En el marco de tres allanamientos desarrollados en el barrio Parque Palermo, al suroeste de la ciudad de Mar del Plata, personal de Prefectura Naval Argentina detuvo a un hombre de 32 años acusado de ser el líder de una organización que se dedicaba a la comercialización de marihuana y cocaína. En los operativos, se secuestraron más de tres kilos de marihuana, cocaína y 10 celulares, entre otros elementos de interés para la investigación.

En la investigación, intervino la fiscal federal Laura Mazzaferri, en representación del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mar del Plata. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Santiago Inchausti, que también detuvo a la hermana y a la madre del hombre. Todos ellos fueron indagados por infracción a la ley 23.737, que penaliza el tráfico, comercio, producción y tenencia de estupefacientes y por el delito del artículo 189 bis del Código Penal, por la portación de armas de fuego sin la debida autorización.

Los procedimientos

En la casa del presunto líder se secuestraron 280 mil pesos, tres celulares, 173 gramos de marihuana y un cuaderno con anotaciones, que sería determinante dentro del caso. En el domicilio de la madre del hombre se incautaron 6 teléfonos, 1,2 kilos de marihuana, 529 semillas para cultivo de esa sustancia y 90 gramos de cocaína junto con dos revólveres y una balanza de precisión.

Los procedimientos fueron realizados por Prefectura Naval Argentina.

En la vivienda que pertenece a la hermana del presunto líder se encontraron 1,672 kilos de cannabis sativa, un teléfono celular y 127 mil pesos.

El inicio del caso

La denuncia fue realizada por el fiscal general Daniel Eduardo Adler y en ella planteó diversas problemáticas abordadas en el marco de una reunión del Consejo Zonal de Educación, de la que participaron autoridades educativas de la región, el titular de la Comisaría 16° y representantes del MPF, en el marco de tareas de prevención que se articulan en establecimientos educativos.

Durante el encuentro, se tomó nota de la preocupación por el incremento en la venta de estupefacientes en un asentamiento conocido como “La Villita”, ubicando en un pasillo de unos cien metros de largo, que desemboca en la avenida Mario Bravo. Según los datos recibidos, desde julio de 2024 funcionaría allí un sitio de acopio de armas y estupefacientes, y quienes serían sus responsables contactarían a chicos en situación de vulnerabilidad y menores de edad.

La fiscal Mazzaferri ordenó una serie de medidas de prueba urgentes y recibió la declaración testimonial del entonces titular de la Jefatura Distrital de General Pueyrredon, quien tenía a su cargo la supervisión de los establecimientos educativos de gestión estatal provincial. De esta manera, se dio impulso a la acción penal a los fines de iniciar la investigación correspondiente, que fue dirigida por el juez Inchausti.

Tras la producción de diversas medidas de prueba, entre las que se destacan tareas de investigación sobre varios domicilios y personas ubicadas en los barrios Las Heras y Parque Palermo, intervenciones telefónicas y la recolección de informes de organismos públicos, el magistrado federal dispuso la realización de allanamientos en tres domicilios ubicados en el barrio Parque Palermo.