El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Abel Fleming. Gabriela Catalano (presidenta) y Domingo Batule, condenó el viernes a Ricardo Torrez Gallardo y Gabriel Martínez a penas de ocho y nueve años respectivamente por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores.

Martínez recibió la condena más alta porque además portaba un arma de guerra.  También se ordenó el decomiso de un vehículo Fiat Fiorino, teléfonos celulares, armas de fuego y la aplicación de multas a los condenados.

Tanto las penas, como los bienes decomisados corresponden a lo requerido por el fiscal federal José Luis Bruno -a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán-, quien representó al Ministerio Público Fiscal (MPF) durante el debate que se desarrolló la semana pasada.

El fiscal, tanto en los alegatos en la apertura del juicio como al cierre, ratificó la acusación penal contra ambos acusados. Explicó que Torrez Gallardo, oriundo de la localidad boliviana de Tarija, fue detenido el 4 de abril a la noche, cuando una patrulla del Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional acudió en auxilio de un vehículo volcado a la vera de la ruta 34, en la localidad de Coronel Cornejo.

Los gendarmes -según relataron en el debate- regresaban de realizar tareas en un puesto de control vehicular, cuando a la altura del kilómetro 1.415, vieron un Fiat Fiorino volcado. Al acercarse, uno de los ocupantes del vehículo se dio a la fuga, esto motivó que dos efectivos lo persiguieran. Mientras tanto, otro gendarme se dispuso a revisar el vehículo y descubrió una importante carga de droga.

El fiscal Bruno indicó que se encontraron 14 bolsas del tipo arpillera repletas de ladrillos de cocaína, por un total 234 kilos con 700 gramos.

Los gendarmes capturaron al ocupante del vehículo que fue identificado como Torrez Gallardo, quien además llevaba una mochila con una pistola, un celular, un cargador y el DNI de otro implicado. En el rodado, además, encontraron un arma de fuego y un teléfono.

La investigación

A partir de estas evidencias, el 6 de abril del año pasado, la fiscalía formalizó el caso por el delito de transporte de estupefacientes, calificación que luego fue agravada por el número de personas intervinientes, ya que de las pesquisas surgió que otras dos personas más estuvieron involucradas.

Uno de ellos era Martínez, quien fue identificado a raíz de la pericia realizada a uno de los teléfonos secuestrados, medida de prueba contra la cual la defensa solicitó su nulidad al cuestionar defectos en su realización, este planteo no fue aceptado por el tribunal.

El fiscal Bruno solicitó así la detención de Martínez, que ocurrió el 15 de junio, cuando una patrulla del Escuadrón 45 Salta, de Gendarmería Nacional, realizó un control de rutina a un automóvil Hyundai Creta que no respondió a la orden de detención en un puesto de control ubicado sobre la ruta 5, en la localidad de Las Lajitas, en el sur de la provincia. A los pocos kilómetros de la persecución, el rodado se detuvo en la banquina, tras lo cual sus tres ocupantes descendieron y escaparon hacia el monte. Al salir en su búsqueda, los gendarmes atraparon a uno de ellos, al que pudieron identificar como Martínez.

Al ser reducido, el acusado tenía en su poder una carabina, descripta como arma de guerra. Al día siguiente, se formalizó la imputación penal en su contra, tanto por su participación en el transporte de los 234 kilos de cocaína en Coronel Cornejo, como por la portación ilegal del arma de fuego.

El fiscal Bruno, en vista de los elementos de pruebas reunidos contra los acusados -tarea en la que intervinieron el pro secretario Sebastián Spucches y el auxiliar Fiscal Francisco Valencia-,  solicitó la declaración de responsabilidad penal (culpabilidad), planteo que fue compartido por los jueces del tribunal. Ya en la etapa de Cesura (determinación de la pena), luego de exponer respecto a los hechos (secuestro de la droga con una importante pureza del 74 %) y extremos de la escala penal y la situación personal de los imputados, la fiscalía solicitó la pena de 8 años y 9 años de prisión efectiva respectivamente para los imputados, que finalmente fue resuelta y aplicada en la sentencia por los jueces del tribunal actuante.