Intervino el fiscal general Julio Zárate

Río Gallegos: condenaron a un hombre a 4 años de prisión por tenencia de cocaína y marihuana con fines de comercialización en El Calafate

El condenado había sido detenido el 27 de septiembre del año pasado en un procedimiento donde le secuestraron más de 2 millones de pesos y 3.100 dólares. Los estupefacientes estaban camuflados dentro de plantillas o alpargatas.

En el marco de un acuerdo pleno, el Juzgado Federal de Río Gallegos condenó a cuatro años de prisión efectiva a un hombre detenido el 27 de septiembre del año pasado en El Calafate por la tenencia de cocaína y marihuana con fines de comercialización. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal general interino Julio Zárate.

Durante la audiencia llevada adelante el miércoles pasado, el juez Claudio Marcelo Vázquez homologó el acuerdo presentado por las partes y de esta manera consideró al imputado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, ordenó la destrucción de los 37,72 gramos de cocaína y los 38,43 gramos de marihuana que fueron secuestrados durante el operativo.

Por otra parte, dispuso el decomiso tanto de los 2.200.000 pesos y 3.100 dólares que se encontraron durante el procedimiento como de los teléfonos, balanzas y calzados donde se camuflaban los estupefacientes con el objetivo de lograr su transporte.

En la audiencia, el fiscal Zárate hizo foco en que la cantidad de sustancia ilícita hallada bajo el poder del implicado no solo superaba la cantidad atribuible al consumo personal, sino que estaba fraccionada, acondicionada y dividida en distintos envoltorios de nailon, lo que permitió inferir que se hallaba preparada para la venta.

“Sumado a ello, no pasan inadvertidos los demás elementos probatorios incautados en su domicilio, esto es la balanza de precisión, utilizada comúnmente para precisar en gramos la cantidad de sustancia estupefaciente que se pretende distribuir, como así la suma de dinero en efectivo secuestrada, y la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares secuestrados”, añadió el representante del MPF.

Mensajes telefónicos

El fiscal indicó que, a partir del análisis pericial de los dispositivos telefónicos secuestrados, se encontraron mensajes, audios, imágenes y videos relacionados con presuntas maniobras de compra, venta y/o comercialización de estupefacientes, lo que constituyó un indicio directo de la actividad ilícita atribuida.

Entre esas comunicaciones, resaltó que, el 20 de agosto del año pasado, el hombre recibió una foto en la que se visualizaba una balanza de precisión acompañada de un mensaje que evidenciaba que tenía control sobre la calidad o cantidad del producto.

En otro de los mensajes encontrados, del 20 de septiembre siguiente, una persona le pregunta por el estupefaciente y el imputado respondió afirmativamente, lo que, para la fiscalía, confirmó la vigencia de la actividad al momento del procedimiento.

El caso

El procedimiento se realizó inicialmente por parte de la justicia provincial, que el 27 de septiembre de 2025 llevó a cabo el allanamiento de un domicilio en El Calafate en el marco de un caso del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº1 de la ciudad santacruceña, a cargo de Carlos Albarracín, con intervención de la agente fiscal Natalia Mercado, titular de la Fiscalía de Primera Instancia de El Calafate. A partir del hallazgo del estupefaciente, se dio intervención a la Unidad Fiscal Río Gallegos y se procedió a la detención del hombre junto con la requisa personal y vehicular del imputado, en un marco de plena cooperación entre el fuero federal y local.

En la vivienda, la División Narcocriminalidad El Calafate de la Policía provincial de Santa Cruz secuestró diversas sustancias estupefacientes —acreditadas como tales inicialmente mediante pruebas de campo preliminares que dieron positivo para cocaína y marihuana— y elementos compatibles con una logística de ocultamiento y transporte.

A su vez, el 30 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, en la que se declaró la legalidad de la detención y se dictó la prisión preventiva.