El titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, José Luis Bruno, le solicitó al responsable del Juzgado Federal de dicha jurisdicción, Jorge Gustavo Montoya, la elevación a juicio de la investigación seguida contra tres personas en orden al delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

La investigación

La causa se inició en agosto de 2017, cuando un agente de la División Reunión y Análisis de Información “Tartagal” de la Policía de la Provincia de Salta -que esperaba para abordar un colectivo en la localidad de Salvador Mazza- vio pasar una motocicleta Rouser con dos hombres. Le llamó la atención que el acompañante mirara hacia atrás como intentando comunicarse con alguien, al tiempo que hablaba por celular. Asimismo, a unos 500 metros advirtió otra moto Yamaha Cripton, conducida por un hombre que también parecía comunicarse por teléfono.

Ante esto, el oficial pidió apoyo a la División Drogas Peligrosas del Sector 43, de Salvador Mazza. Así, comenzó un seguimiento de ambas motocicletas por la Ruta Nacional N°34, hasta que a la altura del kilómetro 147, en el Paraje Campo Blanco de la localidad de Aguaray se pudo detener la motocicleta Yamaha. Dentro de la mochila que llevaba el conductor se encontraron 12 paquetes que al ser analizados resultaron ser 12,230 kilogramos de cannabis sativa, en una concentración de entre el 1,4% y el 1,6% de pureza. Por su parte, la motocicleta Rouser y sus dos ocupantes fueron interceptados por personal de la Subcomisaría Aguaray, un kilómetro más adelante.

Oportunamente, los detenidos fueron indagados y procesados por el juez federal Jorge Montoya. Ahora, en base a las pruebas recolectadas, el fiscal Bruno solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra los imputados como autores de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, dado que “actuaron organizadamente para llevar adelante un plan común” y dos de los involucrados no sólo se conocían sino que se comunicaron telefónicamente –de acuerdo a los peritajes practicados sobre los teléfonos celulares incautados- el día anterior al hecho y en el momento en que se llevó a cabo el procedimiento.