La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, solicitó la elevación a juicio oral de una causa en la que, a partir de una investigación derivada de una avioneta abandonada en 2022 en el partido bonaerense de Pergamino, 14 personas están acusadas de conformar una estructura narcocriminal con conexiones en Bolivia, Perú y Paraguay. La organización utilizaba “mulas”, talleres mecánicos en provincia de Buenos Aires para acondicionar la droga y cuevas financieras para el lavado del dinero producto de la actividad ilícita.

El representante del Ministerio Publico Fiscal pidió que los y las 14 implicados/as sean juzgados por el delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de transporte, almacenamiento, distribución y comercio.

Del avión siniestrado en Pergamino al Barrio Mugica

La investigación, que contó con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, se inició a partir del hallazgo de una aeronave siniestrada abandonada, sin matrícula ni ocupantes, en mayo de 2022, en una finca en la zona rural de El Socorro, jurisdicción de Pergamino, la cual presentaba las características haber emprendido lo que se conoce como un “narcovuelo”.

A partir de ese hecho se desprendió una investigación que permitió identificar la red criminal liderada por un ciudadano de nacionalidad peruana identificado como David Forton Salinas, alias “Piedrita”, quien aún permanece prófugo con una orden de captura vigente. Se determinó que su domicilio era la casa de su suegra, en el porteño barrio Padre Mugica (ex Villa 31 de Retiro), donde residía junto a su esposa y tres hijos.

A partir de tareas de campo en el lugar y de intervenciones telefónicas, personal del Escuadrón de Inteligencia Criminal Buenos Aires Sur de Gendarmería Nacional (GNA), se identificaron a otras personas pertenecientes a su grupo familiar, como así también los vehículos que frecuentaban o permanecían estacionados frente al domicilio.

La investigación conectó y entrelazó diversas evidencias y expuso a una red que no solo traficaba, sino que también producía drogas sintéticas y lavaba sus activos en el circuito financiero informal de la calle Lavalle, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los 14 imputados y sus roles

Las 14 personas acusadas de integrar la organización narcocriminal para las que el fiscal Di Lello pidió juicio oral son: los ciudadanos peruanos Guillermo William Godoy Ayerbe, Jack Esmith Sánchez Alegre, Karla Danitza Canales Falconi, Jhan Carlos Tavera Pinchi y Pedro Edilberto Meza Velázquez; los de nacionalidad boliviana José Iván García Choque, Ken Villarroel Palenque (alias “Dientón”), Valerio Soria Higuera, Sonia Pucho Ramos, Edwin Rodríguez, el ciudadano paraguayo Gustavo Alexis Benítez y los argentinos Ezequiel Matías Ortellao, Wilson Darío Rodríguez y Aaron Víctor Soliz.

Según el requerimiento fiscal, la organización operaba en diferentes niveles de jerarquía. Por un lado, a los imputados García Choque, “Dientón” Palenque y Godoy Ayerbe, se les atribuyó la logística, incluyendo el traslado de grandes cargamentos de drogas y el manejo del dinero.

A su vez, de acuerdo a la investigación, el contrabando internacional quedó en manos de los ciudadanos bolivianos Soria Higuera y Pucho Ramos, identificados como los responsables de ingresar la droga al país. El primero actuó como “mula”, transportando en su estómago 60 cápsulas de cocaína desde Bolivia hasta la terminal porteña de Liniers, a bordo de un ómnibus de la empresa “La Preferida”.

En tanto, el almacenamiento se les imputó a los dos acusados de apellido Rodríguez, quienes utilizaban un taller mecánico de la localidad de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, para esconder la droga y realizar modificaciones en los guardabarros de los autos para ocultar el estupefaciente.

Siempre de acuerdo a la acusación fiscal, Sánchez Alegre, Canales Falconi, Tavera Pinchi, Soliz y Benítez operaban en el último eslabón, al encargarse de la distribución de la sustancia en distintos puntos de la CABA y del Gran Buenos Aires, donde se comercializaba al menudeo.

Los delitos imputados

En el requerimiento de elevación a juicio, formulado el 3 de febrero pasado, la fiscalía les atribuye a todos los imputados delitos cuya calificación legal principal es el tráfico de estupefacientes en las modalidades de transporte, almacenamiento, distribución y comercio, agravado por la participación de tres o más personas.

Además, se les imputa el contrabando de estupefacientes (para quienes ingresaron la droga al país), lavado de activos (específicamente a García Choque, Villarroel Palenque y Sánchez Alegre) por convertir el dinero de la venta de droga en moneda extranjera en “cuevas financieras” del microcentro de la Capital Federal.

Salvo a Ortellao, a los otros 13 acusados también le atribuyen la tenencia ilegal de armas de fuego, ya que durante los allanamientos se secuestró una pistola Bersa calibre 9 milímetros con pedido de secuestro y cientos de municiones de diversos calibres.

Mensajes cifrados

La prueba fundamental que sostiene la acusación contra la organización criminal se basa en una combinación de tareas de campo, escuchas telefónicas en tiempo real y los elementos incautados en los allanamientos.

El requerimiento fiscal destaca como evidencia clave las escuchas telefónicas donde se detectó lenguaje cifrado, principalmente en la línea del prófugo Forton Salinas, hilo conductor de la pesquisa. Como ejemplo, se identificó el siguiente mensaje en la aplicación WhatsApp de uno de los celulares secuestrados: “Buenos días primo, ahí llega los blanco” (sic), dijo “Piedrita”, lo que para la fiscalía fue una referencia a la llegada de un cargamento de cocaína.

Además de las instrucciones logísticas detectadas en las conversaciones, donde se hablaba de “entregas”, también salieron a la luz conflictos internos de la organización. En una escucha tras un enfrentamiento armado en el partido bonaerense de General Rodríguez, Forton Salinas se quejaba del robo de mercadería, al afirmar: “Alguien me ha entregado”.

Al mismo tiempo, Gendarmería Nacional realizó seguimientos que permitieron mapear al grupo, con lo cual se pudo documentar repetidamente a García Choque y Villarroel Palenque ingresando a domicilios o “cuevas” financieras con mochilas, y salir con las mismas más livianas —o viceversa—, movimientos típicos del intercambio de droga por dinero.

Como complemento, en el taller mecánico de Villa Celina se secuestraron 30 chapones semicirculares diseñados específicamente para ser adaptados como doble fondo en los guardabarros de los autos para ocultar la droga.

En el marco de esta investigación, se realizaron 20 allanamiento simultáneos el 22 de junio de 2023 en los que al grupo narcocriminal se le se incautaron más de 16 kilos de cocaína y cápsulas, una flota de diez automóviles, más de 43 millones de pesos, 153 mil dólares y sumas menores en euros, reales, pesos uruguayos, chilenos, colombianos y hasta libras esterlinas.

Esos procedimientos aportaron como prueba clave desde cápsulas hasta ladrillos de cocaína con la marca del delfín (un sello común en carteles trasnacionales). Los peritajes químicos luego confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína con una concentración de hasta el 63,88%.

Además, se incautaron 13 balanzas de precisión y manuscritos con listas de nombres, direcciones y montos de dinero, lo cual refuerza la hipótesis de una estructura comercial aceitada. En ese sentido, la investigación probó que el dinero no circulaba por bancos. Los imputados fueron filmados cuando concurrían habitualmente a la “Galería Lavalle” y a un edificio en Lavalle al 400, del microcentro porteño, donde cambiaban pesos por dólares.