El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, resolvió reiterar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, las recomendaciones formuladas por este Ministerio Público Fiscal el 12 de octubre de 2021, para que de manera urgente todos los organismos de la Administración Pública Nacional extremen las medidas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para evitar los diversos factores que facilitan o promueven el acceso a teléfonos móviles por parte de los reclusos de alto perfil -por su participación en organizaciones narcocriminales- alojados en establecimientos penitenciarios.

El titular del MPF requirió informes sobre las acciones que se adopten a esos fines e indicó que las medidas propuestas mitigarán las serias amenazas que estos delitos representan para la sociedad, la seguridad interna dentro de los establecimientos penitenciarios y los distintos actores del proceso penal (jueces, fiscales, funcionarios y agentes de los poderes judiciales y ministerios públicos, víctimas, testigos y personal policial).

Del mismo modo, el procurador general decidió entablar una coordinación interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para promover un abordaje estructural e integral a la problemática tratada.

Las decisiones del procurador surgieron tras una nueva reunión celebrada esta mañana en la sede de la Procuración General de la que participaron miembros de la mesa de trabajo de fiscales constituida para abordar el fenómeno de la narcocriminalidad cometida por organizaciones complejas desde el interior de establecimientos penitenciarios.

En esta ocasión fueron convocados los titulares de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, quien estuvo  acompañado por la fiscal de Investigaciones Administrativas, Andrea Garmendia Orueta, y el coordinador general y titular del Departamento de Investigaciones y Litigio de esa dependencia, Alejandro Patuna Sumicky. Del encuentro también participaron el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General, Juan Manuel Olima Espel, y el secretario de esa oficina, Luis Arocena.

La PROCUNAR volvió a constatar que las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles en establecimientos penitenciarios por parte de reclusos de alto perfil -por dirigir o pertenecer a organizaciones narcocriminales relevantes- continúa siendo de uso cotidiano.

En este contexto, la PROCUNAR presentó un informe de actualización sobre el fenómeno abordado en este ámbito en el que describe las múltiples acciones emprendidas por esa dependencia para mitigar los riesgos que esta modalidad criminal presenta contra la sociedad, los operadores de los sistemas de administración de justicia y terceros vinculados al proceso penal. El informe dio cuenta de la respuesta judicial disímil dada por parte de los diferentes órganos jurisdiccionales que tienen a su cargo la detención y/o control de la ejecución de las penas privativas de la libertad de las personas condenadas por hechos de narcocriminalidad organizada.

En efecto, pese a la prohibición expresa prevista en el artículo 160 de la ley 24.660 -de ejecución penal- y las recomendaciones emitidas por este Ministerio Público Fiscal en 2021, la PROCUNAR volvió a constatar que las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles en establecimientos penitenciarios por parte de reclusos de alto perfil -por dirigir o pertenecer a organizaciones narcocriminales relevantes- continúa siendo de uso cotidiano. En tal sentido, puso de relieve la seria amenaza que ello representa por la continuidad de graves actividades criminales cometidas por parte de las organizaciones, las cuales siguen consolidando los lazos delictivos que permiten su avance en el territorio argentino y continúan afectando a la sociedad en su conjunto, así como las mayores dificultades que este fenómeno acarrea para las investigaciones penales.

Por su parte, la PIA describió las acciones que desde esa dependencia se vienen realizando para prevenir e investigar la posible connivencia de los funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario Federal en el ingreso de teléfonos celulares u otros dispositivos similares que permiten la comunicación extramuros a los complejos penitenciarios de máxima seguridad en los que se alojan los internos con alto perfil. Los representantes de la procuraduría especializada en la investigación de casos de corrupción refirieron las comunicaciones y gestiones emprendidas con diversos organismos nacionales, como por ejemplo con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que las políticas públicas de promoción de una mayor conectividad no permitan que la población carcelaria de máxima seguridad pueda seguir cometiendo delitos o para promover el estricto cumplimiento de la manda de instalar inhibidores de señal en los pabellones o módulos de cada penal establecida en el artículo 160 de la ley 24.660.

En la reunión se abordaron dos informes producidos por la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo del fiscal Santiago Marquevich, que señalan la ocurrencia de hechos de secuestros extorsivos que fueron planificados, dirigidos y ejecutados por sujetos que se encontraban recluidos en unidades carcelarias, y que registraron modalidades de comisión equivalentes a las relevadas por la PROCUNAR: se detectó la utilización de aparatos de telefonía móvil dentro de establecimientos carcelarios federales y de la provincia de Santa Fe con los que las personas privadas de su libertad continuaron liderando organizaciones criminales y ejecutando graves delitos. Los informes de la UFESE igualmente dieron cuenta de la complicidad de funcionarios de los servicios penitenciarios en la introducción de los equipos de comunicación dentro de los penales para el uso de los reclusos.