El Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado de manera unipersonal por el juez subrogante Santiago Federico Díaz, condenó a 7 años de prisión a Víctor Camacho, el conductor de una camioneta en la que fueron hallados 101 kilos de cocaína durante un control vehicular, como autor del delito de transporte de estupefacientes.
La condena, dictada el lunes 22 de mayo, responde a la acusación llevada adelante por el fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, quien dirigió la investigación desde el inicio del caso, el 24 de octubre del año pasado. El fiscal fue asistido por la auxiliar fiscal, Romina Verdur.
Al momento del alegato de clausura del juicio de responsabilidad penal, el fiscal dio por acreditada la participación del acusado en el transporte descubierto, cuando circulaba al volante de un utilitario Peugeot Partner, procedente de La Quiaca y con destino final en la provincia de Córdoba.
Explicó que, al circular por la ruta 34, a la altura del puesto de control de la localidad de Pampa Blanca, personal de la Sección Vial del Escuadrón 53 de la Gendarmería Nacional, lo detuvo para el examen de documentación y físico de rutina.
Añadió que, en esas circunstancias, Camacho, quien iba acompañado de una hermana que no fue vinculada al proceso, presentó los documentos del vehículo, registrado a nombre de otra persona, dato que, al ser cotejado con la base de datos del Registro Nacional de Propiedad del Automotor, permitió comprobar que el rodado, en realidad, estaba a nombre del propio conductor.
En ese contexto, agregó el fiscal, el perro antinarcóticos reaccionó de forma positiva frente a la posibilidad de presencia de droga en el lado derecho del rodado, a la altura de la puerta de la parte trasera, lo cual generó la convocatoria de la fiscalía.
El representante del MPF recordó que, entonces, bajo la supervisión de la auxiliar fiscal, la Gendarmería Nacional procedió a diligenciar las medidas que derivaron en una requisa más a fondo del vehículo, lo cual permitió descubrir, ante la presencia de testigos, un compartimento fabricado en el piso del utilitario, donde estaban ocultos 96 paquetes de cocaína, con un peso total de 101 kilos.
La fiscalía puso de relieve que el valor del estupefaciente incautado fue calculado en la suma de casi 200 millones de pesos (en rigor, $195.601.381), lo cual representa un monto significativo, no sólo por su cotización, sino también por la magnitud del daño en abstracto a la salud pública.
Logística
El fiscal señaló que, según surgía de lo declarado por los testigos en el juicio, la droga había sido dispuesta en un habitáculo, elaborado para tal fin, ubicado bajo los asientos traseros y de una manera que, para su descubrimiento, fue necesaria la utilización de una cámara de video y de herramientas hidráulicas que permitieran cortar la estructura metálica.
Zurueta resaltó también el secuestro de tres teléfonos celulares y de una suma de más de 100 mil pesos, entre otros elementos de interés, que posteriormente llevaron a la fiscalía a construir la acusación contra Camacho. Se comprobó además que el acusado había intentado ocultar la titularidad del rodado cuatro días antes de iniciar el traslado de la droga.
El fiscal resaltó asimismo el valor del estupefaciente incautado, el cual fue calculado en la suma de casi 200 millones de pesos (en rigor, $195.601.381), lo cual -indicó- representa un monto significativo, no sólo por su cotización, sino también por la magnitud del daño en abstracto a la salud pública, que es el bien jurídico protegido por la norma penal.
De esta manera, y en función de las pruebas producidas por la fiscalía en el debate, el fiscal dio por demostrado el hecho imputado a Camacho, conclusión que reforzó con una serie de mensajes extraídos del teléfono secuestrado al acusado, de los cuales surge que había viajado a la ciudad boliviana de Cochabamba, al parecer, para proveerse del tóxico.
El fiscal valoró que en los mensajes surgía la mención de contactos con otras personas, a quienes el acusado describió como sus “jefes”, mientras que en otros reconocía su rol en la elaboración del estupefaciente, lo cual se vio confirmado con el hallazgo de mensajes en los que se hacía alusión a distintas sustancias químicas necesarias para ello.
Por otra parte, el fiscal puso de relieve otras conversaciones de las cuales se desprendía que el acusado ofrecía otra sustancia derivada de una “planta” verde, por la cual recibió demandas, entre ellas “tres bolsitas de eso verde, que tiene la planta”.
En base a esta carga probatoria, la fiscalía solicitó que Camacho fuera declarado penalmente responsable y se procediera a la aplicación de una pena de 7 años y 6 meses de prisión, mientras que la defensa pidió que la pena fuera de 4 años de prisión y bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Tras una breve deliberación, el juez coincidió con la fiscalía en la declaración de responsabilidad del acusado, mientras que, al momento de definir la pena, la estipuló en 7 años de prisión, a la vez que rechazó los planteos defensivos, para finalmente hacer lugar al pedido de decomiso realizado por la fiscalía respecto al dinero incautado y al vehículo secuestrado.