La Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario formalizó el jueves pasado la investigación penal respecto de 10 personas —8 hombres y 2 mujeres— a quienes imputó de conformar, desde diferentes roles, una aceitada estructura criminal vinculada a la compra, acopio, fraccionamiento y venta de estupefaciente en Rosario y localidades vecinas, con eslabones superiores de la cadena de tráfico.

La audiencia fue celebrada en los Tribunales Federales de Rosario ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz. El fiscal Franco Benetti expuso que la investigación demandó más de dos años y que derivó en 19 allanamientos realizados el 3 de noviembre, donde fueron detenidas las personas ahora imputadas y se secuestraron más de 3 kilos de cocaína, en su mayor parte preparada en dosis para la venta, marihuana y armas de fuego y municiones.

En la audiencia participaron el fiscal Franco Benetti y el prosecretario administrativo Nicolás Boixader. Foto: Claudio González / Ministerio Público Fiscal

El representante del MPF señaló que la pesquisa puso en evidencia una estructura criminal liderada por un hombre de 39 años, identificado como A.A.V., apodado “Junior”, quien fue detenido en su casa de Granadero Baigorria. También reveló que otro jefe operativo del grupo permanece prófugo.

Además del considerado líder de la organización, fueron imputados en la audiencia su hijo K.V, de 19 años; G.V.Y., de 40 años, y su pareja W.F, de 34; K.V., de 19 años; Z.N.T, de 27 años; I.A., de 23 años; C.P., de 35 años; R.S., de 51 años, con antecedentes condenatorios por comercio de drogas; y M.S.B, de 35 años. El fiscal reseñó que en la investigación se reunieron evidencias de que la organización funcionó desde al menos el 11 de marzo de 2025.

Dosis para la venta

Puntualizó además que en los procedimientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se secuestraron 3.126 gramos de cocaína, de los cuales 2.555 estaban distribuidos en dosis de 0,26 gramos listas para la venta, y 585 gramos de marihuana.

Precisó que se incautaron 9 vehículos, 36 teléfonos celulares, 6 balanzas, $27.829.900, 5 armas de fuego y 55 municiones de distinto calibre. Los procedimientos en los que se secuestraron estupefacientes se realizaron en Maratón al 2600 y Colombres al 2800, en Rosario; Montevideo al 500, en Funes, y Alsina al 3500, de Casilda. Según la teoría del caso del fiscal, la casa de Funes era utilizada por “Junior” para el acopio y posterior distribución de los estupefacientes.

Los estupefacientes se hallaron listos para su venta. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria

Respecto de los roles, el fiscal Benetti imputó a “Junior” en carácter de organizador y financiador de las actividades ilícitas desarrolladas por el grupo y como autor de encubrimiento agravado, por facilitar la fuga de un integrante de la banda.

Al resto de las personas detenidas les imputó el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en la modalidad de almacenamiento, distribución, comercio y tenencia con fines de comercio. Ocho de ellas, en carácter de autoras, mientras que a M.S.B. lo consideró partícipe secundario.

G.V.Y. y W.E.F. también fueron imputados por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra de uso civil y de su encubrimiento, y como autores de la tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil secuestrada en el domicilio de Funes. Por este último hecho además fue imputado K.V.

Al solicitar las prisiones preventivas de las personas imputadas, Benetti advirtió sobre el poderío económico de la organización, su peligrosidad, que aún está prófugo uno de sus líderes, y que “Junior” ya fue condenado por comercio de estupefacientes en varias ocasiones: la primera en 2012, a 2 años de prisión en suspenso por tenencia simple; la segunda, a 7 años de prisión por tráfico agravado; y la última, a 6 años de prisión, también por tráfico agravado, que se unificó en 8 años, con vencimiento en junio de 2025.

Al finalizar la exposición del fiscal, el juez Rodrígues Da Cruz ordenó la prisión preventiva para 8 de las diez personas por el plazo de 180 días y, dispuso que la imputada Z.N.T. cumpla la privación de la libertad en arresto domiciliario —en consideración a que es madre de tres niños, uno en etapa de lactancia— con sujeción a estrictas reglas de conducta, en tanto se trata de la pareja del prófugo y en la pesquisa fue detectada en distintas maniobras de comercio de droga. También dispuso el arresto domiciliario de M.S.B., previo pago de una caución de 5 millones de pesos.

Por último, tal como lo solicitó la fiscalía, el juez declaró el procedimiento como complejo por el número de imputados, las características y la gravedad de los hechos.

Líder y eslabones

Al repasar las evidencias, el fiscal Benetti recordó que la investigación había comenzado hace dos años y que en su transcurso se incorporaron hechos pesquisados por el Ministerio Publico de la Acusación (MPA) de la provincia, gracias a información compartida en las mesas de intercambio articuladas con la Fiscalía de Distrito de Rosario.

El caso tuvo origen en una denuncia recibida por personal de la PSA en el marco de procedimientos judiciales concretados en diciembre de 2024, a partir de la que se investigó la venta de droga al menudeo en diversos puntos de la zona norte de Rosario.

Durante un allanamiento realizado el 28 de octubre de 2025 en un domicilio dedicado a la venta de estupefacientes de la calle Rodríguez al 3800 se identificó a una persona que había transferido $4.064.059 a través de 139 operaciones a una billetera virtual de G.V.Y.

A partir de allí, se rastrearon los movimientos del grupo con tareas de campo, escuchas, seguimientos e interceptaciones telefónicas plasmadas con detalle en 63 informes de la PSA. “Todas las medidas acreditan las entregas de estupefacientes, el movimiento de dinero, los eslabones de la organización y los lazos familiares”, remarcó Benetti.

En ese sentido, ubicó a “Junior” y al prófugo como abastecedores de la droga que conseguían en Buenos Aires, y que luego acopiaban en la casa de Funes. Sobre esos movimientos, la fiscalía exhibió múltiples fotos de los involucrados en vehículos utilizados para el traslado y reabastecimiento de los puntos de venta de droga.

Dimensión económica

El fiscal destacó además la investigación patrimonial realizada sobre los miembros de la banda, sobre quienes dijo que ninguno cuenta con actividad laboral registrada. Explicó que, en el contexto de la organización, “Junior” y S.N.T concentraban el dinero que les llegaba por transferencias virtuales.

En la pesquisa se detectaron 47.500 mil registros en Mercado Pago entre los imputados. A modo ilustrativo, el fiscal expuso que “Junior” recibió $136 millones en dos años, y que S.N.T recibió otros $77 millones. Señaló además que entre ambos transfirieron más de $30 millones al casino de Rosario.