Intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia en medio de los campos, seguimientos a vehículos identificados, allanamientos varios y el secuestro de unos 115 kilos de clorhidrato de cocaína, junto a otros elementos de interés, son fundamento suficiente –a entender de la Fiscalía General de Mar del Plata, a cargo de Daniel Adler- para dictaminar a favor de que se confirmen los procesamientos de las seis personas acusadas de formar parte de la organización.

La investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 logró determinar que la organización utilizaba como pantalla la producción y la venta de verduras en un campo en la zona de Batán, una localidad ubicada a unos 15 kilómetros del centro de Mar del Plata. Desde allí se preparaban y/o estiraban las sustancias que provendrían de Bolivia para luego comercializarlas en la zona, y localidades bonaerenses como Gutiérrez, Tres Arroyos, Tandil, Bahía Blanca y Punta Alta, como también en la Ciudad de Buenos Aires.

El avance en la pesquisa permitió detectar una transacción realizada el 1 de octubre de 2019 entre dos de los principales acusados: Sergio Gambarte, oriundo de Salta, entregó dos bultos a Claudia Micaela Camacho Soliz, de nacionalidad boliviana, en la zona de la rotonda de Gutiérrez, situada sobre la autovía 2. Momentos más tarde, al interceptar y registrar la camioneta Hilux en la que se desplazaba la investigada, se encontraron en dos cajas 67 ladrillos de cocaína envueltos en nylon y cinta de embalar. Esto derivó en los allanamientos de los lugares investigados, donde se secuestraron armas de fuego, gran cantidad de municiones de diversos calibres, dinero en efectivo –guaraníes, pesos y dólares-, elementos de pesaje y fraccionamiento, como 31 kilos de bicarbonato de socio, casi 260 kilos de hojas de coca, otros 45 kilos de clorhidrato de cocaína, y gran cantidad de vehículos.

A raíz del resultado de los procedimientos, días después el juez Santiago Inchausti resolvió el procesamiento de siete personas, fijó un monto de embargo de 10 millones de pesos para cada uno, y el secuestro con fines de decomiso de 14 vehículos.

La resolución fue apelada por los abogados defensores de seis de los acusados, quienes cuestionaron –en líneas generales- ausencia de elementos probatorios que acrediten la participación de sus asistidos, la calificación legal y las medidas de coerción impuestas contra Gambarte, Camacho Soliz, y también contra Lizzet Gladys Llanque Barral, Diego Ríos Saavedra, Nelson Alcocer Peredo y Andrea Pacheco Soliz, todos oriundos de Bolivia y que aparentaban dedicarse a la tarea frutihortícola.

Frente a ello, dictaminó el fiscal quien señaló que se trata de “una organización ilícita destinada al tráfico a gran escala de sustancias estupefacientes”. Este cuadro fáctico, continuó, estuvo corroborado por las numerosas tareas de campo realizadas por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las intervenciones telefónicas y el resultado de los allanamientos y registros domiciliarios. De hecho, reparó en la vinculación de la organización con el secuestro de 65 kilos de marihuana, dos kilos de cocaína y una gran suma de dinero, que forman parte de una causa acumulada.

“Es factible que el desarrollo de actividades vinculadas a la producción agrícola desarrollada por las personas imputadas en la localidad de Batán constituya una ‘pantalla’ detrás de la cual se ocultaba la actividad delictiva que realizaba esta organización criminal. Nótese, por ejemplo, los recaudos de seguridad adoptados respecto de una finca en la que supuestamente se desarrolla un emprendimiento agrícola”, advirtió el representante del Ministerio Público Fiscal.