A instancia de los resultados de una minuciosa investigación penal impulsada por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, y el fiscal general Eduardo Villalba, a cargo de la regional NOA de esa oficina especializada, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación requerida contra ocho personas detenidas por asociación ilícita, 2 hechos de transporte de estupefacientes y 38 de lavado de activos.

La acusación recayó sobre Melisa Alemán y Emmanuel Gabriel Cala, en calidad de jefes respecto al primero de los delitos, mientras que en como miembros quedaron imputados sus hijos Facundo, Alex, Dalci y Kevín, seguidos de Marcelo Nicolás Juárez, Iris Ibáñez y Danner Felipe Dávalos Bolívar.

La audiencia se desarrolló el viernes pasado y contó con la participación del auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, de la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi y del fiscal coadyuvante, Matías Álvarez.

La detención de los acusados había ocurrido un día antes, el jueves pasado, como resultado de múltiples allanamientos concretados en inmuebles ubicados en Salta y en Córdoba, en los que también se secuestraron 9 vehículos, 8 motocicletas, más de 61 mil dólares y cerca de 2 millones de pesos, entre otros elementos de interés para el caso.

Con excepción de Dávalos Bolívar, oriundo de Bolivia, el resto de los acusados son parientes.

Al presentar el caso, Gamba Cremaschi sostuvo que la investigación se inició en 2021 y tiene carácter interjurisdiccional. “La organización ilícita desbaratada operaba desde 2011 y lo hacía mediante maniobras de narcotráfico y de lavado de activos”, afirmó.

La auxiliar fiscal sindicó a Cala y Melisa Alemán como líderes y al resto de los parientes detenidos en calidad de miembros de una organización del tipo “clan familiar”, con “carácter estable y división de roles”, lo que le permitió a lo largo del tiempo la adquisición de droga a través de proveedores de Bolivia.

Explicó que el estupefaciente, luego, era transportado para su comercialización en Salta, Santiago del Estero y Córdoba, y concluyó que eso evidenciaba el despliegue territorial que había logrado la organización. Añadió que, como producto de estas actividades ilícitas, los acusados “adquirieron gran cantidad de bienes, siendo estas las maniobras de lavados de activos imputadas”.

La detención de los acusados había ocurrió el jueves pasado, como resultado de múltiples allanamientos concretados en inmuebles ubicados en Salta y en Córdoba, en los que también se secuestraron 9 vehículos, 8 motocicletas, más de 61 mil dólares y cerca de 2 millones de pesos.

Origen de la investigación

Antes de referirse a los roles, la auxiliar fiscal reveló que la investigación se inició a partir de un informe de la División Antidroga de Santiago del Estero de la Gendarmería Nacional.

Explicó que el reporte describió a los acusados como proveedores de una organización liderada por Juan Guerrero, investigada desde 2020. Indicó que el aspecto que llamó la atención de los investigadores fue el envío de sumas de dinero a los líderes del clan que operaba desde Salta.

Expuso entonces que, a partir de estos datos, desde la PROCUNAR NOA se dispusieron una serie de tareas de campo e inteligencia criminal que permitieron confirmar la sospecha y ampliar el conocimiento respecto a los integrantes de la organización y las actividades ilícitas que llevaban adelante.

En cuanto a los roles, explicó que Cala y su pareja “distribuían tareas” al resto de los acusados, y que se advirtieron frecuentes viajes a Córdoba y Santiago del Estero. “Ellos disponían los pagos y determinaban quiénes debían viajar, ya sea con estupefacientes o con dinero”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que Cala ejercía una participación personal en la logística de las operaciones de tráfico, mientras que su pareja era quien intervenía en la adquisición de la droga, pues posee contactos con proveedores en Bolivia. “Siempre estaba atenta a que los integrantes se comuniquen vía WhatsApp y no por línea, a fin de no ser descubiertos”, agregó.

Añadió que Cala se ocupaba de adquirir y proveer los teléfonos celulares para la comunicación entre los integrantes de la organización, tarea que la relacionaba directamente con Dávalos Bolívar, quien ejercía un rol clave, pues era el encargado del servicio técnico del área de informática.

“Este miembro del clan, en particular, era responsable de gestionar las cuentas web utilizadas por la organización y se encargaba de borrar información de los celulares que eran usados por los acusados”, precisó la auxiliar fiscal, quien destacó que, de las intervenciones telefónicas, surgen pedidos para “limpiar” algunos teléfonos.

“Esto -resaltó- fue comprobado en el procedimiento de detención, pues en su poder tenía un cuaderno en el que tenía registradas las claves pertenecientes a Melisa Alemán”. En el allanamiento a su vivienda, en el barrio Ceferino, se secuestraron 52.500 mil dólares y una suma cercana al millón de pesos.

La fiscalía imputó un total de 38 hechos vinculados al lavado de activos, que incluyen la adquisición de inmuebles, vehículos y otros bienes por parte de la organización a lo largo de 15 años, como producto de las ganancias obtenidas por las actividades ilícitas de narcotráfico.

En relación a Ibáñez, la auxiliar fiscal refirió que tenía como rol principal el traslado de dinero, tanto a Santiago del Estero y Córdoba, como a Salvador Mazza, en Salta, pues era quien realizaba los pagos de la organización, función que la fiscalía considera probada en los numerosos viajes realizados y la declaración de un imputado colaborador.

En este contexto, apuntó a Dalci Alemán como administradora de los bienes. Indicó que realizaba algunos pagos y que estaba al tanto de las operaciones de tráfico, rol que, a su vez, compartía con su pareja y el resto de sus hermanos, quienes tenían bienes registrados a sus respectivos nombres y sin contar con la capacidad económica para su adquisición.

La auxiliar fiscal resaltó, entre otros detalles, el uso de armas por parte de los integrantes de la organización, lo cual surgía de una escucha telefónica en la que Cala le dijo a su hija: “Ustedes siempre tengan el arma a mano, dásela a Nico (por Juárez), la tengan a mano por las dudas”. Dalci contestó: “Yo la tengo, ahí está conmigo”.

Gamba Cremaschi mencionó que, al momento del allanamiento, en la casa que la familia posee en la zona de Atocha, el personal de la Gendarmería observó que uno de los acusados arrojó un arma de fuego al patio del vecino y luego fue secuestrada una pistola 9 milímetros.

Transportes y antecedentes

Respecto a las acusaciones por transporte de estupefacientes, la fiscalía indicó que a Cala se le imputa su participación como organizador y financista en un hecho registrado el 20 de agosto de 2022 en la ruta nacional 5, a la altura del paraje Yuchán, caso que se tramitó en el Juzgado Federal de Orán.

En este caso, se detectó el transporte de 102 kilos de cocaína en un camión con semirremolque conducido por un hombre que resultó condenado por ese rol.

De acuerdo a la acusación fiscal, la relación de Cala con este procedimiento surge de múltiples conversaciones telefónicas mantenidas en lenguaje encriptado entre el acusado y el transportista. En el caso se detectaron evidencias de otros cinco viajes con droga que habrían sido concretados con anterioridad.

El segundo hecho imputado a Cala, por la misma calificación legal, se registró el 28 de mayo de 2023, en la ruta nacional 68, a la altura del puesto fijo Viñaco, cuando se detectó una camioneta Toyota y un Ford Focus, utilizado el primero como coche de carga y el segundo como “puntero”. En los laterales de la caja viajaban 95 paquetes de droga, equivalentes a casi 98 kilos de cocaína; fueron detenidas tres personas.

El juez Bavio accedió a todos los requerimientos de la fiscalía, tanto respecto a la formalización de las imputaciones, la declaración del caso como complejo, los plazos de detención y los peritajes solicitados a fin de avanzar con la investigación.

La principal prueba de la vinculación de Cala a este caso surgió de la manifestación de uno de los implicados, quien lo identificó como el dueño de la droga. También brindó otros detalles que coincidieron con la estructura de la organización.

Por otro lado, la fiscalía imputó un total de 38 hechos vinculados al lavado de activos, que incluyen la adquisición de inmuebles, vehículos y otros bienes por parte de la organización a lo largo de 15 años, como producto de las ganancias obtenidas por las actividades ilícitas de narcotráfico.

Entre los bienes, se especificó una propiedad ubicada en un barrio privado en la localidad de Rosario de Lerma; otro en un country, en “La Docta”, en la provincia de Córdoba, y otros dos en la localidad de Atocha, en Salta.

En cuanto a los automotores adquiridos como parte del lavado, la fiscalía describió nueve vehículos, todos secuestrados, entre los que se destacan un Volkswagen Polo, tres Fiat Cronos, un modelo Sporting y otro Stylo; un Chevrolet Cruz, una camioneta Ford Ranger, una VW Amarok y una Toyota Hilux. A ellos, se suman ocho motocicletas.

De manera complementaria, el auxiliar Viltes Monier describió la abundante prueba reunida durante la investigación y los antecedentes penales de los acusados. Entre ellos, se encuentra una condena de 4 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes dictada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta el 22 de agosto de 2008 contra Melisa Alemán y su madre.

Mencionó también otra condena dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta el 17 de marzo de 2019 contra Cala por el delito de transporte de estupefacientes, hecho por el que recibió una pena de 4 años y 4 meses de prisión.

Asimismo, informó que Ibáñez junto a su hija, Melisa Alemán, y su yerno se hallaban en calidad de prófugos en una causa tramitada en el Juzgado Federal de Garantías de Orán por un hecho de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes ocurrido el 15 de noviembre de 2011 en la localidad de San Pedro, cuando se detectaron dos vehículos que eran parte del traslado de 70 kilos de drogas.

Por su parte, el fiscal Álvarez solicitó y fundó la prisión preventiva de todos los imputados, lo cual justificó en la gravedad de los hechos, la logística y el riesgo de fuga y entorpecimiento, aspectos en los que puso énfasis debido al poder adquisitivo de la organización y las maniobras desplegadas para evadir al Poder Judicial, como la tarea de “limpiar” celulares que tenía el imputado Bolívar.

Las defensas, en tanto, apelaron a fundar una morigeración de la medida de coerción requerida, para lo cual plantearon la prisión domiciliaria. El fiscal Villalba rebatió los argumentos y remarcó que el peso de las imputaciones y de las pruebas expuestas no admiten cuestionamiento alguno.

Al resolver, el juez Bavio accedió a todos los requerimientos de la fiscalía, tanto respecto a la formalización de las imputaciones, la declaración del caso como complejo, los plazos de detención y los peritajes solicitados a fin de avanzar con la investigación.