En el marco de la reciente implementación del sistema acusatorio en el distrito, la Unidad Fiscal Resistencia formalizó la investigación penal y obtuvo la prisión preventiva de un camionero que quedó imputado por los delitos de transporte de estupefacientes y portación ilegal de arma de fuego, luego de que el viernes pasado fuera detenido en el puente interprovincial General Manuel Belgrano, del lado de la capital chaqueña, con casi 1.200 kilos de marihuana ocultos en cajones de verdura y con una pistola.

La imputación fue formulada por el fiscal federal a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Resistencia, Patricio Sabadini, y la fiscal interina del área, Ruth Hilgenberg, en una audiencia de formalización de la investigación y de control de la detención realizada el lunes pasado ante el juez de Garantías Ricardo Alcides Mianovich.

Además, a instancias del MPF, el juez convalidó la legalidad de la detención del imputado -identificado por sus iniciales A.E.Q.- y dictó su prisión preventiva por un plazo de 88 días corridos con vencimiento el 13 de marzo de 2026, la misma fecha que se señaló como plazo para completar la investigación penal preparatoria. Asimismo, autorizó las medidas de investigación solicitadas por el MPF.

Se trata de la primera formalización de una investigación que llevó adelante la Unidad Fiscal Resistencia desde que el pasado 1° de diciembre se puso en vigencia e ese distrito integrado territorialmente por las provincias de Chaco y Formosa,  el Código Procesal Penal Federal (CPPF), que implementa el sistema acusatorio adversarial en el fuero federal y pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal la dirección de todas las investigaciones.

El caso

Según señalaron los fiscales en la audiencia, el hecho se constató el viernes pasado a la 1 de la madrugada, en el control fijo de Gendarmería Nacional ubicado en el kilómetro 5 de la ruta nacional 16, a metros de la estación del peaje del Puente Interprovincial General Manuel Belgrano, construido sobre el río Paraná y que une las ciudades de Resistencia y Corrientes. En esa oportunidad, los gendarmes detuvieron la marcha de un camión Scania que no tenía colocada la patente delantera y decidieron controlar la carga.

El camionero dijo que venía desde el mercado de frutas de la ciudad de Corrientes con destino al de la ciudad de Resistencia. Sin embargo, cuando los gendarmes se dirigieron a inspeccionar el acoplado, sintieron un fuerte olor a marihuana y advirtieron a simple vista la existencia de bultos entre cajones de madera vacíos.

Los gendarmes realizaron la consulta al Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Resistencia del MPF, a cargo del fiscal interino Juan Marcelo Burella Acevedo, quien impartió las directivas iniciales y gestionó la orden judicial de requisa e incomunicación del sospechoso.

Autorizada la medida, en la inspección del vehículo se encontraron un total de 1.198,88 kilogramos de marihuana ocultos en bultos acondicionados entre cajones de verduras vacíos que se encontraban en el acoplado del vehículo.

En el marco del mismo procedimiento, el personal de Gendarmería encontró en el vehículo una pistola marca Bersa modelo TPR 380 -con dos cargadores y una total de 39 proyectiles, 17 de ellos de teflón-, para cuya portación el conductor no estaba autorizado.

La audiencia

Durante la audiencia de formalización, Sabadini y Hilgenberg solicitaron la prisión preventiva del imputado con fundamento en los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Argumentaron que los delitos imputados no permitirían una condena de ejecución condicional, ya que el transporte de estupefacientes tiene una pena en expectativa de entre 4 y 15 años de prisión, a la que se le podría sumar la de 1 mes a 4 años de prisión, prevista para la portación ilegal del arma de fuego.

Luego, sostuvieron que se trata de un “grave hecho de narcotráfico”, al mencionar que era un caso de transporte interprovincial de más de una tonelada de marihuana.

El juez de Garantías Ricardo Alcides Mianovich (arriba) y el fiscal Patricio Sabadini y la fiscal interina Ruth Hilgenberg (abajo), en la audiencia de formalización. Foto: Unidad Fiscal Resistencia

Además, señalaron que en el caso hay un “particular disvalor en la conducta incurrida” ya que, por un lado, existe la potencial afectación de la salud pública y social a “gran escala”, teniendo en cuenta el volumen del cargamento ilícito transportado y el valor económico del mismo.

Por otro lado, los fiscales mencionaron que no se puede descartar que “el imputado en libertad podría entorpecer efectivamente la investigación, haciendo desaparecer rastros del delito o amenazar testigos", entre otras conductas.

A su vez, resaltaron que “existe incertidumbre” en cuanto a la existencia de arraigo del imputado ya que aún no se pudo comprobar su residencia actual y efectiva en alguno de los tres domicilios aportados, como tampoco la existencia de un grupo familiar consolidado y/o trabajo en relación de dependencia.

Por último, a partir del informe aportado por el Registro Nacional de Reincidencia, se advirtió la existencia de un proceso penal anterior por infracción al código aduanero -en la jurisdicción del Juzgado Federal de Formosa-, en el que en 2023 se le concedió al imputado una suspensión del juicio a prueba, por lo que se plantea una situación de “reiterancia delictiva”.

Por todas las circunstancias que expusieron, el juez coincidió con los representantes del MPF al considerar que existe una “peligrosidad procesal” y, en consecuencia, dictó la prisión preventiva del imputado hasta el próximo 13 de marzo.