06 de agosto de 2020
06 de agosto de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los fiscales del caso destacaron la eficacia del sistema acusatorio
El ex cónsul de Bolivia detenido con ocho kilos de cocaína fue condenado a cinco años de prisión
La sentencia, instada por la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, se dictó ayer, a 21 días de la detención del ex diplomático.

El cónsul de Bolivia en Orán hasta el 5 de diciembre pasado, Diego Fernando Vega Ibarra, fue condenado ayer a cinco años de prisión en la segunda audiencia celebrada por el Juzgado Federal de Garantías de Tartagal. El ex diplomático había sido detenido junto al comerciante Wilson Bernardo Cordero Flores, quien también fue sentenciado.

En la audiencia de clausura, presidida por el juez Carlos Martínez Frugoni, la fiscalía avanzó con la acusación contra Vega Ibarra, de 37 años, y Cordero Flores, de 40, por el delito de transporte de estupefacientes, establecido en el artículo 5, inciso C de la ley 23.737.

Por el Ministerio Público Fiscal estuvieron presentes los fiscales de Orán y Tartagal, José Luis Bruno y Marcos César Romero, respectivamente. El primero de ellos realizó un relato de los hechos, tras lo cual fundamentó la imputación penal contra los dos acusados. Al respecto indicó que Vega Ibarra conducía un automóvil, marca Jac, de norte a sur por la ruta 50, a la altura del  kilómetro 46 (Sección 28 de Julio), cuando fue detenido por efectivos del Destacamento Móvil 3 del Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional.

Cronología del hecho

En una verificación de rutina, los gendarmes solicitaron la documentación del vehículo y la apertura del baúl del rodado, y les resultó llamativo que la rueda de auxilio sobresaliera por encima del compartimento destinado para ello, y al levantarla descubrieron ocho paquetes rectangulares, conocidos como “ladrillos”. Como suele suceder en estos casos, agregó el fiscal, los efectivos convocaron a testigos civiles a fin de seguir adelante con el procedimiento. Vega Ibarra, por su parte, se identificó como diplomático y presentó una credencial que lo acreditaba como Cónsul de Bolivia en Orán, ciudad a la que se dirigía procedente de la frontera.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Bolivia confirmó que Vega Ibarra había cesado como cónsul el 5 de diciembre de 2019. Por otra parte, se estableció que la droga secuestrada se trataba de cocaína, con un peso total de 8,263 kilogramos. Asimismo, se pudo determinar que algunos paquetes llevaban impresa la figura de un delfín, sello distintivo que identifica a la droga del cartel de narcotráfico dirigido por los hermanos Castedo.

La primera audiencia se realizó el 18 de diciembre, cuando se fijó un plazo de 20 días de investigación y prisión preventiva. El proceso terminó ayer, con un acuerdo de juicio abreviado.

Vega Ibarra y Cordero Flores quedaron detenidos y el día siguiente, 18 de diciembre, los dos fueron acusados por la fiscalía en la primera audiencia de este caso, oportunidad en la que el juez Martínez Frugoni admitió -a pedido de la fiscalía- que en el trámite se aplicara el procedimiento especial de Flagrancia.

En esa audiencia también se resolvió conceder un plazo de 20 días de investigación y prisión preventiva. En el marco de las actuaciones, Bruno reconoció la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Diego Solernó, como así también de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA, a cargo del fiscal Eduardo Villalba.

Argumentos

Ayer, al cumplirse ese plazo, la fiscalía ratificó la acusación, para lo cual Bruno dio por acreditado el tráfico de estupefacientes que Vega Ibarra y Cordero Flores intentaron llevar adelante en el vehículo de la esposa del ex cónsul, a la vez que enumeró las pruebas reunidas por la fiscalía a lo largo de la investigación. Entre ellas mencionó la prueba documental del caso, declaraciones de testigos y gendarmes, informes respecto al peso y pureza de la droga secuestrada, de entre 43 y 69 %). Resaltó, asimismo, el valor del estupefaciente, establecido en 4.900.000 pesos.

En la segunda audiencia la fiscalía ratificó la acusación, donde tuvo por acreditado el tráfico de estupefacientes y enumeró las pruebas reunidas a lo largo de la investigación.

El fiscal rechazó de plano los argumentos defensivos de Vega Ibarra, quien intentó desvincularse de la droga al sostener que días anteriores a la detención, el vehículo fue enviado a un lavadero y un taller mecánico. De esta manera, pretendió sugerir que la droga le fue “plantada”.

Por otra parte, el fiscal remarcó que al momento del procedimiento Vega Ibarra se identificó como diplomático, con lo cual evidenció su propósito de eludir las consecuencias del ilícito que perpetró. Posteriormente, en la primera audiencia, esa intención manifiesta quedó desvirtuada cuando fue confrontada con la documentación diplomática oficial obtenida por la fiscalía, para finalmente reconocer que se había notificado del cese de sus funciones.

Bruno sostuvo que los dichos de los acusados no alcanzaron a controvertir las pruebas presentadas por la fiscalía. “Los extremos legales del caso se encuentran satisfechos en el presente caso, toda vez que el comportamiento del acusado (Vega Ibarra) así parece demostrarlo”, expresó. Resaltó, en ese sentido, que “el ex cónsul –según sus propios dichos- tuvo al rodado bajo su poder en todo momento, lo que hace improbable que desconozca la existencia de los paquetes en el baúl del auto”. Así las cosas, el fiscal dio por probado el hecho y confirmó la imputación penal contra los dos acusados.

Acuerdo pleno

Tras la estimación de pena por parte de la fiscalía, surgió entre las partes la posibilidad de arribar a una solución de conflicto a través de la aplicación del proceso de juicio abreviado, oportunidad en que el juez dispuso un cuarto intermedio a fin de que la fiscalía y las defensas acuerden los términos de este procedimiento especial, contemplado en el Código Procesal Penal Federal (CPPF), vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019.

Reanudada la audiencia, la fiscalía y las defensas acordaron una condena de 5 años de prisión efectiva para Vega Ibarra, mientras que para Cordero Flores se propuso una pena de 4 años y 6 meses. En ambos casos, por el delito de transporte de estupefacientes, tal como fue planteado en la acusación.

Previo a la decisión del magistrado, las defensas de Vega Ibarra y Cordero Flores solicitaron la prisión domiciliaria de sus defendidos, lo que fue rechazado por el fiscal Romero, quien sostuvo que tal beneficio no correspondía porque no se acreditaron, de acuerdo a lo expuesto respecto a las circunstancias de cada uno de los imputados, los supuestos que establece la legislación vigente a tal fin, como tampoco las razones de índole humanitarias invocadas.

Agregó que en las razones alegadas en tal sentido no se presentan los requisitos que deben satisfacerse para la aplicación de un beneficio de esta naturaleza. Al resolver, el juez coincidió con los argumentos del fiscal Romero.

En virtud de ello, el magistrado homologó el acuerdo arribado por las partes y condenó a Vega Ibarra y Cordero Flores a las penas preestablecidas por la fiscalía y las defensas al convenir la resolución del caso mediante la aplicación del juicio abreviado.

“La conclusión rápida de un proceso de estas características es una consecuencia de las posibilidades que brinda este nuevo código", dijeron los fiscales del caso.

Herramientas procesales

Frente a este caso, considerado de trascendencia institucional, los fiscales Bruno y Romero resaltaron el valor de las herramientas procesales que proporciona el sistema acusatorio, del cual Salta y Jujuy gozan de manera exclusiva.

“La conclusión rápida de un proceso de estas características es una consecuencia de las posibilidades que brinda este nuevo código, que han permitido a la fiscalía impulsar la investigación, no sólo de manera prolija y efectiva, sino también con una celeridad notoria, ya que sólo transcurrieron 20 días entre la primera audiencia, en la que se informó a los imputados el hecho que se les atribuyó y la prueba que obraba en su contra, y la audiencia de clausura, la que culminó con la condena de ambos”, dijeron los fiscales.

El fiscal del distrito, Eduardo Villalba también destacó el trámite del caso y la labor de toda la fiscalía en un hecho de trascendencia pública. “Como sucede desde su implementación en Salta y Jujuy, el nuevo código cosecha resultados inimaginables con el viejo sistema mixto, en el cual un hecho como este podría extenderse por años. Aquí, sin embargo, se resolvió en menos de un mes”, valoró.