El juez federal de Villa María, Córdoba, Roque Ramón Rebak, procesó sin prisión preventiva a tres empresarios por comercialización y transporte de materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes dado que consideró probada su participación -según los casos- en 11 hechos que involucraron operaciones para la adquisión, a lo largo de cuatro años, de más de 2400 litros de éter etílico, de 510 kilos de ácido sulfúrico de 98 por ciento de pureza y de 200 litros de ácido clorhídrico, todos precursores químicos utilizados para la fabricación de cocaína, y de cerca de 100 kilos de cafeína anhidra, una sustancia de corte que sirve para "estirar" el estupefaciente.

Con la medida, el juez Rebak hizo lugar al pedido de la fiscal federal de esa ciudad, María Virginia Miguel Carmona, y del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Adolfo Villatte, quienes el 13 de marzo pasado solicitaron al juez que dictara los procesamientos de los imputados a través de una pormenorizada presentación que fue la base de la resolución judicial.

Los procesados son Eugenio Ramiro Coppede (37), José Rufail (37) y el padre de este, Roberto José Antonio Rufail (58), quienes fueron detenidos en mayo de 2013 tras las interceptación del primero de ellos abordo de un Citroën C3, cargado con eter etílico, en el barrio residencial de Villa Belgrano, Córdoba. Esa oportunidad fue la primera vez que se hizo el seguimiento de una carga de precursores -para lo cual se postergaron las detenciones- con el objeto de llegar hasta sus destinatarios.

En base a la imputación de la Fiscalía y la Procunar, el juez consideró probado que entre octubre de 2009 y el 17 de mayo de 2015 la organización realizó o intentó realizar compras por un total de 2408,6 litros de eter etílico; 560 kilos de ácido sulfúrico; 213 litros de ácido clorhídrico; 1 kilos de hidróxido de potasio; y los cerca de 100 kilos de cafeína anhidra.

Los procesamientos incluyen el embargo para cada uno de los imputados en 100 mil pesos. En rigor, José Rufail está procesado por la comercialización de las materias primas, mientras que su padre Roberto José Antonio Rufail y Coppede además están procesados por su transporte. Este último tiene una situación más comprometida, pues su procesamiento también es por los delitos de usurpación de títulos y uso de instrumento público falso.

En efecto, las operaciones concretadas y los intentos de compra fueron impulsados por Coppede a través de identidades falsas, arrogándose títulos de ingeniero o doctor, y con la utilización de documentación apócrifa que le permitían sortear los controles de trazabilidad -es decir, su seguimiento desde el lugar de producción al de utilización- que tienen los precursores químicos por parte de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).

El juez Rebak dejó sentado en su resolución que, ante cada hecho de compra o intento de adquisición, Coppede actuó con una identidad falsa -además de ingeniero González también se hacía llamar ingeniero Pérez o doctor Lucas Asenatto- e invocando la también falsa representación de alguna firma "mediante la presentación de un certificado de inscripción ante la SEDRONAR" a nombre de diferentes empresas o instituciones.

De hecho, la denuncia que originó la pesquisa fue formulada por la SEDRONAR el 4 de noviembre de 2011, ante la detección de que un hombre que hacía llamarse ingeniero Héctor González había adquirido éter etílico en una empresa química de manera sospechosa.

De esa forma, se llegó a planear el seguimiento del desarrollo del delito. Tras una larga investigación, el procedimiento se llevó a cabo el viernes 17 de mayo de 2013 en un lugar ubicado en las afueras de Córdoba capital y contó con la colaboración de la empresa Dorwil S.A. -con sede en la Capital Federal-, que debía entregarle 72 litros de éter a Coppede.

Luego de la entrega, la policía siguió a Coppede hasta el barrio de Villa Belgrano, en Córdoba, donde logró detenerlo a bordo de un Citroën C3, propiedad de Rufail padre, que vivía en las inmediaciones, y para quien dijo que trabajaba. Así, la Policía solicitó la orden de allanamiento para ingresar en la vivienda de Roberto José Antonio Rufail y de su hijo José, quienes también fueron detenidos, aunque luego resultaron excarcelados.

El precursor había sido comprado por Coppede el 12 de abril de 2013 utilizando el seudónimo de "Dr. Lucas Asenatto". La Procunar informó que aquél imputado actuó siguiendo las instrucciones de los Rufail, quienes aportaron el dinero para concretar la maniobra.

Las escuchas telefónicas, el análisis de correos electrónicos y la detección de documentación falsa durante los allanamientos fueron también los puntales en los que se apoyó la investigación para desentramar las maniobras ilegales.

Tras la resolución judicial, el fiscal Villatte se declaró "satisfecho tanto con el trabajo realizado como con sus resultados". El titular de la Procunar puso de relieve que "con este tipo de investigaciones se da respuesta al pedido de la procuradora general, tanto de trabajar en conjunto con las fiscalías intervinientes, como de avanzar en investigaciones complejas contra los eslabones más encumbrados de la cadena de tráfico".

El fiscal general explicó al respecto que "el tráfico ilícito de precursores químicos es un delito que involucra indefectiblemente a empresas que tienen acceso a los mismos e intervienen en su desvío. Se trata de delitos que pocas veces son investigados por los jueces con profundidad por la complejidad técnica que conllevan".