En sintonía con el recurso presentado por la fiscal general interina de General Roca, María Claudia Frezzini, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó el sobreseimiento y dispuso el procesamiento con prisión preventiva de un hombre involucrado en un caso de transporte de estupefacientes de más de 12 kilos de cocaína, en el que otras dos personas ya habían sido procesadas en calidad de autor y de participe necesario, respectivamente.

En el caso, el 23 de enero de 2020 la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales de la Policía de Río Negro halló 12,728 kg de cocaína a la altura de Casa de Piedra. El 31 de enero de ese año, el Juzgado Federal de General Roca procesó al acusado como colaborador necesario penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes, decisión que fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. Luego, el mismo juzgado, ante la ausencia de otros elementos probatorios por disponer, sobreseyó al imputado. Ante ello, el Ministerio Público Fiscal apeló la decisión y tras el rechazo, recurrió a la Cámara Federal de Casación Penal.

El 20 de diciembre de 2021, la Sala I de la Casación anuló aquella decisión y reenvió la causa para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Tras un segundo sobreseimiento, el MPF recurrió la decisión y el 7 de noviembre del 2023, la Casación admitió el recurso y anuló la resolución dictada. En ese fallo, ordenó también apartar a los jueces que integraban la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.

Tras esto, la nueva integración de dicha Cámara consideró al imputado partícipe necesario de la conducta de transporte de estupefacientes y encomendó al Juzgado Federal de General Roca la evaluación de la necesidad o no de hacer efectiva la prisión preventiva. Tras esto, el juez federal consideró que debía dictarse dicha medida.

El rol del acusado

La nueva conformación de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca indicó que la participación del imputado fue “cuanto menos necesaria en la maniobra de transporte” y sostuvo que “el haberse desprendido del estupefaciente o aguardar su arribo, no resta señorío sobre el estupefaciente mientras no se encuentre en su poder y aun cuando la traslade otro sujeto de la cadena de tráfico”.

Por otra parte, consideró que surge de la transcripción de las llamadas la “actitud imperativa” del acusado en la toma de decisiones de logística, distribución y destino del cargamento. A su vez, indicó que del peritaje de toxicomanía y de las capturas de las cámaras de seguridad aportadas, surgían encuentros previos y coordinados entre el acusado y el imputado como autor del delito, a los fines de concretar entregas previas de cargamentos de droga, “lo que confirmaría el conocimiento y relación entre ambos sujetos, así como la sociedad existente entre ambos”.

Por último, sostuvieron los magistrados que la cooperación en el hecho de transporte investigado fue un aporte esencial en la logística de la empresa criminal y en lo que, en definitiva, sería el reparto del material estupefaciente al momento del arribo.