25 de abril de 2024
25 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario
Rosario: piden enjuiciar a tres líderes y a quince integrantes de una organización narcocriminal
Uno de los cabecillas fue detenido en julio de 2019, en la autopista Rosario-Buenos Aires, cuando trasladaba 53 kilos de marihuana. Asimismo, se solicitó el sobreseimiento de otras tres personas y que se profundice la investigación respecto de otras dos.

El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, Claudio Kishimoto, y auxiliar fiscal Franco Benetti, le solicitaron al juez federal Marcelo Bailaque la elevación a juicio parcial de la investigación seguida contra tres líderes y quince integrantes de una organización narcocriminal, que operó entre julio de 2018 y abril de 2019 en aquella ciudad y sus inmediaciones. La acusación es por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas organizadas. Asimismo, los tres cabecillas responderán como organizadores, al tiempo que se pidió que se enjuicie a un policía, por comercio de estupefacientes agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad y por encubrimiento.

Por otra parte, los representantes del MPFN requirieron el sobreseimiento de tres hombres y pidieron que se profundice la investigación respecto otro hombre y de una mujer, en cuyo poder se encontró un arma sin la debida autorización.

Los hechos

En julio de 2018, a raíz de procedimientos preventivos realizados por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Rosario, se detuvo a cuatro personas, que fueron imputadas por la comercialización de drogas. Así, dada la modalidad, la fiscalía inició, el 10 de agosto de ese año, una investigación preliminar para establecer si existía una organización narcocriminal que operaba en las inmediaciones de las calles Felipe More y Uruguay, por lo que se encomendaron tareas de campo a la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina, que culminaron con la intervención de varias líneas telefónicas.

Con el devenir de la investigación se estableció que existía una organización criminal encabezada por tres hombres, quienes de manera conjunta y organizada con su entorno familiar y otros allegados, adquiría, guardaba, transportaba y comercializaba drogas en Rosario y sus alrededores, para lo cual contaba con cobertura policial.

A fines de abril de 2019, los investigadores advirtieron que la banda esperaba un importante cargamento de drogas, las cuales acopiarían en un galpón de la localidad de San Lorenzo y cuya adquisición y traslado fue negociado por uno de los cabecillas que viajó a la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz. Así, el 12 de abril, se interceptó en la Autopista Buenos Aires-Rosario un Chevrolet Agile en el que el viajaban dos hombres que transportaban 53,410 kilogramos de marihuana, acondicionados en 73 panes, al tiempo que eran secundados por un Peugeot 308, en el que viajaba uno de los líderes de la organización junto a otro de los integrantes.

Al día siguiente de las detenciones, se allanaron dieciséis inmuebles en los que se secuestró poca cocaína, marihuana, armas y municiones, balanzas de precisión y otros elementos de interés para la investigación, y se detuvo a otras personas que integraban la organización.

La investigación permitió descubrir  una organización encabezada por tres hombres, quienes de manera conjunta y organizada con su entorno familiar y otros allegados, adquiría, guardaba, transportaba y comercializaba drogas en Rosario y sus alrededores, para lo cual contaba con cobertura policial.

En su requerimiento, el fiscal federal Kishimoto entendió que estaba acreditado “que las sustancias estupefacientes que fueron secuestradas en los procedimientos ordenados en el marco de este expediente estaban dentro de la esfera de custodia de la banda narco-criminal que la poseía con un propósito distributivo, esto es, que estaban destinadas a su introducción al tráfico ilegal -dolo de tráfico-. Cabe poner de resalto aquí que la gran cantidad del estupefaciente incautado, su diversidad, la forma en que tal se encontraba acondicionado, el hecho de haberse secuestrado balanzas y armas -cuya finalidad se presume no es otra que la de mantener o asegurar la actividad ilícita- es suficiente para dar por acreditado que el destino de dicha sustancia era la de su comercialización sea a intermediarios para su posterior venta al menudeo o actos de comercio con consumidores; finalidad que además resulta asertiva al analizar el contenido de las comunicaciones mantenidas por los integrantes de la banda criminal desde los teléfonos cuyas líneas fueron intervenidas".

El fiscal añadió que "también fueron incautados manuscritos relacionados directamente con los hechos aquí investigados que contienen indicaciones sobre los precios respecto de la cantidad de estupefaciente que se distribuía con referencia a quienes las recibían".

Puso de relieve que "si bien ocurrió que en muchos de los domicilios allanados no se secuestró sustancia estupefaciente, la división de roles y funciones que desarrollaban los distintos sujetos integrantes de la organización criminal investigada -extremos habituales y lógicos en el marco de investigaciones sobre organizaciones criminales como las de marras-, denotan la imposibilidad de exigir que todos los integrantes al unísono tuvieren materialmente sustancia estupefaciente en su poder al momento de los allanamientos; más considerando que fue incautado un gran cargamento de estupefaciente acondicionado en panes que –obviamente- luego iban a ser procesados y distribuidos, transitando los diversos eslabones de la cadena de tráfico”.

En virtud de ello, la fiscalía solicitó al titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, que eleve a juicio la investigación contra los tres líderes  y los quince integrantes de la organización como coautores de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para la comisión del hecho. Asimismo, requirió que uno de los imputados fuera enjuiciado por comercio de estupefacientes doblemente agravado por la intervención de tres o más personas y por ser funcionario policial encargado de la prevención o persecución de delitos previstos en la Ley 23.737 de Estupefacientes y por encubrimiento agravado por ser funcionario público.

Además, las tres personas consideradas líderes de la banda también deberán responder como organizadores de tráfico de estupefacientes agravado por la cantidad de personas intervinientes.