En el marco de una investigación coordinada por un equipo de fiscales federales y del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, cuatro personas fueron detenidas hoy imputadas de integrar una organización criminal de alcance transnacional dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes desde Bolivia y Paraguay hacia la Argentina, con actividad en Salta, Córdoba y Santa Fe.

Como la acción de esta organización impactaba en distintas causas y jurisdicciones, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso la conformación de un equipo de fiscales integrado por la fiscal federal de Rosario, Adriana Saccone; el fiscal coordinador del Distrito Salta, Eduardo Villalba; y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. También participa el fiscal federal de Rosario Javier Arzubi Calvo.

La organización criminal tenía especial asiento en la ciudad de Ibarlucea, donde en enero pasado fueron perpetrados homicidios relacionados a la actividad de la banda y que motivaron una investigación del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe.

A partir de eso, este equipo federal a su vez formó un Equipo Conjunto de Investigación con los fiscales provinciales del MPA Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes también venían investigando a la organización.

Las detenciones se realizaron en el marco de 14 allanamientos en Santa Fe y Córdoba, ordenados por el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, que se ejecutaron en conjunto por la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección General de Aduanas y la Policía Federal, quienes contaron además con información de inteligencia criminal aportada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los detenidos y las maniobras de tráfico

De acuerdo con la hipótesis fiscal expuesta en el pedido de allanamientos, las personas hoy detenidas aparecen vinculadas con otras que "revistieron cierto peso y entidad en el ámbito de las organizaciones criminales investigadas en nuestro país y abocadas al tráfico de estupefacientes tanto a nivel local como internacional".

Se pudo establecer la vinculación de estas personas con distintos vendedores de drogas en el ámbito de la ciudad de Rosario y, a su vez, con un transporte de 389 kilos de cocaína secuestrado en 2020.

Según la imputación, la organización se dedica a realizar el transporte de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia la Argentina y a cambio de ese servicio de “taxi” -tal la palabra utilizada en la jerga de los traficantes- cobraba una comisión de aproximadamente 300 mil dólares. La tarea de transporte se le encomendaba a un piloto de su confianza y al menos parte de la droga era recogida en la República del Paraguay.