sin que resultara necesario que la sustancia llegara a destino o fuera efectivamente comercializada.

También sostuvo que el aporte realizado por la condenada fue esencial dentro de la maniobra, ya que las encomiendas estaban dirigidas a su nombre y fue ella quien concurrió personalmente a retirarlas, por lo que asumió la disponibilidad material sobre la carga ilícita.

Durante la audiencia de determinación de la pena, la fiscal Porcel solicitó la imposición de la mínima prevista para el delito, al ponderar la cantidad de droga secuestrada, la modalidad utilizada para concretar el transporte ilícito, el carácter interjurisdiccional del mismo, el rol desempeñado por la acusada dentro de la maniobra y la extensión del peligro de la conducta.

Asimismo, destacó que la utilización del sistema de encomiendas evidencia una modalidad particularmente compleja de tráfico de estupefacientes, destinada a aprovechar un circuito logístico legal para introducir droga en distintas jurisdicciones del país, incrementando el desvalor de la conducta. En ese marco, la solicitud de imposición de la pena de cuatro años de prisión, fue receptada por el tribunal de juicio al momento de dictar la sentencia.