El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, solicitó hoy que se condene a penas de 15 años de prisión a Ramón Méndez Peralta, Fabián Ángel Rojas y Enzo Eduardo Gareca, acusados de transportar casi 380 kilos de cocaína a bordo de una camioneta en la que se trasladaban por rutas y caminos del interior de la provincia de Buenos Aires. Además, requirió el decomiso del vehículo utilizado para la maniobra y del dinero secuestrado. También, ante la hipótesis de que la droga pudo ser llevada desde otro sitio a bordo de una avioneta, advirtió sobre la necesidad de reforzar el monitoreo y/o patrullaje del centro de la provincia de Buenos Aires.

Los hechos juzgados

Al iniciar su alegato, el fiscal general Pettigiani relató que el hecho que dio inicio a la investigación judicial ocurrió el domingo 12 de agosto de 2018 cerca de las 10.00, cuando dos subtenientes de la Estación de Policía Comunal de la localidad bonaerense de Pila, que recorrían la jurisdicción, se toparon con una camioneta Fiat Toro que circulaba a excesiva velocidad por una zona de caminos de tierra y en mal estado por las condiciones climáticas de los días previos.

Recordó que las agentes interceptaron la camioneta y solicitaron a sus ocupantes que les exhibieran la documentación personal y del vehículo. Al notar un comportamiento extraño y sospechoso de Peralta, Rojas y Gareca -quienes llegaron a juicio privados de su libertad-, consultaron si se encontraban de caza, pero la respuesta fue negativa. Tras ello, les pidieron que abrieran la caja de la camioneta y corrieran la lona que la cubría, ante lo cual el conductor puso en marcha el vehículo y emprendió la fuga por los caminos de tierra, en dirección a General Belgrano.

“Si tomamos que la provincia de Buenos Aires tiene una densidad poblacional de poco más de 16 millones de personas, resulta inconmensurable el daño a la salud pública que esta cantidad de material estupefaciente distribuida en la población pudiese generar”, dijo el fiscal en referencia a las más de 3 millones de dosis umbrales que se podrían haber preparado con el material secuestrado.

Los refuerzos de patrullas de localidades aledañas, y el aporte de un vecino que se sorprendió por el paso veloz de la camioneta -la cual no había visto antes en la zona, donde todos se conocen- permitieron dar con los acusados, quienes habían ingresado a la estancia La Castorina. Los empleados del predio autorizaron el ingreso de la policía. Los imputados continuaron la fuga a pie, hasta que fueron alcanzados por la policía y un trabajador del lugar, que los interceptó con un tractor.

“En virtud de la normativa vigente para los casos de urgencia, y en presencia de testigos, encontrándose en un campo de difícil accesibilidad y comunicación, al terminar la persecución con personas aprehendidas y con motivos suficientes para presumir que los imputados ocultaban elementos relacionados a un delito, como haberse dado a la fuga en un control policial de prevención rural, como intentar huir a campo traviesa tras el arribo de la policía a la estancia y haber realizado manifestaciones espontáneas tales como ‘llevaban mucha plata’, ‘llevaban droga’ y/o que ‘querían arreglar con quien estuviese a cargo’, los efectivos policiales procedieron a la requisa de los imputados y secuestraron, entre otras cuestiones, 22.340 pesos y 1.123 dólares, pese a que ninguno de ellos poseía trabajos registrados”, precisó el fiscal respecto de los hechos de aquella jornada.

Añadió que, en virtud de condiciones climáticas, el estado de las calles embarradas y del horario, el Juzgado Federal de Azul dispuso que el operativo se trasladase al Destacamento Rosas, perteneciente al Comando de Prevención Rural (CPR) “Las Flores”, donde se requisó el la camioneta. Así, en el asiento trasero se encontraron 30 panes de color negro, cuyo rótulo llevaba las letras “HD”, mientras que de la caja se extrajeron 10 bolsones -seis de los cuales eran amarillos y tenían la inscripción “Harina Integral de Soya Caico Tipo Exportación”, por lo que la fiscalía presume que eran de origen boliviano, y otros cuatro de color celeste, también con la inscripción “HD”. En total, se secuestraron 356 panes compactos, con un pesaje total de 378,080 kilogramos. El peritaje realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que las muestras analizadas contenían clorhidrato de cocaína en concentraciones superiores al 60%, llegando en algunas muestras hasta 92,57%.

Para la fiscalía, "los imputados formaban parte del engranaje de una maquinaria mayor, resultando una organización de delincuencia trasnacional".

“Por su importantísima cantidad, por su forma de embalaje (en panes compactos envueltos en cinta con una identificación tipo logotipo –HD- que coincide con más de 860 kilos hallados en la ciudad de Salta en el marco de la causa 25016/2017, y que pesaban todos ellos poco más de un kilo cada uno), sumado a la modalidad de transporte de manera encubierta, inequívocamente se encontraban destinados a su ulterior comercialización”, subrayó Pettigiani durante su alegato, quien también detalló la prueba que acredita que los imputados trasladaban el material estupefaciente, a sabiendas de ello. En ese sentido, destacó la declaración espontanea de Rojas -el conductor de la camioneta- de que llevaban droga pero sin saber qué era porque solo cumplía tareas de chofer; el intento de fuga primero a bordo del vehículo, y luego a pie; y, por otro lado, expresó que los elementos de prueba reunidos demostraron que los tres tenían una relación prexistente, “dentro de una cadena de tráfico ilegal de estupefacientes”.

Sobre el final de su alegato, Pettigiani citó el artículo 120 de la Constitución Nacional que determina como función del MPF “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad”, y al respecto expresó: “Ante un hecho de semejante magnitud de daño a la población, requiere que la respuesta de las instituciones del Estado sea implacable para que el mensaje a este tipo de organizaciones, sea fuerte, claro y sin margen a las dudas”.

El pedido de penas

Oportunamente, el fiscal le requirió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata -integrado por los jueces Nicolás Toselli, Roberto Atilio Falcone y Fernando Machado Pelloni- que condenase a los imputados a las penas de 15 años de prisión, el decomiso de la camioneta Fiat Toro y la incautación del dinero que los hombres tenían en su poder al momento de su detención.

El fiscal pidió que se notifique a los ministerios de Seguridad y de Defensa y a la Agencia Federal de Inteligencia para que “se sirvan disponer las medidas que consideren pertinentes para reforzar el monitoreo y/o patrullaje de esa zona geográfica en particular, puntualmente, el centro de la provincia de Buenos Aires”.

Para ello, Pettigiani valoró, en primer lugar, que el secuestro de la droga “ha sido el de mayor relevancia en este Tribunal Oral Federal hasta el momento”, y destacó que dichos paquetes incautados podrían representar más de 3 millones de dosis umbrales. “Si tomamos que la provincia de Buenos Aires tiene una densidad poblacional de poco más de 16 millones de personas, resulta inconmensurable el daño a la salud pública que esta cantidad de material estupefaciente distribuida en la población pudiese generar”, concluyó.

También, reparó en “los riesgos frente a la adicción, la depresión y las consecuencias para la sociedad que ello genera, principalmente en la búsqueda de recursos económicos para tener acceso a la droga”.

“Señores jueces, la cocaína destruye familias, amistadas, proyectos de vida, eleva los índices de violencia en la sociedad, así como también corrompe toda organización donde se introduce. Asimismo, las ganancias siderales que representa su comercialización a nivel mundial también corrompen la estructura del orden económico legal, posibilitando el delito de lavado de activos”, sostuvo Pettigiani, quien tuvo por acreditado “que los imputados formaban parte del engranaje de una maquinaria mayor, resultando una organización de delincuencia trasnacional”.

La posible avioneta y el pedido del refuerzo del monitoreo en la zona

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que era posible sostener que la droga secuestrada “fue importada desde un país de la región -muy posiblemente el Estado Plurinacional de Bolivia- y fue trasladado desde allí hasta la provincia de Buenos Aires, muy posiblemente en avioneta, siendo que el tramo acreditado en esta causa resultaría uno de los eslabones de una cadena de tráfico mucho mayor”.

Para fundamentarlo, Pettigiani consideró numerosos elementos como, por ejemplo, el alto grado de pureza, el logotipo coincidente con el secuestro de más de 861 kilos de cocaína ocurrido en la provincia de Salta, la inscripción de los bolsones de Harina con los que se embaló el material, el secuestro de un banderín y una pala en la caja de la camioneta “que podría haber sido utilizada para marcar una zona de eventual aterrizaje”. A eso se sumó el testimonio de un policía -con 25 años de servicio- que expresó en el juicio que “posiblemente haya venido en avioneta”, por los datos arrojados por el GPS de la camioneta que dieron cuenta que el trayecto era hacia/desde la Ciudad de Buenos Aires, y los múltiples cruces migratorios de los tres imputados.

Ante ello, en el último punto de su petitorio, el fiscal general solicitó al tribunal tenga a bien comunicar tanto la sentencia de esta causa como la reciente de la causa “Cardoso Arguello” -donde se tuvo por probado que una aeronave ingresó al país más de 444 kilos de marihuana, que descargó en un camino rural de General Belgrano-, a los ministerios de Seguridad provincial y nacional, la Agencia Federal de Inteligencia, así como al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con la intención de que “se sirvan disponer las medidas que consideren pertinentes para reforzar el monitoreo y/o patrullaje de esa zona geográfica en particular, puntualmente, el centro de la provincia de Buenos Aires”.