El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a penas de entre 3 y 15 años de prisión a los siete integrantes de una organización narcocriminal conformada por gendarmes en actividad, exonerados o aspirantes a esa fuerza, que fueron juzgados por dos transportes de cocaína que totalizaron 334 kilos y fueron desbaratados en procedimientos realizados en 2024 en la provincia.

La investigación fue impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, con la intervención de la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y del investigador Facundo Saravia.

Además, el tribunal presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por los jueces Domingo Batule y Diego Matteucci, dispuso el decomiso de una vivienda ubicada en Orán y de tres camionetas —dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux— utilizadas por la organización para desarrollar sus actividades ilícitas.

Las audiencias de debate comenzaron el 19 de diciembre pasado. El 29 de abril de este año el tribunal declaró la responsabilidad penal de los siete acusados y, tras el correspondiente juicio de cesura, el 27 de mayo la fiscalía formuló su alegato, en el que había pedido penas de hasta 16 años de prisión para los principales acusados.

El fiscal federal Ricardo Toranzos durante su alegato, junto al investigador de la Unidad Fiscal Salta, Facundo Saravia. Foto: S. Rodríguez / MPF

De acuerdo con lo señalado por la fiscalía, por lo montos de las penas y la cantidad de condenados, se trata de una de las sentencias más relevantes dictadas en Salta por el delito de transporte de estupefacientes desde la implementación del sistema acusatorio federal el 10 de junio de 2019.

Las condenas

En la audiencia realizada ayer se dieron a conocer las condenas. Richar Ariel Delgado, gendarme exonerado, y Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, finquero de Orán, recibieron penas de 15 años de prisión como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en dos hechos.

Por la misma calificación legal, Jonathan Leonel Ostapowicz, comerciante de Posadas, fue condenado a 14 años de prisión.

Adrián Emilio Escarlata, también exonerado de la Gendarmería Nacional, recibió una pena de 12 años de prisión por su participación en uno de los transportes investigados.

Por su parte, Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional destinado al momento de los hechos en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, y además hermano de Richar Delgado, fue condenado a 9 años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado tanto por la cantidad de intervinientes como por su condición de funcionario público.

En tanto, Federico Rubén Batista, también miembro activo de la fuerza federal, y Francisco Agustín Flores, aspirante a incorporarse a ella, fueron condenados a 3 años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios.

Los casos

La investigación se inició a partir de un procedimiento de flagrancia, pero avanzó hasta revelar una organización con una compleja estructura logística integrada por gendarmes en actividad, exonerados y colaboradores civiles.

El primero de los dos hechos imputados ocurrió el 19 de mayo de 2024 en la localidad salteña de General Pizarro, donde fue detenido Diego Delgado mientras transportaba 303 kilos de cocaína ocultos en una camioneta Toyota Hilux que conducía desde Orán con destino a Buenos Aires.

Los 303 kilos de cocaína secuestrados el 19 de mayo de 2024 al primer gendarme detenido. Foto: Gendarmería Nacional

La pesquisa estableció que el vehículo había sido aportado por Ostapowicz desde Posadas, Misiones, y que el operativo había sido financiado por Richar Delgado. También se acreditó que Batista fue quien retiró la camioneta y la trasladó hasta Buenos Aires para que posteriormente fuera utilizada en la maniobra.

El segundo episodio fue el 26 de octubre de ese mismo año, en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Allí fue detenido Escarlata cuando transportaba 31 kilos de cocaína ocultos en la rueda de auxilio de una camioneta Volkswagen Amarok.

Según la acusación probada por la fiscalía durante el juicio, Ruiz Apaza proveyó el estupefaciente y, junto con Flores, realizó tareas de vigilancia y acompañamiento en otro vehículo que funcionó como “coche puntero”.

El grupo de WhatsApp que reveló el funcionamiento de la banda

Uno de los elementos clave de la investigación y exhibidos por la fiscalía durante el debate fueron las comunicaciones extraídas del grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, creado por integrantes de la organización para coordinar sus actividades.

A través de esa aplicación de mensajería, los acusados intercambiaban información sobre los traslados de droga, organizaban movimientos logísticos y compartían conocimientos vinculados con los controles de las fuerzas de seguridad.

La prueba exhibida durante el juicio permitió acreditar que algunos de los acusados compartían explicaciones sobre distintas modalidades para ocultar cargamentos en vehículos y recomendaciones para eludir los controles ruteros.

Para la fiscalía, esos intercambios resultaron una evidencia clave para reconstruir la dinámica interna de la organización, identificar la distribución de roles y demostrar el aprovechamiento de conocimientos específicos adquiridos por algunos de los acusados durante su paso por la Gendarmería Nacional.

Para completar el perfil de los acusados y el grado de identificación que tenían con la actividad criminal que desarrollaban, el fiscal Toranzos también hizo referencia en su alegato a una caricatura de gran tamaño hallada durante la investigación. En ella, los imputados aparecían representados alrededor de una mesa de juego con dados y una ruleta, mientras que Ruiz Apaza era retratado en el centro de la escena con una cadena de oro con el símbolo “$”. La ilustración incluía además armas cortas y largas, una manopla y figuras emblemáticas del narcotráfico internacional, como Pablo Escobar Gaviria y Joaquín “Chapo” Guzmán.

La gravedad de los hechos

Al fundamentar las penas, la presidenta del tribunal destacó la magnitud de la maniobra investigada, la cantidad de droga secuestrada y el nivel de organización evidenciado durante el debate.

“Si esa droga hubiera llegado a destino podría haber afectado a más de dos millones de personas”, señaló Catalano al referirse a los resultados de los peritajes químicos practicados sobre los estupefacientes secuestrados que establecieron un promedio de producción de más de 2.700.000 dosis, con una pureza del 84%.

“La salud pública es la salud de la sociedad entera; cada dosis afecta no solo al adicto, sino también a su familia y a toda la comunidad”, sostuvo.

Foto: Sebastián Rodríguez / Ministerio Público Fiscal

La jueza remarcó además que la causa puso de manifiesto una estructura con una importante capacidad logística y financiera, reflejada en la utilización de distintos vehículos, traslados aéreos, alojamientos y recursos destinados a concretar los transportes investigados.

Asimismo, destacó la tarea realizada por la fiscalía y la abundante prueba producida durante el debate, que permitió reconstruir la participación de cada uno de los acusados y el nivel de responsabilidad que les correspondió dentro de la organización.

Al analizar el agravante vinculado con la intervención de tres o más personas, la magistrada sostuvo que la banda evidenció una clara distribución de funciones, una importante planificación previa y una estructura consolidada que operaba desde mucho antes de los hechos juzgados.

“En este caso, tenemos muchas personas que ya venían organizadas de mucho antes. No es espontáneo, que de pronto suben a un vehículo y parten, no. Acá había una clara distribución de roles, de uso de vehículos por un tiempo, para después plotearlos a fin de que la fuerza de seguridad no lo reconozca. Esto demuestra una financiación enorme a los fines del traslado de la droga”, señaló.

También resaltó el aporte especial realizado por los gendarmes involucrados en la organización. En ese sentido, afirmó que aprovecharon conocimientos adquiridos durante su formación y desempeño como gendarmes para facilitar las maniobras criminales.

“Utilizaron conocimientos propios que tienen de la fuerza”, señaló la jueza, tras repasar la participación de Diego Delgado, Richar Delgado, Batista y Escarlata.

“Lo usaron para delinquir mejor”, agregó, al remarcar que se valieron de herramientas y experiencia obtenidas durante su formación como miembros de una fuerza de seguridad encargada de proteger a la sociedad.

Entre otros aspectos, el tribunal también valoró el contenido de las comunicaciones mantenidas en el grupo “Los Peluches”, al considerar que constituían una muestra del grado de organización, planificación y profesionalización alcanzado por la estructura criminal.