La Unidad Fiscal Rosario y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Región NEA imputaron formalmente por el delito de transporte y comercialización de estupefacientes a una mujer, su pareja —un hombre detenido en un penal federal— y el padre de este, quienes la semana pasada quedaron detenidos luego de que a la imputada se le secuestraran entre sus pertenencias más de seis kilos de cocaína cuando arribó en un micro a la Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno” de la ciudad santafesina de Rosario.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, las tres personas integraban una organización dedicada a trasladar estupefacientes desde la provincia de Salta para su posterior venta en localidades del sur de Santa Fe y del norte de la provincia de Buenos Aires. A todas se les impuso prisión preventiva.

La imputación fue formulada en una audiencia de formalización de la investigación realizada el 6 de marzo pasado en los tribunales federales de Rosario, ante el juez de garantías Román Lanzón. En representación del MPF, participaron el titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, Federico Reynares Solari, junto con el auxiliar fiscal Rodrigo Romero, y el fiscal Matías Scilabra, a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario y titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Región NEA.

Las tres personas involucradas fueron identificadas por sus iniciales como A.P.F. (la mujer), su pareja J.C.P. (un hombre detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz) y el padre de este último, C.P.P. , a quienes se les atribuyó la coautoría  del delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de transporte y comercio, agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Además, el magistrado dispuso para ellos prisión preventiva por 120 días.

En la misma audiencia también se formalizó la investigación respecto de otra persona, J.L.P. (tío del imputado que ya se hallaba detenido), por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. En su caso, el juez ordenó la libertad con reglas de conducta, entre ellas, la obligación de presentarse semanalmente en la comisaría cercana a su domicilio en la localidad santafesina de Alcorta, de donde son oriundas las personas involucradas.

Organización coordinada desde prisión

Durante la audiencia, los fiscales expusieron el caso. Describieron los hechos, los roles de los imputados y la cronología de las tareas investigativas que desembocaron en el procedimiento realizado el miércoles 4 de marzo en la terminal de ómnibus de Rosario, ubicada en Cafferata y Santa Fe, donde se secuestró la cocaína.

El fiscal Reynares Solari explicó que los imputados integraban un grupo dedicado al transporte de estupefacientes desde la provincia de Salta hacia la provincia de Santa Fe, para su posterior comercialización en la localidad santafesina de Alcorta, la bonaerense de Máximo Paz y sus alrededores, al menos al menos desde septiembre de 2025 hasta el día del operativo en la terminal, utilizando micros de larga distancia para trasladar la droga.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre el 3 y el 4 de marzo pasado los imputados llevaron adelante el transporte organizado de 6,241 kilogramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en seis paquetes tipo “ladrillo”, ocultos en una mochila negra dentro de globos tipo piñata de colores. La droga era trasladada por la mujer en un micro que había partido desde la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán con destino a Rosario.

Los seis kilos de cocaína incautados en la terminal numerados. Foto: Unidad Fiscal Rosario

El inicio de la investigación

La investigación se inició en septiembre de 2025 a partir de una denuncia anónima presentada ante la PROCUNAR, que señalaba la existencia de una organización dedicada al traslado de droga desde Salta hacia la localidad santafesina de Alcorta.

Según la información recibida, los estupefacientes eran luego distribuidos para su venta en distintas ciudades del sur de Santa Fe y del norte de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Villa Constitución, Elortondo, Colón y San Nicolás.

A partir de esa denuncia, se dispusieron intervenciones telefónicas, seguimientos, tareas de campo y allanamientos, además de una requisa en el pabellón de la cárcel federal de Marcos Paz donde  ya se encontraba detenido J.C.P., el imputado a quien se le atribuye  el liderazgo de la organización, quien ya cumple una condena a la pena de 3 años y 6 meses de prisión como autor del delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra y supresión de numeración.

Las medidas fueron realizadas por la Prefectura Naval Argentina (PNA), Zona Bajo Paraná, con la colaboración de la Gendarmería Nacional, a través del Escuadrón Antidrogas y de la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Aguaray”.

De Orán a Rosario

Según expuso el fiscal Reynares Solari, la maniobra investigada comenzó el 26 de febrero, cuando la mujer viajó a la ciudad de Orán. Durante su estadía mantuvo “diálogo permanente con su pareja”, quien desde el penal federal le dio indicaciones “respecto de cómo proceder”.

Según el fiscal, entre otras instrucciones, le dio detalles sobre el precio, el acondicionamiento y el traslado de la droga. También le indicó cómo adquirir teléfonos celulares y chips a nombre de terceras personas para evitar ser detectados.

Durante su estadía en Salta, la mujer también envió una encomienda a través de la empresa Andreani. Al momento de su detención, se encontró entre sus pertenencias el comprobante de ese envío, que tenía como destinatario a C.P.P.. Sin embargo, el paquete fue inspeccionado y no contenía droga.

Roles dentro de la organización

De acuerdo con la fiscalía, C.P.P. mantenía contactos frecuentes con su hijo y con la mujer imputada para coordinar la administración del dinero obtenido de la venta de la droga, incluyendo operaciones de compra de divisas extranjeras.

Además, según la investigación, advirtió a los demás integrantes del grupo sobre la posible existencia de pesquisas en su contra.

En el caso del imputado que permanece en libertad —J.L.P.—, su vinculación con el expediente surgió a partir del hallazgo durante allanamientos realizados el 4 de marzo en su domicilio de Alcorta, de dos escopetas, una pistola calibre .22 largo con cargador y municiones, que poseía sin la correspondiente autorización. Por ese motivo, se le imputó únicamente el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Las armas y municiones secuestradas en uno de los allanamientos. Foto: Unidad Fiscal Rosario