Luego de una extensa investigación, durante el último fin de semana se realizaron varios allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Tucumán y en el Complejo Nordelta del partido de Tigre, que derivaron en la detención de nueve ciudadanos colombianos y tres argentinos, que fueron indagados anteayer, y en la orden de captura internacional de otras 16 personas.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sergio Torres tras secuestrarse casi cuarenta kilos de cocaína disimulados en un cargamento de cuarenta y seis (46) toneladas de arroz con destino a las islas de Guinea Bissau y a Marruecos, que fueron detectados por Gendarmería Nacional. El secuestro se produjo tras tareas de inteligencia que incluyeron escuchas telefónicas, antes de ser ingresado el cargamento en el puerto de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

La investigación fue llevada a cabo por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, a cargo de Sergio Torres -Secretaría n° 24, a cargo de Verónica Bresciani- con la intervención del fiscal federal Federico Delgado, quien cuenta con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Este organismo de la Procuración General aportó a la fiscalía información sobre parte del entramado de la organización, detectado en una investigación preliminar iniciada en esa dependencia.

Los procedimientos se realizaron en el marco de un trabajo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y en el que intervinieron la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de Gendarmería Nacional, la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y el Departamento Narcotráfico de la Dirección General de Aduanas. En los allanamientos se secuestraron armas de fuego, computadoras, documentación de interés y otros elementos utilizados para acondicionar y fraccionar droga, y dinero en efectivo por casi medio millón de pesos, casi cien mil dólares y 160 mil euros.

Con posterioridad se realizaron otros tres allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires en empresas y en un estudio jurídico, donde se procedió al secuestro de diversa documentación relativa a la existencia y movimientos contables de esas empresas, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La investigación se había iniciado en 2011 a partir de información suministrada por las autoridades de la Policía Nacional de Colombia y de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), mediante la cual se precisó la existencia de una presunta célula criminal, conformada en su mayoría por personas de nacionalidad colombiana, dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. La pesquisa contó con distintas etapas en las que se detuvo y elevó a juicio a distintos integrantes de esta agrupación criminal.

Según se informó desde la Procunar, el trabajo realizado en esta tercera etapa logró demostrar la existencia de una compleja célula criminal integrada por varias personas, mayormente de nacionalidad colombiana, con relación con diferentes grupos orientados a la concreción de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes a nivel internacional.

Además, la organización criminal contaba con un importante entramado de sociedades comerciales, cuyos miembros se encargaban de manejar el flujo de fondos de la banda y de llevar a cabo actividades vinculadas al lavado de activos para dar apariencia lícita a la ganancia producida por el narcotráfico y posibilitar su reutilización para mantener la arquitectura de la organización.