La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) formalizó la investigación preliminar contra un abogado penalista que visitaba periódicamente a presos de alto perfil, todos líderes criminales vinculados al narcotráfico alojados en establecimientos penitenciarios federales, con quienes establecía enlaces para la gestión de bienes de origen ilícito y la planificación del tráfico de estupefacientes.

Los representantes del MPF, le imputaron al abogado Iván Carlos M., de 53 años, integrar una asociación ilícita y utilizar su título profesional para actividades de intermediación, como la venta de propiedades y vehículos, acopio de armas de guerra, y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El juez de Garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, le dictó la prisión preventiva por seis meses.

La audiencia de formalización de la investigación preparatoria tuvo lugar el 19 de septiembre pasado, y de ella participaron el titular de la PROCUNAR, el fiscal general Diego Iglesias; el de la región NEA de esa oficina, el fiscal Matías Scilabra; y el fiscal Matías Mené de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario, quienes formalizaron la investigación, narraron los hechos atribuidos, la calificación legal y las evidencias que sustenta la imputación contra Iván Carlos M., quien fue detenido el 17 de septiembre al salir del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Al detallar las maniobras que desplegaba, los fiscales dieron a conocer la identidad de los presos de alto perfil que visitaba: Andrés Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico a 21 años en pena unificada; y Mario Roberto Segovia, el denominada "Rey de la Efedrina”, que cumple una pena a 17 años y 6 meses de prisión por tráfico internacional de efedrina y pseudoefedrina, y a 13 años por tráfico de armas.

También frecuentaba a Martín Lanatta, condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez; a Uriel Luciano Cantero (hijo del asesinado líder de Los Monos, Claudio Pájaro Cantero; César Morán de la Cruz, referente narco del porteño Barrio 31 de Retiro y condenado a prisión perpetua por homicidio; y Cristian Avalle, condenado también a prisión perpetua como líder de una banda ligada a Los Monos. Al abogado lo acusaron de integrar una asociación ilícita desde el 29 enero de 2025 -cuando le secuestraron cartas al también condenado René Ungaro-, hasta el 17 de septiembre, día en el que fue detenido.

Triangulaciones sistemáticas

“El principal objeto de este grupo criminal fue mantener la vigencia del patrimonio ilícito y las actividades delictivas de grupos criminales que los demás internos integraron, a través del intercambio de información, triangulación de comunicaciones, la retransmisión de mensajes mediante visitas y las gestiones que realizó por cuenta y orden de cada uno de ellos”, le endilgaron los fiscales al abogado.

La hipótesis de la PROCUNAR y la Unidad Fiscal Rosario es que, a partir de un abuso de su condición de abogado, recibía las directivas que emanaron de cada uno de los criminales presos mencionados para retransmitirlas a distintos actores operativos del exterior, y de esa manera eludir los controles penitenciarios del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).

De acuerdo a la hipótesis de los fiscales , lo que hizo Iván Carlos M. fue “garantizar la comunicación de los condenados con el exterior”, y con eso asegurar que las organizaciones criminales sigan funcionando desde la cárcel.

Ese accionar le permitió intermediar tanto en la gestión de bienes de origen ilícito como en la planificación vinculada al tráfico de estupefacientes. Para los fiscales, trianguló comunicaciones telefónicas de manera sistemática con Rodríguez Granthon y su pareja, Lucila R., que a diario le rendía cuentas sobre alquileres y propiedades que impactaron en el patrimonio del narcocriminal condenado.

La matrícula de abogado, una pantalla

Según el MPF, la relación del abogado con los presos no tuvo vínculo con el ejercicio de la abogacía. “No estamos frente a una relación profesional. Lo que hace es invocar su título para violar las restricciones que, por razones de seguridad, se imponen a los detenidos para comunicarse con el mundo exterior. No asesora jurídicamente a ninguno de los internos. No diseña estrategias procesales, no ejerce el derecho de defensa”, explicó Iglesias.

De acuerdo a la hipótesis expresada por los fiscales ante el juez, lo que hizo Iván Carlos M. fue “garantizar la comunicación de los condenados con el exterior”, y con eso asegurar que las organizaciones criminales sigan funcionando desde la cárcel. “La conducta de M. consiste en usar su matrícula de abogado como pantalla para burlar las normas penitenciarias y facilitar la continuidad de los planes criminales. Ese es su verdadero rol: ser el enlace entre los presos de alto perfil y el mundo exterior”, agregó el fiscal.

Al describir la evidencia, los fiscales recordaron que en julio 2025 compartió información con distintos allegados a Morales de la Cruz en el barrio porteño Padre Carlos Mujica, en la zona de Retiro, territorio donde operaba el referente narco. Además, el 7 de septiembre de 2025, tuvo contactos con Segovia luego de que éste mostrara interés en la compra de un campo propiedad de De la Cruz.

Según la acusación, luego, entre febrero y agosto de 2025, el abogado intervino como intermediario en la venta de una casa de Rodríguez Granthon a Uriel Cantero, y en la entrega de un vehículo marca Fiat Cronos Drive 1.3 MT, modelo 2021.

A través de distintas evidencias, como el secuestro de cartas y manuscritos, intervenciones telefónicas, registros del Servicio Penitenciario Federal, se acreditaron las periódicas visitas de Iván Carlos M. a la mayoría de los presos involucrados en la pesquisa, con algunos de los cuales planificó el tráfico de estupefacientes.

Armas y municiones

También se le atribuye el acopio en su domicilio de un arma considerada de guerra con alto poder lesivo: una carabina Anderson AM15, calibre .223, con numeración suprimida, desarmada en partes (con todos sus componentes) con accesorios para el armado, y un cargador de pistola Glock calibre 9 milímetros con capacidad para quince municiones.

Además, en la casa se hallaron dos cajas con marca “Magtech Tactical”, cada una con 50 municiones calibre .223, y una caja con inscripción “Remington High performance Rifle” con 20 municiones de fusil del mismo calibre. También se le atribuyó la tenencia con fines de comercialización de un envoltorio de 10,8 gramos de cocaína, y una balanza de precisión.

Sobre la carabina, los fiscales advirtieron la evidente similitud que tiene con los fusiles automáticos desarmados que resultaron ser la evidencia en la causa por la cual en abril pasado se condenó a Segovia a una pena de 13 años de prisión por contrabando de armas de fuego. Para graficarlo, los fiscales exhibieron fotografías comparativas de los fusiles.

“Pasamanitos”

Una de las comunicaciones expuestas por la fiscalía que puso en evidencia las triangulaciones ocurrió el 6 de agosto de 2025, cuando Rodríguez Granthon le pidió al abogado M. que interceda para venderle droga a Avalle. La transcripción de la charla da cuenta porcentajes, cantidades, y traslado de la droga, es la siguiente:

• Rodríguez Granthon: Cuentan con el dinero, para hacer de última un pasamanitos y ganamos los dos
• M.: ¿A quién le digo?
• Rodríguez Granthon: Déjame a mí que yo le propongo a Avalle que ahí para pasar...Y nos pueden pagar hasta tres, ocho, por ahí nueve.
• M.: Bueno.
• Rodríguez Granthon: Con la plata.
• M.: Tené en cuenta que después hay viáticos para llevar allá.
• Rodríguez Granthon: Y yo le digo a él que no hice para llevarlos hasta allá.
• M.: Viene gente de él acá, va a venir gente de él acá.
• Rodríguez Granthon: Yo ahora déjame que lo charlo, me haces el favor.
• M.: Decile tres nueve, tres nueve, decile.
• Rodríguez Granthon: Y le ganamos doscientos y doscientos. Arrancamos ahí primero, pero pregúntale después viste, capaz que a Avalle compre cuatro o cinco ¿entendés? Por lo menos ochocientos dolaritos para cada uno para arrancar un poquito del año.

En otro fragmento, Rodríguez Granthon dice: “Bueno yo le comento a Avalle por el tema de la mercadería actuemos ahí... Ojalá que me quiera comprar algo con la plata y después vamos a cuadrar cómo hacemos el viaje, para, pregúntale si te puede fiar algo. Si te llega a fiar algo, lo vendemos a cuatro o cinco, ganamos los dos, yo tengo para vender a cuatro o cinco”.

Los representantes del MPF, le imputaron al abogado Iván Carlos M., de 53 años, integrar una asociación ilícita y utilizar su título profesional para actividades de intermediación, como la venta de propiedades y vehículos, acopio de armas de guerra, y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los fiscales indicaron que en el extracto de la conversación con Rodríguez Granthon se reafirma la hipótesis sobre el caudal de droga que seguía coordinando desde prisión y su intención de reactivar el volumen de negocios a partir de la transacción con Avalle.

“Dile que si nos da una mano, aunque sea con poquito, yo te digo la verdad, si me dan un empujón... confinado estuve vendiendo 120 kilogramos hasta hace un año... Después solo que nos salió mal esa inversión... porque vendía los 120... La gente me venía pagando, cumpliendo todo, me pedían más. Y yo dije invierto la plata así́ bajo 200, 300 kilogramos y ahí bardié. Con poquito, como te digo, vamos a agarrar confianza, arrancamos con uno, cinco o diez, veinte, y de a poquito le vamos metiendo, después me quedo con mi ganancia”, dijo el condenado narcotraficante peruano en otro tramo de esa comunicación.

“Esta es una clara evidencia de que a partir de haber mejorado su situación, algo directamente relacionado con la comunicación con el exterior, Rodríguez Granthon pretendía volver a continuar sus actividades de tráfico”, remarcó Mené al reproducir las conversaciones que dieron sustento a la imputación.

Además, los fiscales denunciaron la violación a las reglas del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo. Según explicaron los fiscales, se detectó que personal del Servicio Penitenciario Federal llamaba al número de Iván Carlos M. para que se comunique con diferentes internos, pero el abogado utilizaba esa llamada para que los presos hablen con personas del exterior. Según los representantes del MPF, se trató de “una triangulación fraudulenta para burlar sistema restrictivo penitenciario”.

Al finalizar la audiencia, el juez Vera Barros ordenó la prisión preventiva del abogado por el plazo que seis meses.