El Tribunal Oral Federal de Mendoza condenó a diez años de prisión a una persona acusada de almacenamiento de estupefacientes. Juan Carlos Rivera Rodríguez estaba prófugo desde 2017, cuando se hallaron mil ochocientos kilos de marihuana en una vivienda de su propiedad en el barrio Aeroparque, en el departamento de Las Heras. En la causa intervino la Fiscalía General N° 2  ante ese órgano, a cargo de María Gloria André, quien había solicitado una pena de once años.

La causa se originó a partir de una investigación de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico dirigida a Andrés Tello, quien ya tenía orden de captura. Las tareas desplegadas dieron como resultado que Tello frecuentaba una vivienda en el barrio Aeroparque en donde solía intercambiar estupefacientes por armas de fuego. El 9 de marzo de 2017 se allanó la propiedad, procedimiento en el que se secuestraron 67 bultos dentro de bolsas de arpillera de alimento para perros, con ladrillos compactos de marihuana con un peso total de 1800 kilogramos. En el piso del baño del lugar también se hallaron ochenta gramos de cocaína fraccionada en envoltorios.

En la casa también se hallaron una motocicleta, teléfonos celulares, balanzas y elementos de fraccionamiento. Tello se dio a la fuga en el momento, pero fue detenido luego y juzgado junto a Abel Cilauro, otra persona presente en el domicilio e investigada en la causa. A través de la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial pudo saberse que la vivienda era propiedad de Rivera Rodríguez, que vivía a pocas cuadras del lugar junto a su familia, y que tenía una relación de amistad con Cilauro.

En su defensa, Rivera Rodríguez argumentó que le había prestado la vivienda a Cilauro luego de que éste tuviera una discusión con su pareja y hubiese tenido que terminar durmiendo en su auto. Además, manifestó que el préstamo fue de palabra y que no lo cobró alquiler porque pensaba quedarse ahí poco tiempo. También aseguró que, si bien él pasaba permanentemente por el domicilio porque estaba realizando refacciones, dejó de hacerlo cuando Cilauro se instaló en el lugar.

Para el Ministerio Público Fiscal, la gran cantidad de papeles y documentos a nombre de Rivera Rodríguez secuestrados en el domicilio abonan la hipótesis del pleno conocimiento que el acusado tenía tanto sobre la cantidad de droga, su almacenamiento en el lugar y su destino posterior que se le daría en el tráfico ilícito. La prueba que terminó por acreditar la participación en el almacenamiento del estupefaciente fue la coincidencia entre las huellas recogidas por Policía Científica en una de las balanzas que se encontraban junto a la droga y las impresiones dactilares tomadas a Rivera Rodríguez en el momento de su detención. Por ello, solicitó se lo condenase a once años de prisión por el delito de almacenamiento de estupefacientes, una figura que el Tribunal mantuvo en su fallo, aunque con una pena de diez años, junto con el decomiso de la vivienda utilizada para la guarda del estupefaciente.