A partir de una investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide y con la actuación del auxiliar fiscal Hércules Giffi, se realizaron este jueves once allanamientos, concentrados en su mayoría en los barrios Parque Palermo y Parque Hermoso, pero que incluyeron también un operativo en Miramar y otros puntos de Mar del Plata, con la intención de finalizar con las maniobras desplegadas por una organización que tenía como objetivo, apoyada en nexos familiares, la comercialización de material estupefaciente.

El resultado de los operativos fue la detención de ocho personas así como el secuestro de marihuana, cocaína, balanzas de precisión, dinero, casi una treintena de teléfonos celulares, armas (de uso civil condicional, de guerra y largas) y gran cantidad de municiones, entre otros elementos de interés para la continuidad de la pesquisa. También fueron incautados cuatro vehículos: dos automotores y dos motos de alta cilindrada.

Las personas que integrarían la organización y que fueron detenidas en el marco de los allanamientos realizados por la Delegación Mar del Plata de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina se dedicarían al abastecimiento, guarda y comercio de estupefacientes. Para la Fiscalía –y así lo entendió el juez Santiago Inchausti al momento de disponer los allanamientos- la zona era en la práctica “un centro de acopio de marihuana y cocaína para su distribución al público consumidor”. La organización, de acuerdo al abundante material probatorio reunido en un año y cuatro meses de investigación, estaría conformada por grupos familiares, allegados y sujetos vinculados entre sí que residen en distintos puntos de la ciudad.

La causa se inició con una denuncia anónima realizada el 28 de diciembre de 2022 ante la División Antidrogas de la PFA. En base a las investigaciones de campo y las escuchas telefónicas dispuestas, sumado el entrecruzamiento de distintas bases de datos, el Ministerio Público Fiscal trazó una hipótesis del caso que consistiría en posibles conductas en infracción a la ley 23.737. Si bien la pesquisa se orientó en una primera etapa a corroborar las maniobras que llevaba a cabo el principal imputado, a lo largo de la instrucción se logró identificar una cadena de proveedores con distintos puntos de venta de droga que operaban en torno a ese hombre.

Durante la tramitación de la causa, se detectaron conversaciones vinculadas a la comisión -e incluso planificación- de otros hechos violentos en las zonas donde operaban los investigados. La incautación de numerosas armas de fuego de distinto calibre (una con su numeración suprimida), municiones y un chaleco antibalas robusteció la hipótesis del caso.