La audiencia se llevó a cabo ante el Juez Federal de Garantías de Tartagal, Carlos Martínez Furgoni, en el Juzgado de esa ciudad. Tras la identificación de rigor de los acusados -el supuesto cónsul Diego Fernando Vega Ibarra y Wilson Bernardo Cordero Flores, un comerciante que viajaba como acompañante- los fiscales federales de Orán, José Luis Bruno y de Tartagal, Marcos Romero, formalizaron la investigación.

Al referirse al caso, Bruno indicó que Vega Ibarra conducía un automóvil, marca Jac, de norte a sur por la ruta 50, a la altura del Puesto 28 de Julio, en la ciudad de Orán, cuando en un control vehicular de efectivos del Destacamento Móvil 3 del Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional lo detuvieron para las verificaciones de rutina. En ese orden, los gendarmes solicitaron la apertura del baúl del vehículo, momento en que llamó la atención que la rueda de auxilio estuviera por encima del compartimento destinado para ello, por lo que al levantar la misma, descubrieron que en ese habitáculo había ocho paquetes rectangulares, conocidos como “ladrillos”.

Ante este hallazgo, que indicaba la configuración de un delito de narcotráfico, Bruno explicó que se procedió a la búsqueda de dos testigos civiles a fin de seguir adelante con el procedimiento, circunstancia en que Vega Ibarra se identificó como diplomático y presentó la documentación del caso. Horas después, sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Bolivia aclaró que Vega Ibarra cesó en sus funciones como cónsul de ese país en la ciudad de Orán el 25 de noviembre pasado.

Tras las consultas correspondientes por parte de los gendarmes, y a instancia de lo requerido por la Fiscalía al Juzgado Federal de Orán -a cargo de Gustavo Montoya-, se procedió a la detención del acusado y Cordero Flores, como así también el traslado del vehículo a la sede del Escuadrón 20 de Gendarmería.

El fiscal explicó en la audiencia que se llevó a cabo el pesaje de la droga, que totalizó 8,263 kilogramos de cocaína;  también refirió que algunos de los paquetes llevaban impresa la figura de un delfín, sello distintivo y perteneciente a determinadas organizaciones del narcotráfico que operan en la frontera con Bolivia. Además indicó que se realizó la prueba de campo -que indicó que se trataba de cocaína- e informó sobre el secuestro de otros elementos probatorios, entre ellos los teléfonos celulares de los dos acusados.

El MPF solicitó que el caso siga tramitando como flagrancia y estimó el plazo de investigación en 20 días, período en el que se realizarán otras medidas.

A partir del secuestro de la droga y de las circunstancias que rodean el caso, Bruno solicitó que quede formalizada la investigación en contra de ambos acusados por el delito de transporte de estupefacientes, establecidp en la Ley 23.737, artículo 5, que establece penas con una escala de 4 a 15 años de prisión.

El representante del MPF consideró que se trata de un hecho grave, dado el avalúo de la droga, su procedencia y otras connotaciones del caso, respecto del que solicitó se mantenga bajo el proceso de flagrancia, y estimó el plazo de investigación en un término de 20 días; como así también destacó la profesionalidad de los gendarmes al seguir los protocolos predeterminados.

Durante su intervención Bruno también reconoció y agradeció la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Diego Solernó, como así también de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA , a cargo del fiscal, Eduardo Villalba.

Prisión preventiva

Por su parte, el fiscal Romero solicitó al juez se dicte la prisión preventiva de los acusados por el mismo tiempo del plazo de la investigación, y para ello fundó su pedido en el peligro de fuga de los imputados, como así también el entorpecimiento procesal que podrían provocar en busca de evitar el reproche penal correspondiente.

Asimismo, refirió que, llegado el caso a juicio, es muy posible que la pena probable que podría recaer en los acusados sería de cumplimiento efectivo. El fiscal Romero recordó que Vega Ibarra, en un momento del procedimiento, intentó utilizar su estado diplomático ya vencido en busca de evitar que se siga adelante.

Por último, requirió autorización para la producción de distintas pruebas, entre ellas la pericia química de la droga incautada a fin de determinar su grado de pureza, como así también el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, entre otras medidas.

Algunas de las medidas autorizadas a realizarse son el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y la pericia química de la droga incautada, para determinar su grado de pureza

Las defensas

En representación de Vega Ibarra, la defensa oficial a cargo de María Loutayf se opuso al proceso de flagrancia, al igual que la defensa de Cordero Flores, representado por una abogada particular. Ambas defensas solicitaron que el caso siga adelante bajo las reglas del proceso ordinario.

En ese orden, Vega Ibarra prestó declaración y aseguró desconocer el origen de la droga, sostuvo que fue una sorpresa ver los paquetes en el baúl de su auto, a la vez que señaló que horas antes realizó varias diligencias con el rodado, entre las que indicó haber ido al lavadero y a un taller mecánico.

A partir de estos dichos, su defensora intentó fundamentar la necesidad de una mayor investigación, por lo que insistió con el pase del caso al proceso común; sin embargo, al correrse vista a la fiscalía, los representantes del Ministerio Público Fiscal rebatieron los argumentos al resaltar que el delito fue en flagrancia y que sólo restan realizar escasas medidas probatorias; además, que existen suficientes elementos a fin de avanzar dentro del proceso de flagrancia.

Atento a los planteos de ambas partes, el juez Martínez Furgoni se inclinó por la posición de la fiscalía, por lo que dio por formalizada la investigación bajo el proceso de flagrancia, ordenó la prisión preventiva por el término requerido y por último autorizó las medidas probatorias solicitadas.