En el marco de una investigación desarrollada por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide, el pasado viernes se formalizó la imputación contra siete personas acusadas de conformar una banda delictiva inicialmente investigada por comercio de estupefacientes, cuya operatoria acreditó la presunta conformación de una asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal”, dedicada a cometer diversos delitos.
Según la imputación, el grupo criminal también se dedicaba a cometer robos violentos, usurpaciones, circulación ilegal de armas y otros hechos violentos. Asimismo, a sus integrantes se les atribuyen delitos vinculados con la tenencia ilegal de armas de fuego y el comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La organización, que según la investigación era dirigida por al menos dos personas privadas de la libertad y distribuía marihuana y cocaína en distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata, fue desarticulada tras 23 allanamientos realizados el 14 de abril pasado.
El fiscal federal explicó tras la audiencia que, más allá de los delitos vinculados al narcotráfico, durante la investigación se detectó “un despliegue criminal de diversos tipos penales, como robo, comercio de armas, numerosos actos de violencia y comercio de drogas, donde el eje centralizador era el territorio”.
Por ello, también fueron imputados por asociación ilícita agravada en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, una figura novedosa incorporada por la Ley N°27.786 —la denominada “Ley Antimafia” promulgada en marzo de 2025—, que establece penas de 8 a 20 años de prisión para quienes formen, cooperen o mantengan asociaciones ilícitas dedicadas a cometer delitos graves.
La audiencia de formalización
La audiencia se llevó a cabo el 17 de abril pasado ante el juez federal de Garantías Santiago Inchausti, quien, a pedido del MPF, convalidó las detenciones y los secuestros efectuados durante los procedimientos.
Los siete investigados —dos mujeres y cinco varones— fueron imputados por integrar la mencionada “organización criminal” dedicada a cometer delitos, con especial incidencia en el tráfico de estupefacientes, al menos entre septiembre de 2025 y el 14 de abril último.
Según la fiscalía, la pareja señalada como jefa de la organización dirigía las maniobras desde dos cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) —el hombre desde la Unidad 44 y la mujer desde Unidad 50, ambas en Batán—, mientras que el resto cumplía distintos roles dentro de la estructura.
El fiscal federal Santiago Eyherabide durante la audiencia de formalización. Foto: MPF
También fueron acusados por tenencia con fines de comercialización de marihuana y cocaína, en infracción a la Ley 23.737 de persecución del narcotráfico.
Cuatro de los detenidos quedaron además imputados por tenencia ilegal de arma de guerra, a raíz de los secuestros realizados en sus domicilios.
El magistrado fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación y dispuso la prisión preventiva de los imputados por ese mismo término, con excepción de una mujer y una persona menor de edad, respecto de quienes estableció la medida por el término de 30 días.
A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez también ordenó la prohibición del uso de celulares u otros dispositivos de comunicación no provistos por el SPB, en tanto esos aparatos habrían sido utilizados para coordinar las maniobras delictivas investigadas. En ese marco, al principal acusado se le secuestraron siete teléfonos en su celda.
El caso
La causa se inició a fines de septiembre de 2025, a partir de actuaciones remitidas por la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que contenían información aportada bajo reserva de identidad.
Según la imputación, la banda funcionaba como una estructura cerrada y escalonada, integrada principalmente por dos clanes familiares y personas allegadas. La vinculación entre sus miembros fue corroborada mediante intervenciones telefónicas ordenadas en la pesquisa.
Esas escuchas también permitieron detectar referencias a maniobras para evadir controles policiales, delitos contra la propiedad —como sustracción de vehículos y usurpaciones—, compraventa y circulación de armas de fuego, municiones y estupefacientes. Además, se detectaron numerosos movimientos bancarios destinados, según la hipótesis fiscal, a sostener el abastecimiento de drogas.
Los allanamientos, coordinados por el auxiliar fiscal Hércules Giffi, se realizaron en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se secuestró cocaína y marihuana, cuatro motocicletas, un automóvil y siete armas de fuego, entre ellas armas largas semiautomáticas con cargadores de alta capacidad. También se hallaron vehículos sin chapa patente colocada y con pedido de secuestro activo, autopartes y armas con numeración limada.
Los allanamientos estuvieron a cargo de la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la policía bonaerense. Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires