El juez de revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Guillermo Elías, dictó el martes pasado durante una audiencia de Control de Acusación el auto de elevación a juicio del caso seguido contra el ciudadano boliviano Teodoro López Vilca por el delito de transporte de estupefacientes, unos 106 kilos de marihuana y 43 kilos de cocaína. Se trata de un hecho descubierto el 27 de marzo pasado en el Paso Huaytiquina, ubicado en el límite fronterizo con Chile a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El acusado fue detenido por una patrulla de la Gendarmería Nacional, perteneciente al Escuadrón 22 San Antonio de los Cobres.

En la audiencia, el fiscal Villalba -asistido en la audiencia por la auxiliar fiscal Roxana Gual- recordó que López Vilca fue sorprendido en la madrugada, “a la luz de la luna”, cuando conducía una camioneta Toyota Hilux cargada con la droga.

Villalba señaló que el acusado circulaba con las luces apagadas, las ventanillas y otras luces tapadas con cinta para evitar ser descubierto. No obstante, personal de Gendarmería apostado en la zona pudo detectarlo con solo escuchar el motor del rodado.

El fiscal recordó que, ante la voz de alto, López Vilca gritó: “Narcotráfico, jefe”. De tal manera, delató su presencia en un camino de precipicio, no habilitado y a 600 metros del cruce Huaytiquina que le permitiría el ingreso a Chile, su destino final.

López Vilca, explicó el fiscal, había salido de Soniquera, un pequeño poblado en el departamento boliviano de Potosí. Indicó que ya son varios los ciudadanos de dicha comunidad detenidos en la misma ruta y con importantes cargas de droga.

Para consolidar la acusación, el fiscal señaló la prueba reunida y que será producida en el juicio, pues sostuvo que todos los elementos colectados permiten a la fiscalía avanzar con este caso a debate.

Gravedad

Villalba resaltó la gravedad del hecho, por el grave daño a la salud que representaba la carga transportada y estimó la pena que podría caberle al acusado en 10 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes.

A su turno, la defensa de López Vilca no objetó la acusación fiscal. En la etapa de presentación de pruebas, en cambio, se opuso a la incorporación de las actas y otros documentos propios de la investigación.
El planteo de los defensores estatales fue rebatido por la fiscalía y rechazado de plano por el juez Elías, quien volvió a repasar las normas legales establecidas en el Código Procesal Penal Federal que permiten la prueba documental en el juicio.

Ya en la etapa de análisis de las medidas de coerción, la fiscalía solicitó que se extienda la prisión preventiva del acusado en base al riesgo de fuga ante la expectativa de pena planteada, la falta de arraigo, la gravedad del hecho y el compromiso internacional del Estado argentino de combatir el narcotráfico.

La defensa, por su parte, tampoco se opuso a la prórroga, que finalmente fue establecida por el juez en un lapso de 40 días, tiempo en el que se podría iniciar el juicio correspondiente.