A pedido de la fiscal federal interina Luisina Tiscornia, a cargo del Área de Ejecución Penal de la Unidad Fiscal Neuquén, se revocaron las prisiones domiciliarias de dos personas condenadas por comercialización de estupefacientes que incumplieron las condiciones impuestas y a las que se les atribuye la comisión de nuevos delitos. Los planteos fueron promovidos a partir de nuevas investigaciones que permitieron detectar actividades vinculadas con el narcotráfico en los domicilios donde cumplían las penas y tratados en sendas audiencias ante jueces con funciones de ejecución.
Los nuevos hechos son investigados por la justicia provincial, que desde febrero de 2025 tiene competencia para intervenir en los delitos de narcomenudeo, a partir de la desfederalización de esas conductas en Neuquén.
Las personas involucradas son L.A.M. (37), condenado el 8 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén a la pena de cinco años de prisión por tenencia con fines de comercialización de 8 kilos de cannabis sativa y 3,246 kilogramos de cocaína, en concurso real con la tenencia de un arma de guerra; y D.A.F. (37), quien el 10 de agosto de este año recibió una pena única de siete años de prisión en un caso en el que se le atribuyó la tenencia con fines de comercialización de 512 gramos de cocaína fraccionada en 899 envoltorios y de 432 gramos de marihuana distribuidos en 67 envoltorios. La pena impuesta comprende una condena a la pena de seis años dictada por la justicia provincial.
A L.A.M. se le había concedido la prisión domiciliaria el 1° de junio de 2026, principalmente por razones humanitarias, para que pudiera cuidar a sus dos hijas menores de edad, tras el fallecimiento de la madre. Sin embargo, el 10 de noviembre pasado, en el marco de una investigación provincial, se realizó un procedimiento policial en su domicilio en el que se hallaron estupefacientes y un arma de fuego.
Por su parte, D.A.F. había accedido a la prisión domiciliaria el 10 de agosto de este año para cuidar a su hijo menor, quien tiene trastorno del espectro autista, dado que la madre cumple una condena por infracción a la ley de drogas en la justicia provincial. En un allanamiento realizado el 23 de octubre pasado en su vivienda, se encontraron 50 gramos de cocaína y 40 gramos de cannabis sobre la mesa del living comedor, en presencia de tres menores de edad, incluido su hijo. Además, se presentaron compradores que afirmaron que le adquirían drogas a D.A.F.
A partir de estos nuevos procedimientos, ordenados por el Ministerio Público Fiscal provincial, y mediante la colaboración entre ambos organismos, la fiscal Tiscornia solicitó al juez de ejecución de cada caso que revoque la prisión domiciliaria y disponga el alojamiento de cada condenado en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.
El caso de L.A.M.
En el caso de L.A.M. —cuya audiencia se realizó el 11 de noviembre pasado—, el juez con funciones de Ejecución Pablo Matkovic hizo lugar al planteo y ordenó su alojamiento en una unidad carcelaria.
En este caso, la articulación con la coordinadora de Narcocriminalidad de la provincia de Neuquén, Mariana Querejeta, y con la fiscal provincial Paula Yerfino, permitió a la Unidad Fiscal Neuquén acompañar y fundamentar el pedido de revocación a partir de los elementos secuestrados en el domicilio en el que cumplía la prisión domiciliaria: estupefacientes distribuidos en pequeños envoltorios, balanzas, tres posnets de cobro electrónico y dinero en efectivo, entre otros efectos.
La coordinación incluyó el intercambio de información sobre las circunstancias del hecho y lo resuelto por el juez provincial al momento de tener por formulados los cargos. En esa investigación, L.A.M. fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso con la tenencia ilegal de un arma en su domicilio.
La fiscal Tiscornia señaló que la prisión domiciliaria había sido concedida en función del cuidado de sus dos hijas menores de edad. Sin embargo, valoró que, al momento del hallazgo de las sustancias y del arma, una de ellas se encontraba en la vivienda, “cuestión que no solamente resultaba riesgosa, sino que predica en contra de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
También consideró que esa adolescente, de 17 años, no se encontraba en situación de desamparo, ya que actualmente estaba al cuidado de una tía y contaba con su abuela como sostén emocional.
Por último, para fundamentar el pedido de revocación de la prisión domiciliara, también valoró la intervención de la asesora de menores. Así, el juez de Ejecución Pablo Matkovic hizo lugar al pedido y ordenó que L.A.M. fuera alojado en una unidad carcelaria. Además, dispuso que se le realizara una evaluación para su eventual incorporación a un tratamiento por adicciones.
El caso de D.A.F.
En el segundo caso, la fiscal provincial de Vaca Muerta, María Eugenia Titanti, informó al Ministerio Público Fiscal de la Nación sobre los nuevos hechos investigados y el hallazgo de estupefacientes en el domicilio de D.A.F. A partir de esa información, se solicitó una audiencia para requerir la revocación de la prisión domiciliaria.
En el marco de la mesa de trabajo y del Convenio Marco de Cooperación celebrado entre los Ministerios Públicos de la Nación y de la Provincia de Neuquén, la fiscal Tiscornia solicitó que Titanti participara de la audiencia ante el juez de Ejecución.
Al exponer sobre los hechos, la fiscal provincial informó que la investigación en la que interviene se inició a partir de denuncias anónimas sobre la venta de estupefacientes en un domicilio que derivó en un allanamiento realizado junto con otros siete por presuntas ventas de drogas en la localidad de El Chañar.
“Lo cierto es que, a la luz de estos hechos nuevos, nosotros vemos que no solamente se han violado las reglas de conducta en relación al cuidado de los menores, sino que además se los está poniendo en riesgo”, sostuvo Tiscornia durante la audiencia.
La fiscal solicitó, además, la intervención de la defensora de menores, quien acompañó favorablemente el pedido, y valoró la prisión preventiva por cuatro meses que le dictó la justicia provincial.
Al finalizar la audiencia, el juez con funciones de ejecución Alejandro Cabral revocó la prisión domiciliaria y ordenó gestionar un cupo en el Complejo Penitenciario Federal N°5 de Senillosa para que D.A.F. cumpla la pena de siete años de prisión.