El responsable de la Fiscalía Federal de Paraná, Carlos García Escalada, le solicitó al titular del Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción, Leandro Ríos, la elevación a juicio de la investigación seguida contra el intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco, el concejal Héctor Pablo Hernández, la ex secretaria de Seguridad y el empleado de la Dirección de Tránsito del municipio, Griselda Noemí Bordeira y Alán Nicolás Viola, respectivamente, y otras siete personas por actividades relacionadas con el narcotráfico.

La investigación

El 30 de mayo de 2017, encontrándose elevada a juicio otra investigación por narcotráfico, personal de la Delegación Paraná de la Policía Federal Argentina comunicó que había recibido información anónima que indicaba que la banda recién desarticulada había delegado la continuidad de la actividad ilícita en uno de los ahora imputados.

El 6 de septiembre de ese año, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos puso en conocimiento del Director de la Unidad Penal N°1 que habían encontrado en la celda del Pabellón 12, que ocupaba uno de los detenidos por la primera investigación, un celular que al ser analizado dejó entrever maniobras relacionadas con el cobro de una deuda contraída con el presidente municipal a través de intermediarios, que podrían tener relación con el aporte económico efectuado para la campaña electoral.

En virtud de ello se ordenó la intervención de distintas líneas telefónicas, lo que reveló la existencia de una organización dedicada al transporte de droga desde la ciudad de Buenos Aires para su comercialización en las ciudades entrerrianas de Paraná y Concordia. También se dispuso el allanamiento de distintas viviendas y dependencias de la Municipalidad, procedimientos en los que se secuestraron 3,2 kilogramos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza y otros elementos de interés para la investigación. También se incautaron dos armas de fuego y municiones.

Procesamientos

El 18 de junio del año pasado, el juez federal Ríos procesó a Varisco, Hernández, Bordeira, Viola y otra mujer, como coautores penalmente responsables de los delitos de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes y peculado, al tiempo que procesó a otro hombre por organización y financiamiento de actividades compatibles y como partícipe necesario de peculado. Otro de los implicados también fue procesado por esa misma calificación legal, en tanto que se dictó su falta de mérito respecto a la adquisición de cocaína para su distribución en Paraná y Concordia.

Finalmente, otros cinco hombres fueron procesados como coautores del comercio de estupefacientes agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada.

Oportunamente, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó parcialmente los procesamientos y modificó la situación de uno de los imputados, al dictar su falta de mérito en dos delitos.

El 26 de noviembre, el juez federal interviniente sobreseyó a dos hombres y procesó a una mujer por adulteración o supresión del número o grabado de un arma de fuego, en concurso ideal con la tenencia de armas de uso civil sin la debida autorización.

Elevación a juicio

En base a las pruebas colectadas durante la investigación, el fiscal García Escalada sostuvo que “las actividades de comercio de estupefacientes llevadas a cabo por la organización (…) resultaron financiadas por el Presidente Municipal de Paraná Sergio Fausto Varisco, el concejal municipal Héctor Pablo Hernández, la funcionaria policial afectada en comisión de servicio al Área de Seguridad de la Municipalidad de Paraná Griselda Noemí Bordeira y el empleado  de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad Alán Nicolás Viola”. En virtud de ello requirió su enjuiciamiento como presuntos coautores del delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefaciente, mientras que, respecto a Viola, pidió que lo fuera como partícipe necesario.

Además, solicitó que otro de los sospechosos fuera sometido a juicio como autor del delito de organización y financiamiento de comercio de estupefacientes. Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió el enjuiciamiento de otras seis personas como coautores de comercio de estupefacientes agravado por haber sido cometido con la intervención de tres o más personas de manera organizada, al tiempo que una de ellas también deberá responder como autora de adulteración o supresión del número o grabado de un arma de fuego y tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización.