A pedido de la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, en representación de la PROCUNAR NOA, la jueza federal de Garantías N°2 de Jujuy, Carina Gregoraschuk, dio por formalizada la investigación contra seis personas acusadas de transportar cocaína desde Bolivia para luego comercializarla en la provincia de Buenos Aires. Entre los imputados se encuentra un hombre que cumple una condena de 8 años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal NOA III por transporte de estupefacientes.

En el caso, cuya audiencia de formalización se realizó el 21 de julio pasado, interviene el fiscal federal Federico Zurueta del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy y la PROCUNAR NOA, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba. Además de dictar la prisión preventiva para los implicados, la magistrada autorizó una serie de peritajes, tanto sobre los 61 kilos de cocaína incautados en el operativo donde se desbarató la organización como sobre los 34 celulares secuestrados.

En su exposición, la fiscal Gamba Cremaschi y el auxiliar fiscal Nicolás Fernández explicaron que la detención de cinco de los imputados se concretó el 18 de julio pasado, cuando llevaban adelante el transporte de la cocaína dentro de un automóvil Peugeot 408. En ese punto, indicaron que Wilfredo Villegas (el hombre que se encuentra condenado) era el líder de la banda y una hermana suya cumplía un rol de "vocera" y eran quién le reportaba los movimientos de todos los involucrados en la maniobra. A su vez, la pareja de la mujer sería el transportista del clan, ya que, según mencionaron desde el MPF, era quien conducía el vehículo donde se hallaron los estupefacientes.

A su vez, otro hermano de Villegas (quien sería el encargado de "reclutar" conductores") logró escapar, por lo que la fiscalía solicitó que se dicte el pedido de captura nacional e internacional, solicitud que también fue receptada por la jueza. Por otro lado, otra hermana y su pareja eran quienes "prestaban" su domicilio de la localidad de Cieneguillas, en el límite con Bolivia, para el resguardo de vehículos que eran usados para transportar la droga. Ambos intervenían también en el acondicionamiento del estupefaciente en los rodados.

Por último, se imputó al padrastro de todos los hermanos, quien se había unido a las actividades y cumplía tareas de logística, como el “barrido” de la ruta elegida para el traslado del tóxico. Las detenciones de los imputados, con excepción del que transportaba la droga, se registraron en el marco de 12 allanamientos que se llevaron a cabo de manera simultánea, tanto en la ciudad de San Salvador, como en las localidades de Casira y Cieneguillas, en La Quiaca.

Como resultado de estos allanamientos a cargo de personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, se secuestraron seis vehículos, 34 celulares, importantes sumas de dinero y documentación de interés para el caso.

Pesquisa

La investigación, según lo explicado por el MPF, se inició meses atrás a partir de un informe de la misma unidad de Gendarmería donde se reportó la existencia de una organización narcocriminal. Allí se reveló la actividad entre un proveedor del vecino país (“El Padrino”) y Villegas, mientras que sus familiares serían los "brazos operativos". A raíz de las tareas de campo e inteligencia, se pudo reconstruir el circuito de la droga.

Luego de su ingreso al país, procedente de la localidad boliviana de Villazón, vecina a La Quiaca, la cocaína era presuntamente acopiada en la localidad de Casira, en la casa de dos de los imputados. Previas negociaciones con compradores del sur del país, el estupefaciente era movido hasta Cieneguillas, a pocos kilómetros, a fin de acondicionarla en los vehículos elegidos para el transporte.

Paralelamente, el integrante de la familia que se se encuentra prófugo se encargaba de buscar al transportista, aunque en muchos casos, este rol fue asignado a sus cuñados. Mediante tareas de vigilancia e intervenciones telefónicas, se advirtieron movimientos que llevaron a presumir que los imputados se preparaban para un envío de drogas. El 16 de julio, se conoció que el padrastro emprendió un viaje hacia San Salvador de Jujuy con la madre de los imputados a las 2.30 de la madrugada.

Según indicaron desde la fiscalía, la pareja se movilizaba en un automóvil Honda Civic y tenía como objetivo verificar el tipo de control por parte de los gendarmes del puesto ubicado en Tres Cruces, paso obligado para salir hacia el sur. Al llegar a lugar, los implicados constataron que los gendarmes solo controlaban los papeles del rodado, lo que habría alentado a la organización a avanzar con el traslado de los 61 kilos de cocaína, que fue acondicionada en el torpedo y zócalo del auto.

Tras el seguimiento correspondiente, se pudo verificar que el vehículo salió de Casira hacia Cieneguilla, donde ingresó a un taller. Luego, el 18 de julio, salió cargado con la droga en dirección a la ruta 9, y fue detenido en el control de Tres Cruces, donde personal de Gendarmería, ya autorizado judicialmente, procedió a su requisa.

Luego de que un perro antidrogas marcara la parte del torpedo, se descubrieron los paquetes de cocaína. Además de ello, los representantes del MPF destacaron un diálogo entre Villegas y su hermana, donde ella le dijo estar preocupada porque el transportista no aparecía y porque se habría ido "con cosas". En función de estas evidencias, de los reportes de posicionamiento de los vehículos, de los informes de tareas de campo y las escuchas telefónicas, la fiscalía fundó las imputaciones y el pedido de prisión preventiva, lo que fue convalidado por la magistrada federal.