La Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y representada por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, formalizó la investigación penal e imputó por transporte de estupefacientes agravado a tres jóvenes acusados de llevar 49,5 kilos de cocaína dentro de sus mochilas mientras viajaban en un micro de larga distancia que había salido de la ciudad de Salta y se dirigía a San Miguel de Tucumán.

En la audiencia, el juez federal de Garantías N°2 de Salta, Diego Anzorreguy, hizo lugar a la imputación formulada y dictó la prisión preventiva por tres meses para los implicados.

De acuerdo con lo que expuso la representante del Ministerio Público Fiscal, el 31 de agosto pasado, personal de Gendarmería Nacional detuvo un colectivo de larga distancia a la altura del puesto de control de Cabeza de Buey, a la altura de la ruta 34. Como parte de las tareas de rutina, se realizó una requisa general de las pertenencias de los pasajeros.

En ese momento, detectaron que en las mochilas de M.B.C., F.J.C. y S. F. P. se veía, a simple vista, paquetes del tipo "ladrillo", por lo que los gendarmes solicitaron autorización judicial para avanzar. Tras ello, se descubrieron 47 paquetes que contenían los casi 50 kilos de cocaína, por lo que se procedió a detener a los implicados.

Durante la audiencia, la fiscalía requirió que se dicte la prisión preventiva para los tres imputados debido a que consideró que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. A ello le agregó que se trata de un hecho de "suma gravedad", ya que la cantidad de droga que transportaban "no era menor".

En total, se secuestraron 47 paquetes con cocaína que estaban guardados en las mochilas de los tres implicados. Foto: Gendarmería Nacional.

Agregó que, de las evidencias reunidas hasta el momento, surgía claramente que la sustancia no fue adquirida por ellos y que existían indicios de que podrían existir otras personas implicadas en la maniobra. La defensa solicitó que la detención se cumpla de manera domiciliaria, propuesta a la que la fiscalía se opuso. En ese sentido, resaltó la circunstancias y naturaleza del hecho, la expectativa de pena — que impide la aplicación de un beneficio condicional— y el daño a la salud pública que representaba la importante cantidad de droga que transportaban. El juez coincidió con la postura de la fiscalía, no hizo lugar al pedido de morigeración que hizo la defensa y dictó la prisión preventiva.