La Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba requirió penas de entre tres y nueve años y seis meses de prisión para siete personas acusadas de conformar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes -principalmente marihuana- en las localidades de Arroyito y San Francisco, de la provincia de Córdoba, actividad que habrían desplegado al menos desde febrero de 2016 hasta enero de 2018. Entre los imputados se encuentra un agente del Establecimiento Penitenciario N°7 ubicado en San Francisco, quien habría sido el encargado de ingresar estupefacientes a ese penal para su posterior comercialización, y también su esposa, quien se desempeñaba en el área de Bromatología de la Municipalidad de San Francisco.

La organización quedó desarticulada el 25 enero de 2018 con la detención de las principales imputadas en momentos en que transportaban 67 kilos de marihuana distribuidos en 77 panes. En paralelo, en la misma jornada se secuestraron más de 10 kilos de marihuana en el domicilio de otra acusada en la ciudad de Frontera, provincia de Santa Fe.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal de San Francisco Luis María Viaut atribuyó a las acusadas y los acusados el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas y, en el caso del agente penitenciario, además por ser funcionario público.

El juicio

Al comienzo del debate, una vez leída la acusación, la fiscalía hizo saber que de corroborarse los hechos tal como se encontraban descriptos podrían calificarse como organización para el tráfico ilícito de estupefacientes, en el términos del art. 7 de la ley 23.737; además, anticipó que correspondía atribuir a dos de las acusadas el delito de transporte de estupefacientes; a otra de ellas el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; y al agente penitenciario un delito funcional, que podría ser abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario, entre otros.

Luego de dos audiencias en las que declararon personal policial que intervino en la investigación, la fiscalía formuló sus alegatos. Así, Gonella y el auxiliar fiscal Facundo Trotta valoraron los testimonios del personal policial y la prueba documental, fundamentalmente la gran cantidad de información obtenida de los teléfonos intervenidos. Incluso se reprodujeron en la audiencia los audios más representativos, que revelaban los crímenes cometidos por la organización.

Finalmente, en su alegato, la fiscalía solicitó la pena de nueve años y seis meses de prisión a la principal acusada por el delito de organización para el tráfico ilícito de estupefacientes y transporte de estupefacientes, y penas de entre ocho y tres años para el resto de las personas imputadas, bajo distintas figuras. También requirió la absolución de una mujer.