El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza condenó el jueves a doce años de prisión al jefe de una banda que comercializaba cocaína proveniente desde Salta. Los jueces Alejandro Piña, Alberto Carelli y María Marisi hicieron lugar al pedido de penas presentado por la fiscal Gloria André en su alegato, en el cual solicitó también penas de entre seis y nueve años de prisión para los demás integrantes de la organización, quienes fueron detenidos mientras transportaban casi quince kilos de estupefaciente a bordo de dos automóviles, que fueron decomisados. 

En sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, el tribunal condenó a doce años de cárcel a Roberto Luis Di Lorenzo Jorquera, a quien consideró organizador y financiador del transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas. En tanto, Ramón Andrés Robles Funes fue condenado a nueve años de prisión por comercio de estupefacientes, por haber sido considerado como el encargado de abastecer a la organización, mientras que Daniel Fabián Barcelo Vargas y Juan Carlos Palacio Araya fueron condenados a siete años de prisión por transporte de estupefacientes, en calidad de coautores. Por el mismo delito, Luis Moreira Tello recibió una pena de seis años de prisión, en carácter de partícipe secundario. 

La investigación se originó a partir de una denuncia anónima formulada el 13 de febrero de 2019 al servicio telefónico Fonodrogas, perteneciente al Ministerio de Seguridad de Mendoza. Allí se dio cuenta que una persona llamada Roberto Di Lorenzo se dedicaba a financiar el comercio de estupefacientes desde el norte del país hacia la provincia, con el aporte de otras personas. En base a la denuncia recibida, se identificó su domicilio, los vehículos que utilizaba y también una propiedad que poseía sobre la Ruta Nacional 40, en la cual funcionaría un lavadero de autos, pero que era en realidad utilizado para el acopio de estupefacientes. 

Las escuchas telefónicas permitieron establecer que Di Lorenzo fijaba como punto de entrega intermedio a la provincia de Córdoba, adonde viajaba la segunda quincena de cada mes.

A través de tareas de vigilancia se pudo constatar la existencia de este domicilio. Si bien el lugar ostentaba un cartel que rezaba “lavadero”, no se efectuaba tal actividad allí, donde se vio a Di Lorenzo junto a distintas personas en continuas reuniones. A partir de los análisis de las llamadas telefónicas se pudo saber que el ahora condenado mantenía conversaciones frecuentemente con titulares de números telefónicos de la provincia de Salta y que en esas comunicaciones se refería a la comercialización de estupefacientes: fijaba como punto de entrega intermedio la provincia de Córdoba, donde viajaba continuamente la segunda quincena de cada mes. 

También se conoció que su proveedor era una persona llamada Ramón Robles, oriunda de Salta. De acuerdo con la investigación, para efectuar los traslados Di Lorenzo contaba con el aporte de tres personas, Juan Carlos Palacio Araya, Luis Miguel Moreira Tello y Daniel Fabián Barcelo. Posteriormente, a partir de las escuchas practicadas se logró conocer que, como parte de una maniobra vinculada al tráfico de drogas, viajarían a Córdoba Di Lorenzo, Palacio y Barcelo.

El 8 de junio de 2019 se instalaron puestos de control en las principales rutas de ingreso hacia la provincia de Mendoza, con la intención de detener a los acusados cuando regresaran de Córdoba. Por la madrugada, se interceptó a un auto Volkswagen Tiguan manejado por Di Lorenzo, en el que Moreira Tello viajaba como acompañante. Poco después, arribó al mismo puesto de control un vehículo Volkswagen Trend en el que viajaban Barcelo y Palacio Araya. En el interior de este último vehículo se hallaron 14,945 kilogramos de cocaína que se habían ocultado en el interior del respaldar del asiento trasero, y que habían sido acondicionados en seis envoltorios tipo ladrillo. 

Si bien los estupefacientes no se encontraron en el automóvil en el que se desplazaba Di Lorenzo, las interceptaciones telefónicas realizadas en la investigación permitieron demostrar que fue la persona encargada de organizar el transporte de estupefacientes desde la provincia de Córdoba, disponiendo de los medios físicos y económicos para llevar a cabo la maniobra.