A instancia del fiscal general Juan Manuel Pettigiani y del auxiliar fiscal Carlos Martin Fioriti, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata condenó el viernes pasado a penas de hasta 18 años de prisión a ocho personas por la organización de actividades vinculadas al narcotráfico, transporte y tenencia de más de 180 kilos de droga -115 de cocaína y 66 de marihuana- que operaban desde la localidad de Batán hacia diferentes destinos, principalmente de la provincia de Buenos Aires.

El tribunal, integrado por Nicolás Toselli, Luis Imas y Roberto Atilio Falcone, impuso la pena de 18 años de prisión a Claudia Micaela Camacho Soliz y a su esposo Néstor Alcocer Peredo por resultar coautores de los delitos de organización de actividades de narcotráfico agravado por la cantidad de intervinientes, tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización y transporte de estupefacientes agravado, y los declaró reincidentes.

Los magistrados -en línea con el pedido de la fiscalía- revocaron el arresto domiciliario del que gozaba Alcocer Peredo en el cumplimiento de una pena de una causa anterior, que había solicitado para cuidar a sus hijos con discapacidad, y dispusieron su inmediato alojamiento en la Unidad Penal 28 del Servicio Penitenciario Federal debido a que, según indicaron los distintos informes elaborados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el imputado “continuó en la venta de estupefacientes, burlándose del sistema de monitoreo electrónico y utilizando a sus hijos como 'carnada'”.

En tanto, Luis Alberto Sánchez recibió una condena a 14 años de prisión como coautor de los delitos de organización de actividades de narcotráfico agravado por la cantidad de intervinientes y transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.

Sergio Gambarte, Marcelo Ramón Staniscia y Erme Cubilla Encina fueron condenados a la pena de 9 años de prisión. El primero, por resultar coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas y autor del delito de tenencia ilegítima de arma de guerra; el segundo, por resultar coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en carácter de reincidente; y al tercero, por hallarlo responsable como autor del delito de almacenamiento de estupefacientes como reincidente.

Por otra parte, a Diego Ríos Saavedra le fijaron una pena de 6 años de prisión por resultar partícipe secundario del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. Y Lizzet Llanque Barral recibió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por resultar partícipe secundaria del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.

El tribunal además absolvió a siete personas: cinco de ellas debido a que decretó la nulidad parcial de la acusación, mientras que respecto a las dos personas restantes consideró que no se había acreditado su intervención en los hechos.

El auxiliar fiscal Fioritti indicó que “esta sentencia es importante porque se obtuvo una condena histórica de 18 años para los jefes de una organización criminal”, dado que los precedentes de este tribunal nunca habían superado los 14 años de prisión de condena para organizadores de actividades de narcotráfico.

La causa

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, Camacho Soliz, Alcocer Peredo y Sánchez conformaron una estructura dedicada a la adquisición, transporte y comercialización de cocaína y marihuana, que operó entre marzo de 2016 y hasta el 1° de octubre de 2019.

Durante el proceso se comprobó que los acusados comercializaban las sustancias estupefacientes en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, como Gutiérrez, Tres Arroyos, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca y Punta Alta, y la ciudad de Buenos Aires. Camacho Soliz y Alcocer Peredo –quienes se encontraban en prisión domiciliaria por una condena dictada el 20 de abril de 2017- organizaban las operaciones desde Batán, provincia de Buenos Aires.

A través de las investigaciones se acreditó que Sánchez, quien residía en Salta capital, participaba del ingreso de la sustancia en el territorio argentino y de transportarla hasta Batán.

En tanto, a Camacho Soliz, Alcocer Peredo, Pardiñas y Staniscia se les imputó la tenencia con fines de comercialización de 77 panes con un peso de 65,717 kilos de marihuana y 2,133 kilos de cocaína, acondicionados en dos panes. La droga –que fue trasladada desde Mar del Plata- se le secuestró a Staniscia del interior de un vehículo Ford Fiesta que se encontró estacionado frente a una vivienda en la localidad bonaerense de Tres Arroyos el 31 de octubre del 2018.

Otro hecho por el que fueron juzgados Camacho Soliz, Alcocer Peredo, Sánchez, Gambarte, Llanque Barral y Ríos Saavedra se debe a su intervención en el transporte de 68,834 kilos de cocaína dispuestos en 67 ladrillos, que fueron incautados el 1° de octubre de 2019.

En esa oportunidad, y de acuerdo con la acusación de la fiscalía, Gambarte se reunió en la Rotonda Gutiérrez de la Ruta 2 con Camacho Soliz, a quien le entregó la droga que estaba oculta en dos cajas. En la primera se encontraron 32 envoltorios de cocaína recubiertos con nylon por un peso de 33,834 kilos y en la segunda un total de 35 paquetes de 35 kilos.

Camacho Soliz fue apresada luego de un procedimiento en el barrio porteño de Flores. A Gambarte, además, se le secuestró en su vivienda de la localidad de Ángel Echeverry una pistola Bersa Thunder 9I DI.

Por otro lado, se comprobó que Cubilla Encina fue quien almacenó 45,921 kilogramos de cocaína en un domicilio de Quilmes.