La Sede Fiscal Descentralizada Zapala, a cargo del fiscal federal interino Juan Manuel García Barrese, formalizó la investigación penal preparatoria contra siete personas acusadas de intervenir en el transporte de más de nueve kilogramos de marihuana que, en enero pasado, fueron enviados mediante una encomienda desde la provincia de Misiones con destino a la ciudad neuquina de San Martín de los Andes.

La imputación fue formulada en dos audiencias realizadas ante el juez de garantías Ezequiel Andreani. La primera tuvo lugar el 21 de enero respecto de B.M., de 20 años; B.P., de 23; y un adolescente. La segunda se desarrolló el 3 de junio, a partir de nuevas medidas de prueba, e incorporó a S.R., de 35 años; a su hijo, también menor de edad; a M.M., de 25; y a A.M., de 21 años.

En la primera audiencia, el magistrado tuvo por formalizada la investigación y dispuso seis meses de prisión preventiva domiciliaria para B.M. y B.P., plazo que también fijó para la continuidad de la investigación. Respecto del adolescente imputado, ordenó una serie de reglas de conducta, entre ellas permanecer bajo el cuidado y supervisión de su madre, la prohibición de ausentarse del domicilio por más de 18 horas consecutivas y retomar sus estudios.

La fiscalía imputó a los tres como presuntos coautores del delito de transporte de estupefacientes. Según la acusación, B.M. habría despachado la encomienda que contenía la droga en Misiones; el adolescente habría concurrido al local de la empresa de transporte en San Martín de los Andes para concretar el retiro del envío; y B.P. se habría presentado para retirarlo en calidad de acompañante.

En esa primera audiencia, el juez autorizó un peritaje sobre los teléfonos celulares secuestrados, y tras el análisis de su contenido, la fiscalía identificó la presunta participación de otras cuatro personas, que fueron imputadas en la segunda audiencia celebrada el pasado 3 de junio.

Entre ellas, se encuentra un hombre de 35 años identificado como S.R., a quien se le atribuye haber organizado y dirigido la maniobra investigada. Por ese motivo fue imputado como autor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas y por la participación de menores de edad.

De acuerdo con la investigación, S.R. cumple actualmente una condena de 7 años y 6 meses de prisión por otra causa vinculada al tráfico y comercio organizado de más de 63 kilogramos de marihuana entre las ciudades de San Martín de los Andes (Neuquén), El Bolsón (Río Negro) y Puerto Iguazú (Misiones). En esa investigación permaneció prófugo hasta ser localizado y detenido tras la emisión de una alerta roja de INTERPOL.

Asimismo, la fiscalía formalizó la investigación respecto de un adolescente —hijo de S.R.—; de M.M., empleado de la empresa de encomiendas; y de A.M.; a quienes investiga como presuntos partícipes necesarios del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas.

Según lo postulado por el fiscal en esa segunda audiencia, el adolescente habría colaborado en el retiro y posterior distribución de la sustancia siguiendo instrucciones de su padre. En tanto, al empleado de la firma de transporte se le atribuyó haber suministrado información sobre la llegada de la encomienda y eventuales controles de las fuerzas de seguridad. Finalmente, al restante imputado se le reprochó haber facilitado sus datos personales para que pueda concretarse el envío.

A pedido del fiscal, el juez dispuso para los tres imputados mayores de edad las mismas medidas de coerción impuestas en la primera formalización. Respecto del adolescente, ordenó idénticas reglas de conducta que dispuso para el otro menor de edad implicado.

El caso

La investigación se inició el 14 de enero pasado, cuando personal de Gendarmería Nacional detectó una encomienda sospechosa durante un control vehicular realizado en la provincia de Entre Ríos sobre un transporte de la empresa Vía Cargo.

Con autorización judicial, se abrió el paquete y se constató que contenía marihuana. A partir de ello, el Juzgado Federal de Concordia ordenó una entrega vigilada, que consistió en reemplazar la sustancia por material inocuo con el objetivo de identificar a las personas involucradas en la recepción del envío.

Una vez que la encomienda llegó a San Martín de los Andes, dos personas se presentaron para retirarla y fueron detenidas por disposición judicial. Posteriormente, el Juzgado Federal de Concordia se declaró incompetente por razones territoriales y remitió las actuaciones a la jurisdicción de Zapala, donde bajo las reglas del sistema acusatorio del Código Procesal Penal Federal, la investigación fue asumida por le Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, dirigida por el fiscal García Barrese.