El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, con asiento en Orán e integrado de manera unipersonal por la jueza Gabriela Catalano, condenó a 7 años y 2 meses de prisión a uno de los “pasadores” de droga que en noviembre pasado fue detenido en un paraje fronterizo cercano a la localidad salteña de Aguas Blancas, al quedar herido tras un enfrentamiento armado entre gendarmes y un grupo narcocriminal que dejó abandonados 410 kilos de cocaína.

La condena alcanzó a Delfor Quispe Romero, de nacionalidad boliviana, quien fue considerado autor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.

La sentencia, dictada el 9 de junio pasado, homologó un acuerdo pleno presentado por el fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán.

El caso

La investigación se originó el 25 de noviembre de 2025, alrededor de las 16.15, cuando una patrulla del Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional detectó, en el paraje Puesto Medina —a unos dos kilómetros de la frontera con Bolivia y donde confluyen los ríos Bermejo y Tarija— una caravana integrada por al menos 25 personas. Unos 20 hombres transportaban bultos, mientras que otros cinco, armados con armas largas, brindaban cobertura al grupo.

Pese a la inferioridad numérica, los gendarmes decidieron intervenir y, tras impartir la voz de alto, fueron atacados a tiros. Tras el enfrentamiento, los integrantes de la organización abandonaron la carga y huyeron hacia el monte. Quispe Romero fue el único detenido y en el lugar se secuestraron 20 bultos que contenían 410 kilos de cocaína, con una pureza del 70,96%, equivalentes a más de 2,9 millones de dosis, según lo referido por el fiscal.

El imputado, de nacionalidad boliviana, fue encontrado oculto entre la vegetación con lesiones leves provocadas por cartuchos de posta de goma disparados por los gendarmes al repeler la agresión.

Luego, con la intervención de la investigadora Analía Cabral, la fiscalía impulsó diversas medidas, tanto en Orán como en Bolivia, para intentar identificar al resto de los integrantes de la organización que logró escapar.

Por 70.000 pesos

En la audiencia en la que se formalizó el acuerdo, el fiscal destacó que el imputado admitió haber transportado uno de los bultos, aunque intentó desvincularse del tráfico de estupefacientes al sostener que había sido contratado para trasladar hojas de coca a cambio de 70.000 pesos y que desconocía la existencia de la droga.

Sin embargo, esa versión fue descartada por la fiscalía. En primer lugar, porque en el procedimiento no se secuestró ningún cargamento de hojas de coca, conforme surge del informe policial y acta de secuestro.

Además, otro informe elaborado por la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales "Orán" de Gendarmería señaló que los bultos utilizados para transportar cocaína presentan diferencias evidentes de tamaño, peso y forma respecto de los destinados al traslado de hojas de coca, características que debieron ser advertidas por el imputado a simple vista a raíz de que se dedica a esta actividad desde hace tiempo, según sus propios dichos.

El informe también remarcó que el lugar donde ocurrió el procedimiento constituye un corredor habitualmente utilizado por organizaciones narcocriminales para el transporte de estupefacientes y armas de fuego. En ese sector ya se habían realizado otros procedimientos con secuestros de droga (175 kilos de marihuana, 108 de marihuana, 37 de cocaína y 122 de cocaína, según los anteriores registros), sin antecedentes de decomisos de hojas de coca.

Asimismo, se destacó que la organización eligió esa ruta en función a que se trata de una zona agreste, inhóspita y de difícil acceso, que comprende 15 kilómetros desde “El Naranjito” hasta el “Puesto Medina” y desde allí suelen optar por diferentes caminos de ingreso a la ciudad de Orán, entre ellos el sector “Florida y Vega” (19 kilómetros); sector Quispe (22 kilómetros hasta barrio Caballito) y sector “Chancho frito y la Morita” (28 kilómetros hasta calle Arenales), una modalidad habitual para eludir los controles de las fuerzas de seguridad.

La defensa prestó conformidad al acuerdo y, luego de verificar que el imputado comprendía sus alcances, la jueza Catalano homologó el convenio y dictó la condena a 7 años y 2 meses de prisión.