El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza condenó a nueve integrantes de una banda dedicada al narcotráfico. Los jueces hicieron lugar de manera parcial a lo solicitado por María Gloria André, titular de la Fiscalía General ante ese órgano, e impusieron penas de entre dos y once años para los acusados. En los allanamientos que derivaron en sus detenciones se secuestraron seis kilos de cocaína, más de dos millones de pesos y una ametralladora de guerra.

La causa tuvo lugar en el marco de una investigación dirigida por la Delegación Mendoza de la Policía Federal Argentina sobre presuntas maniobras relacionadas con el tráfico de estupefacientes, a partir de datos brindados de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 27.304 -“Ley del Arrepentido”-.  Así se pudo identificar a una persona de nombre Iván Magallanes como eventual líder de una organización que comercializaba sustancias en el barrio San Martín de la capital provincial. Una posterior serie de escuchas e intervenciones permitió identificar al resto de los integrantes de la organización, todos ellos familiares del principal imputado.

El 20 de octubre de 2017 se realizaron los allanamientos en los domicilios de las personas investigadas, donde se hallaron en total más de seis kilos de cocaína, grandes cantidades de dinero en efectivo en moneda local y divisa extranjera, celulares, documentación, elementos de pesaje y también diversas armas de fuego -entre ellas una ametralladora- con sus respectivos cargadores y municiones.

El alegato de la Fiscalía

En su alegato, la fiscal André tuvo por acreditado que Magallanes era quien dirigía el clan que también integraban su madre, sus suegros, su esposa, dos de sus hermanas y cuñados, y una sobrina con su pareja. Era él quien impartía las órdenes para quienes luego hacían acopio del material o lo comercializaban al menudeo, e incluso llegaron a tener bajo su custodia cajas fuertes con una notoria cantidad de dinero en efectivo en su interior. Por ello mismo, señaló al principal imputado como organizador y financista de la banda, por lo que pidió una pena de doce años y seis meses de cárcel. También se hizo hincapié en el estilo de vida llevado a cabo por Magallanes, con autos de alta gama y una casa con refacciones y lujos que no condecían con sus ingresos declarados.

La Fiscalía señaló al principal imputado como organizador y financista de la banda, por lo que pidió una pena de doce años y seis meses de cárcel. El tribunal le impuso once años.

Los jueces del tribunal decidieron sentenciar a Magallanes a once años y una multa de $342.500 por ser autor del delito de comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de organizador, en concurso real con el delito de tenencia de arma de guerra.

Por su parte, su suegro Héctor Hugo Fernández recibió una pena de ocho años y una multa de $172.000 como autor penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes con el agravante de la intervención de tres o más personas en concurso real con el delito de comercialización de estupefacientes, cuya imputación pesaba sobre el mismo en virtud de una causa anterior que fue acumulada los autos principales. Resultó condenada por las mismas causas, su hija Aldana Amira Fernández, pareja de Magallanes, a la pena de siete años de prisión, por ser considerada responsable en iguales términos que su padre en los autos principales y por el delito de tenencia simple de estupefacientes en los acumulados.

El resto de los imputados señalados como responsables del delito de tenencia de drogas con fines de comercialización agravado por  la participación de tres o más personas fueron condenados a seis años de prisión, mientras que Solange Magallanes -hermana del líder de la banda- recibió una pena de tres años en suspenso como partícipe secundaria.

Otro de los imputados, cuñado de Iván Magallanes, Miguel Montenegro, recibió una pena de dos años también en suspenso por tenencia ilegal de arma de guerra. Además, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, el tribunal ordenó el decomiso del dinero y los automóviles secuestrados durante los allanamientos. Los fundamentos del fallo se conocerán el viernes 16 de agosto.