La Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, solicitó juicio oral para ocho individuos a cargo de una organización que se dedicaba al transporte y tráfico de estupefacientes. La causa se había iniciado tras el hallazgo en mayo de 2022 de una avioneta abandonada en un campo de la zona rural de Pergamino, la cual había sido utilizada para introducir cargamentos de cocaína. Tras el avance de la investigación, se llevaron adelante una serie de medidas y allanamientos que permitieron desbaratar la red, en marzo de 2023.

Los líderes de la organización serían Alan “Lawers” Ávila (31), un comerciante de criptomonedas que reside en la ciudad de Córdoba, Fernando Chiorazo (46), que vive en un country de la localidad bonaerense de Pilar; y Lucas Morales (29). La fiscalía requirió también que sean enviados a juicio oral Jesse Jiménez Mendoza (31) que se dedicaba a ser remisero y prestamista, de nacionalidad peruano y que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Waldimer Hernández Ordoñez (45), un prestamista y vendedor de muebles de nacionalidad colombiano; Brian Antúnez (28), profesor de baile y remisero; Rodrigo Tristán (35), organizador de eventos; y Pablo Hurtado (60), guía de caza.

A todos se los consideró responsables del tráfico de estupefacientes en las modalidades de siembra, cultivo, producción, distribución y comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas organizadas. De acuerdo con la acusación, Ávila, Chiorazo y Morales estaban a cargo de la adquisición de la materia prima para producir estupefacientes y del cultivo de las plantas de marihuana. Luego, por intermedio de los otros cinco imputados, se concretaba el suministro y distribución de estupefacientes.

A su vez, Jiménez Mendoza proveía de estupefacientes a Hernández Ordoñez, quien distribuía en los últimos eslabones de la cadena de comercialización. Del mismo modo procedía Morales con su pareja, que se encuentra prófuga junto con otras dos personas, que tienen vigente una orden de captura nacional e internacional.

El inicio de la investigación

El 6 de mayo de 2022, una avioneta Cessna sin matrícula (que había sido detectada en maniobras irregulares) fue abandonada en un predio rural del paraje “El Socorro” (partido de Pergamino) tras un aterrizaje forzoso. En su interior, se encontraron hojas de coca, sobres de bicarbonato, chips de teléfono bolivianos y anotaciones, que indicaban la procedencia internacional de la operación. Tras una extensa investigación, que estuvo enmarcada en la operación regional “Rompiendo Alas” de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y que contó con la participación de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, se pudo identificar una ruta aérea desde Bolivia y Perú para introducir estupefacientes en Argentina.

A partir de ese momento, la Unidad Fiscal San Nicolás, encabezada por el fiscal Di Lello, instruyó la investigación junto al fiscal coadyuvante Wenceslao Insúa, con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Tras una serie de medidas de inteligencia, se pudo conectar el hallazgo de la avioneta con una estructura trasnacional y otra local de venta de droga.

Las tareas de campo, seguimientos, intervenciones telefónicas, coordinadas con personal de GNA y el cruce de datos, permitió identificar a los involucrados y determinar las actividades ilícitas que desarrollaban.

Durante el proceso se ordenaron múltiples allanamientos y operativos en Córdoba, en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma, que se concretaron el 16 de marzo de 2023. En ese marco se detuvo a nueve personas y se incautó material de interés para la causa: 7 vehículos, 1.202 pastillas de éxtasis, 397,9 gramos de tusi (cocaína rosa), 519 plantines de marihuana en estado natural, 7 plantas de marihuana con 14 tallos sueltos, 42,5 gramos de cocaína.

Además, en domicilios relacionados con los investigados se secuestraron 13.292 dólares, 12.072.340 pesos, 6 armas de fuego, 7 balanzas de precisión, 3 máquinas de contar dinero, 24 teléfonos celulares, 6 computadoras portátiles, elementos de corte, morteros, pipas, elementos compatibles con “laboratorios” de drogas sintéticas, plantaciones de marihuana, instalaciones de invernaderos de marihuana e instalaciones de secaderos de marihuana.

Los roles

“Los investigados tenían bajo su poder de disposición estupefacientes, dinero, elementos compatibles con el fraccionamiento, pesaje, elaboración y/o comercialización, resultando innegable que se encontraban dentro de los inmuebles que habitaban y donde fueron habidos en la mayoría de los casos, por lo que se entiende acreditado que los investigados conocían la existencia de esas sustancias ilegales en sus viviendas y/o bajo su esfera de control”, sostuvo el fiscal en su requerimiento.

De esta forma, consideró que quedó demostrado que actuaron de modo concertado y en función de un plan o acuerdo previo. “Fueron debidamente detalladas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron detenidos los investigados resultando significativa la cantidad y variedad de estupefacientes secuestrados, el modo en que se encontraban acondicionados, además de las balanzas, pesos argentinos, dólares americanos, moneda extranjera de distintos países, máquinas contadoras de billetes, máquinas para encapsulado de pastillas, anotaciones o ´recetas´ con proporciones de sustancias ilegales y electrodomésticos con restos de estupefacientes, todo lo cual, permite tener por acreditado en su conjunto, que dicho material estaba destinado a ser comercializado, descartando la posibilidad de que esas sustancias prohibidas tuvieran como destino la simple posesión o el consumo personal”, recalcó.

Además del tráfico de estupefacientes, a Chiorazo y Hurtado también le atribuyeron la figura de tenencia de arma de fuego de guerra, y a Jiménez Mendoza la tenencia de arma de fuego de uso civil, sin contar ninguno de ellos con la debida autorización legal.

Dentro del requerimiento, el representante del MPF marcó que se probó que Ávila “mantuvo encuentros con Chiorazo y Morales, y fue detenido en la finca donde se elaboraban pastillas de éxtasis donde se había montado un invernadero y secadero de marihuana”.